La captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, uno de los narcotraficantes más buscados del país, pasó de ser motivo de felicitación por parte del gobierno a convertirse en blanco de cuestionamientos de la presidenta, Laura Fernández, y otros miembros de su gabinete.
Casi tres meses después de su detención, este medio dio a conocer la aprehensión de un policía asignado a la vigilancia de reclusos de alto perfil en Máxima Seguridad, entre ellos Diablo y Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, por presuntamente intentar ingresar dispositivos electrónicos a ese módulo de La Reforma.
El oficial detenido y designado por el gobierno es miembro de la Unidad Especial de Apoyo (UEA), adscrita al Ministerio de Seguridad Pública, y es hijo de Eduardo Guzmán López, conocido como Inca, quien fue uno de los principales encargados de la seguridad del expresidente Rodrigo Chaves (2022-2026).
Actualmente, Guzmán López trabaja en la Unidad Especial de Intervención (UEI) del Ministerio de la Presidencia.
Este es un recuento de los últimos meses.
El operativo que llevó a la captura de Diablo
Diablo y Tan quedaron detenidos la mañana del viernes 24 de julio en una finca privada en Río Frío de Sarapiquí, tras un intercambio de disparos con grupos tácticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los objetivos dispararon durante unos 50 minutos con armamento de guerra contra los agentes y el operativo dejó a ocho oficiales heridos.
Para entonces, alias Diablo llevaba una década en fuga y era el criminal más buscado del país. Incluso, en mayo del 2025, el Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de $500.000 por información que llevara a su captura. Alias Tan también figuraba en la lista de los 10 hombres más buscados por el OIJ.
A los grupos criminales que ambos comandaban, según el OIJ, se les atribuyen 300 homicidios: 200 a la estructura de Diablo y 100 a la de alias Tan. Para el director a. i. del OIJ, Michael Soto, las cifras son “muy conservadoras”, por lo que la cantidad de asesinatos atribuibles a sus grupos criminales podría ser mayor.
Cambio radical en el discurso
Tan solo horas después de la captura, la presidenta de la República felicitó a la Policía Judicial por la detención de Diablo.
“Muy contenta, felicito al Organismo de Investigación Judicial, a todos los policías que estuvieron en ese operativo. Estoy sumamente agradecida en nombre del pueblo de Costa Rica. Honor a quien honor merece”, afirmó sin titubeos la mandataria.
“Reitero mi aplauso (...) Realmente lo que se hace bien hay que reconocerlo y agradecerlo”, agregó segundos después.
Ese mismo viernes en la noche, el Ministerio de Justicia anunció las medidas que tomaría para garantizar que Diablo y Tan no tuvieran comunicación con el exterior y mitigar cualquier riesgo de fuga. Entonces se conoció que los sujetos serían recluidos en el módulo de Máxima Seguridad de La Reforma, en Alajuela.
Los supuestos narcos no tendrían acceso a los patios ni a las horas de sol. Además, suspendieron las visitas familiares e íntimas, se limitaron las reuniones con abogados a los locutorios y se anunció la custodia permanente por parte de la Unidad Especial de Intervención (UEI), del Ministerio de la Presidencia, y la Unidad Especial de Apoyo (UEA), a la que pertenece el oficial detenido.
Tres días después de haber dado sus felicitaciones, el 27 de julio, la mandataria Fernández varió radicalmente su discurso y cuestionó el operativo, que incluso llegó a llamar “operación chiripa”. “Hay más preguntas que respuestas”, afirmó.
Fernández puso en duda que alias Diablo saliera escoltado de La Reforma ese mismo día (27 de julio) hacia los Tribunales de Justicia de San José. También sembró cuestionamientos sobre el motivo por el cual Diablo no realizó las diligencias por videollamada.
“¿Dónde está el criminal desde las 7 a. m. hasta la 1:30 p. m.? Seis horas y media. ¿Con quién está hablando?”, secundó el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves.
Posteriormente, se confirmó que Diablo sostenía una reunión con la Administración para el Control de Drogas (DEA), de la cual, en apariencia, nadie en el Poder Ejecutivo tenía conocimiento.
La conferencia de prensa semanal en la Casa Presidencial más próxima tras la captura fue la del 29 de julio. En esta, Fernández y el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, anunciaron la Operación Coraza de Hierro, un operativo “extraordinario” para garantizar que Diablo y Tan “no volvieran a representar una amenaza”.
“Ningún policía penitenciario de la UEI o cualquier policía destacado en Máxima Seguridad debe detener teléfono celular”, le comandó la presidenta al ministro de Justicia.
Con el paso de los días, los cuestionamientos al operativo continuaron e incluso varios diputados oficialistas mantuvieron esa misma línea durante sus intervenciones en el plenario legislativo, al tiempo que funcionarios judiciales defendían su trabajo.
Gobierno designa a hijo de asesor de Chaves en Máxima Seguridad
El oficial detenido, de apellidos Guzmán Charpantier, e hijo de uno de los principales encargados de la seguridad de Rodrigo Chaves Robles durante su periodo presidencial 2022-2026, fue uno de los agentes asignados específicamente para vigilar a presos de alto perfil en Máxima Seguridad.
La noche del miércoles, Guzmán fue interceptado por oficiales penitenciarios en un parqueo interno del centro penitenciario. Al revisarlo, encontraron: cuatro cargadores USB tipo C, un adaptador de carga para cigarrera con seis puertos, un reloj inteligente Huawei sin IMEI visible, una batería portátil, un teléfono celular, un SIM de Kolbi.
El sospechoso ya había superado el casillero donde los custodios deben dejar todas sus pertenencias electrónicas y se presume que estaba al tanto de que no podían llevar dispositivos electrónicos entre sus pertenencias.
Salvo el reloj que llevaba puesto, Guzmán cargaba el resto de accesorios y aparatos en un bolsito pequeño conocido como canguro. Al ser cuestionado, habría alegado que olvidó que llevaba todo a Máxima Seguridad.
Guzmán Charpantier quedó en libertad este viernes con medidas alternas a la prisión preventiva.