En las últimas semanas, cambió diametralmente la vida de Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, señalado como el principal hombre de confianza del presunto narcotraficante Alejandro Arias Monge, alias Diablo.
El hombre de 41 años, considerado el brazo más violento de la organización de Diablo, pasó de grabar videos amenazando a policías a estar encerrado en una celda de 40 metros cuadrados en Máxima Seguridad de La Reforma.
Las autoridades policiales lo catalogan como una persona muy violenta, fichada en un principio por robos menores, pero después sospechoso de sicariato y de ser el presunto cabecilla de varias de las organizaciones de narcotráfico más peligrosas en Matina, Limón. Su ascenso se inició cuando se convirtió en uno de los empleados de Diablo.
Y su descenso llegó cuando cayó el Diablo, en la madrugada del 24 de julio del 2026 en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, en un operativo de la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La semana anterior, a menos de dos meses de su captura, la Unidad de Investigación de Asuntos por Crimen Organizado de la Fiscalía de Limón solicitó, en una audiencia preliminar, el auto de apertura a juicio contra 27 acusados en el Caso Cachí, entre ellos Jonathan Pérez, quien se sentará por primera vez en la silla de los acusados.
Según informó el Ministerio Público, los ilícitos acusados en el expediente 23-000507-1103-PE son narcotráfico, delitos contra la vida e infracción a la ley de armas. El día de la audiencia, Pérez Méndez declinó ser trasladado al Juzgado y delegó su representación en su abogado.
Los hechos que se juzgarán ya tienen una primera condena, dictada en setiembre del 2025 por el Tribunal Penal Juvenil de Limón, que sentenció a seis menores de edad vinculados con la organización.
La mano derecha de Diablo
De acuerdo con el expediente, la organización está liderada por el encartado Alejandro Arias Monge, alias Diablo, así como por uno de sus principales colaboradores, Jonathan Pérez Méndez.
El documento judicial describe a Tan como la persona que “coordina todas las acciones ilícitas que desarrolla el grupo criminal investigado”, incluida “la planificación de delitos contra la integridad física y contra la vida de miembros de grupos criminales contrarios o de personas con las cuales mantienen deudas pendientes con la presente organización criminal”.
En la acusación, se detalla que Tan al parecer se encargaba de girar órdenes para ejecutar materialmente el tráfico nacional de drogas, ordenaba las funciones entre los demás miembros de la organización y controlaba el cumplimiento de los roles que a cada uno les correspondía ejecutar.
Amplia estructura
Por este caso, el 24 de agosto de 2024 se ejecutaron 40 allanamientos que fueron liderados por el grupo a cargo de Henry Meza, actual fiscal adjunto contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial. El expediente identifica a 36 adultos señalados como parte de la organización, entre ellos los presuntos colíderes Jorge Armando Durán Bonilla, alias Cachí, y Eddy Martínez Angulo, así como 11 personas menores de edad, a quienes se les siguió una causa por separado en la jurisdicción de Penal Juvenil.
De acuerdo con el documento, los imputados conformaron una organización criminal con “la finalidad de adquirir, poseer, transportar, almacenar, distribuir, suministrar, preparar y vender drogas de uso no autorizado a nivel nacional, así como la comisión de homicidios mediante la modalidad del sicariato”. Batán, en Matina de Limón, era el principal punto de operaciones de la estructura.
Hechos atribuidos
Según la Fiscalía, la investigación empezó a partir del homicidio de Kendall Antonio Potoy Montano, ocurrido el 23 de julio de 2023 en Batán, y a partir de ahí se sumaron al menos otras ocho causas por homicidios calificados, tentativas de homicidio, robos agravados y narcotráfico, todas atribuidas al mismo grupo criminal.
Potoy Montano, de 18 años, fue ultimado a balazos cuando se desplazaba en una bicicleta en vía pública por barrio Trinidad. Sus homicidas no le dijeron nada, solo lo interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones.
El expediente señala que la organización se dedicaba a la comisión de homicidios mediante la modalidad del sicariato, por disputas existentes por territorios, para acabar con la vida de personas que mantenían deudas con el grupo criminal y para “acaparar más lugares para la comercialización de estupefacientes”.
Entre las pruebas que sustentan la acusación figuran intervenciones telefónicas, donde se habría determinado el uso de lenguaje cifrado por parte de los integrantes del grupo, “con la finalidad de mantener impunes sus actividades y así desviar la atención de la administración de justicia”.
Entre el lenguaje cifrado que detectaron el OIJ y la Fiscalía resaltan palabras como: chiza, hechiza, bicha, AK, quebrar, levantar, una nueve, juguete largo, dar piso, moto, oro blanco, ganado blanco, bendición de lo otro de una raza rica, material, puros, vainilla, helado, culantro, mota, piedra, Z (zeta) de lo verde, monte, cocinar, gramo, cosos verdes, pastillas, un cuarto de ‘high’, un ‘G’, hamburguesas y organeta.
