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El Tribunal de Juicio de Cartago liberó ayer de toda responsabilidad a los ocho oficiales de la Fuerza Pública que fueron acusados de la muerte de Natividad Canda Mairena.
El extranjero falleció la madrugada del 10 de noviembre del 2005 al ser atacado por dos perros rottweilers tras introducirse, sin permiso, en un taller de La Lima, en Cartago.
La Fiscalía y la familia de Canda acusaron a los policías de homicidio simple y omisión de auxilio por no haber disparado a los perros para salvar a la víctima.
En una votación dividida (una de las juezas estuvo a favor de la condenatoria), el tribunal desacreditó los argumentos contenidos en la acusación.
La Fiscalía había enfilado sus baterías sobre los oficiales Erick Sánchez Torres y Asdrúbal Luna Zamora, quienes esa noche ingresaron al plantel en una patrulla. La familia de Canda, por su parte, acusó a otros seis policías que llegaron al taller.
Razonamiento. El tribunal encontró aventurado afirmar que Sánchez y Luna no hicieron nada para evitar el ataque.
“Se les reprocha que no hicieron nada, que no actuaron con prontitud y que no dispararon. Sin embargo, existieron muchos factores que pudieron haber afectado la acción de disparo.
“Hablamos de una noche oscura y perros muy agresivos que se movían de un lado para otro. El chorro de agua (con el que los bomberos procuraban alejar a los perros) además les quitaba visibilidad.
“Los oficiales enfrentaban una situación en la que tenían que medir si el disparo era la opción más conveniente”, detalló la jueza Rosa María Acón.
Riesgo. Para llegar a esa conclusión, las juristas se apoyaron en la versión que rindieron peritos veterinarios, quienes advirtieron que un animal herido podía tornarse más peligroso.
“Un disparo que no es certero podía provocar la furia de los canes y empeorar la situación. Podría ser contraproducente porque el dolor hace que los perros reaccionen con más agresividad”, puntualizó Acón.
Las juezas también absolvieron al dueño del taller, Fernando Zúñiga Mora, y al vigilante privado que esa noche resguardaba la propiedad, Luis Guillermo Hernández Quesada.
También quedó sin efecto la solicitud de indemnización planteada en contra del Estado.
Voto dividido. Una de las juezas –Sonia Sandí– pidió para los policías tres años de cárcel por homicidio culposo y que el Estado indemnizara a la madre de Canda con ¢10 millones.
“Ante la inminencia de la pérdida de una vida humana, cualquier opción era válida. Lo lógico era que se usaran armas. Para la suscrita, sí hubo omisión culposa por parte de la Policía”, dijo.
Las otras dos juezas se inclinaron por la absolutoria y de ahí que al final del debate se impuso el criterio de la mayoría.
Según ellas, Canda asumió un riesgo al ingresar sin permiso a una propiedad privada, “donde hay medios defensivos lícitos”. “Eso lo hace responsable de asumir ese riesgo”, concluyó Acón.
Los policías celebraron el fallo. “Salió (el juicio) como queríamos que saliera. Este resultado ha sido para nosotros muy bueno”, indicó Ángel Robles.
