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Un médico psiquiatra, un médico de emergencias y un asistente administrativo, funcionarios del Hospital Monseñor Sanabria, fueron detenidos la mañana de este miércoles como sospechosos de operar una red de venta de incapacidades dentro del centro médico.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las detenciones se efectuaron durante siete allanamientos en diversas localidades, incluyendo las viviendas de los sospechosos en San Miguel de Barranca y El Roble de Puntarenas, así como el consultorio privado del psiquiatra ubicado en El Roble y las oficinas del hospital donde laboran. Además, se allanó el Departamento de Tecnología de la Información de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En todos los puntos allanados, las autoridades recopilaron documentos y evidencias relevantes para el caso.
Los tres funcionarios enfrentan acusaciones por los delitos de influencia contra la hacienda pública, tráfico de influencias y concusión, todos relacionados con el incumplimiento de los deberes de la función pública.
Modus operandi
Las investigaciones revelaron que los sospechosos operaban mediante tres modalidades. En algunos casos, los pacientes acudían al consultorio privado del psiquiatra, donde, presuntamente, la esposa del médico les proporcionaba referencias médicas. Luego, eran atendidos en el servicio de emergencias del Hospital Monseñor Sanabria por el médico emergenciólogo, quien emitía una nueva referencia dirigida a psiquiatría. Finalmente, el psiquiatra extendía incapacidades prolongadas, incluso a personas que no pertenecían al área de salud correspondiente.
En otros casos, los pacientes se presentaban directamente al servicio de emergencias del hospital, donde el médico emergenciólogo, supuestamente, les otorgaba referencias físicas para psiquiatría sin ningún registro o fecha adecuada. Según las autoridades, no existe evidencia de que los pacientes fueran atendidos en las áreas médicas requeridas antes de emitir dichas referencias.
Otra modalidad consistía en que los pacientes llegaban directamente al departamento de psiquiatría, donde el asistente administrativo, presuntamente, los asignaba al psiquiatra sin respetar las listas de espera oficiales.
Según la investigación, los empleados cobraban ¢150.000 por una incapacidad de un mes y ¢400.000 por una de tres meses.
Presuntos clientes
El OIJ identificó irregularidades en incapacidades presentadas por al menos 18 empleados del Ministerio de Educación Pública (MEP), además de una persona del Poder Judicial, y trabajadores del Ministerio de Justicia y Paz, del Ministerio de Seguridad Pública y del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Por su parte, la oficina de prensa del Hospital Monseñor Sanabria informó que los allanamientos eran “concordantes con las actividades de control interno que ejerce la administración activa del centro médico, mediante la revisión constante de los procesos de trabajo”. Agregó que, dado que el caso sigue en investigación, no se brindarán más declaraciones.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará las medidas judiciales correspondientes.
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