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Un reo que disfrutaba de beneficio carcelario figura como el sospechoso de haber dado muerte a su novia, a la que supuestamente disparó cuando estaban “jugando” con un arma, la mañana del domingo, en la casa de una amiga.
La mujer, de 27 años, falleció dos días después en el Hospital Calderón Guardia, víctima de dos disparos en la cabeza.
Fue identificada como María Alejandra Vargas Segura, quien vivía en Granadilla de Curridabat y era madre de un menor.
Los hechos se registraron en una casa en Concepción de La Unión, Cartago, donde ella y el sospechoso, de apellidos Sánchez Jiménez, se quedaron la noche del sábado.
“En apariencia, la víctima, quien era novia del imputado, había pasado todo el fin de semana con el sospechoso, en ese lugar. Se cree que Sánchez se encontraba bajo los efectos de alcohol y drogas cuando, en apariencia, disparó en contra de la ofendida”, explicó la Fiscalía.
Según la versión que recogieron las autoridades inicialmente, la pareja “jugaba” con un arma, la cual no ha sido localizada.
Luego de los hechos, el sospechoso, de 40 años, se dio a la fuga. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logró dar con él la tarde del martes, en Gúacimo de Limón.
Sánchez fue puesto a las órdenes de la Fiscalía de La Unión, que le abrió causa por homicidio y solicitó medidas en su contra.
El Juzgado Penal de La Unión dictó seis meses de prisión preventiva y revocó el beneficio carcelario del que disfrutada.
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Faltaban seis años de condena
Este hombre había sido condenado a 21 años de prisión al unificársele varios delitos de robo agravado y estuvo preso en el centro penitenciario Carlos Luis Fallas, ubicado en La Leticia de Pococí, Limón.
Desde prisión, junto con otros reos, presentó recursos ante la Sala Constitucional para alegar maltratos, como que les negaban la hora de sol. Los hechos que no fueron probados.
Hace ocho meses se le otorgó la libertad condicional, por lo que debía presentarse a firmar el tercer miércoles de cada mes de manera continua hasta el 3 de mayo del 2025, cuando terminaba de purgar su castigo.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, desde que se le concedió el beneficio había cumplido regularmente con las presentaciones a firmar.
Recientemente había pedido un traslado domiciliar y laboral para trasladarse de Guácimo a Moravia, pero estaba en trámite y no había sido aprobado por la Sección de Trabajo Social.
Ahora Sánchez, quien es padre de cuatro menores, afrontará nuevamente la justicia pero por homicidio, que se castiga con penas de ocho a quince años.
El OIJ sigue con las pesquisas, así como la búsqueda del arma usada en el suceso.
La víctima, entretanto, tenía antecedentes por ingreso de droga a centros penales.
