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En febrero del 2004, Rocío Pérez Umaña, vecina de Concepción de La Unión (Cartago), firmó un contrato mediante el cual adquirió, a plazos, un lote en el camposanto privado Valle de Paz La Carpintera, en dicho cantón.
Según esta comerciante, a ella le informaron de que, dos meses después de la firma del contrato, podía usar el nicho.
Un año más tarde, en febrero del 2005, Rocío Pérez necesitó de un espacio en el cementerio ante la sorpresiva muerte por infarto de un pariente cercano.
"Como desde abril tenía derecho, yo llamé para ver cómo arreglaba, pero me dijeron que no había entrado ni un tractor. Me dijeron que no podía enterrarlo", relató la afectada.
El camposanto se ubica en un terreno de 45.196 metros cuadrados y ya presenta sus obras terminadas, con unos 6.000 nichos; sin embargo, no funciona.
Carlos Jiménez González, gerente de la empresa, aseguró que el cementerio será inaugurado en este mes de diciembre, luego de que la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) y el Ministerio de Salud le entreguen las autorizaciones correspondientes.
Sin embargo, parece que el otorgamiento de tales permisos no será posible aún.
Un indicio de ello es que, el 25 de noviembre pasado, la resolución número 3.338 de la Setena ordenó la "paralización inmediata de obras constructivas u operativas del proyecto".
Sin diagnóstico. En esa misma disposición se comunica al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de La Unión que "no se deben otorgar los permisos de funcionamiento" mientras esa Secretaría Técnica resuelve si es ambientalmente aceptable el camposanto Valles de Paz.
En marzo del 2005, la Setena pidió, a los representantes de la compañía, la entrega de un estudio de diagnóstico ambiental y le dio un plazo de tres meses para ello.
No obstante, los encargados del cementerio no presentaron el diagnóstico ni solicitaron prórrogas para hacerlo, como informó, a la Setena, la evaluadora Marta Chávez, tras una visita que realizó al cementerio el 28 de octubre.
Por ese incumplimiento, la Setena también ha convocado a Carlos Jiménez (representante del proyecto) y al alcalde de La Unión, Rafael Matamoros, a una audiencia, el 14 de diciembre, para que den explicaciones sobre la omisión de los requisitos pedidos.
Derechos anticipados. Las gestiones del proyecto de cementerio comenzaron en el año 2002.
Según Jiménez, en aquel momento, todos los trámites se realizaron en forma ágil en la Municipalidad de La Unión y ante el Instituto de Vivienda y Urbanismo.
No obstante, según el expediente 1291-2004 de Setena, el proyecto no contaba con viabilidad ambiental cuando iniciaron las obras.
La empresa comenzó a vender y a negociar nichos sin completar el proyecto. Esto creó expectativas y derechos en forma anticipada.
Así, quienes terminaron de pagar los ¢400.000 que costaba cada lote, no tienen todavía sus escrituras y no han podido realizar entierros.
"Eso es problema de los vendedores, quienes, por vender, les dieron otra información a la gente. Tenemos todo listo, pero nos falta el permiso para enterrar", explicó el gerente.
Él atribuye los atrasos en el otorgamiento de los permisos de Setena y del Ministerio de Salud, a "tráfico de influencias" en su contra en algunas instituciones públicas que no mencionó.
Esa posición la comparte el presidente municipal de La Unión, Marvin Cruz.
Cruz solicitó una auditoría municipal para determinar por qué se atrasaron los trámites para la concreción del Valle de Paz.
"El problema es que el proyecto ha sufrido ataques serios de exjerarcas municipales y de ingenieros por razones que desconozco. Carlos Jiménez me pidió ayuda porque el proceso municipal estaba manipulado", aseveró el regidor sin concretar cargos.
El proyecto Camposanto Valle de Paz comenzó a gestarse porque, según Jiménez, autoridades municipales lo buscaron por su experiencia para que desarrollara la obra pues el cementerio público no da abasto.
