A casi tres meses de que el huracán Otto golpeó nuestro país, los vecinos de Bagaces, Guanacaste, se levantan en medio de dudas.
El alcalde William Guido, calculó en ¢30.000 millones las pérdidas en ese cantón.
Puentes, viviendas, calles, fincas, acueductos, vehículos, postes del alumbrado público y varios lugares de atracción turística quedaron devastados por el paso de avalanchas procedentes de 270 deslizamientos en Bagaces, donde murieron tres hombres y una mujer.
Una reciente visita de La Nación al sitio dejó ver que las calles en las zonas arrasadas ya fueron rehabilitadas, lo mismo que los puentes que habían dejado incomunicadas varias regiones.
La corriente eléctrica fue restablecida pocos días después en su totalidad y el servicio de agua potable también. Un acueducto que estaba por estrenarse, quedó destruido en un 30% y está a la espera de reparaciones.
A pesar de ello, muchos empresarios grandes y pequeños, así como las personas que perdieron sus casas o estas les fueron declaradas inhabitables, viven con zozobra porque hay muchas incógnitas.
Isidro Bermúdez Barboza, vecino del poblado Unión Ferrer, en el distrito de La Fortuna, es el dueño de una de las casas que quedó inhabitable.
Este padre de cuatro hijos, todos menores, apenas pudo salir con su familia para ponerse a salvo de una avalancha que nadie esperaba, pues una quebrada insignificante (Hornillas) sirvió de avenida para piedras, palos y barro.
Las herramientas de soldadura con las que se ganaba la vida fueron arrasadas junto a su casa, que sucumbió.
Ahora trabaja como taxista informal, con un Hyundai, modelo 1997, que tuvo que reparar porque estaba en la cochera la noche de la tragedia y el agua lo dañó. Afirmó que el negocio del taxi “está malísimo”.
Vive en una casa cuyo alquiler le paga el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) mientras se resuelve si las ruinas de su vivienda serán demolidas y si el lote es declarado inhabitable.
Al igual que él, ocho familias que habitabn cerca del centro turístico Thermomanía están a la espera del informe final de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que definirá las áreas por desalojar.
En Santa Cecilia o Río Blanco de La Fortuna, varias familias que habitaban cerca del río se resisten a dejar sus casas; otras ya fueron desalojadas.
Doribell Cruz tuvo que irse a otro sitio con su nieto, que padece del corazón, y con su esposo, ya que la casa quedó falseada.
Ella paga ¢75.000 de alquiler que por seis meses le brindará el IMAS y que podrían prorrogarle mientras la entidad le busca una casa. Cruz tenía 25 años de vivir cerca del río Blanco, que se desbordó como nunca antes.
Franklin Arias, albañil, de 50 años, que reside con su hijo adolescente, se niega a dejar su casa, a unos 15 metros del río. Solo salió 8 días después del paso de Otto, y estuvo en un albergue.