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Dos altos personeros de la cooperativa Coopezalea fueron detenidos, la mañana de este martes, como sospechosos de conformar una organización criminal para estafar con créditos ficticios a empleados públicos e inversionistas.
Se trata de dos hombres de apellidos Ovares y Fernández, quienes ocupaban cargos en las gerencias general y financiera de la cooperativa. A ambos se les investiga por los delitos de estafa mayor y legitimación de capitales.
Ovares y Fernández fueron capturados durante diez allanamientos realizados por la Fiscalía Adjunta de Fraudes en casas, oficinas y locales comerciales situados en San José, Alajuela y Heredia.
Según la investigación, ambos sujetos habrían suscrito contratos de fideicomiso con empresas inversionistas con el propósito de captar recursos y destinarlos a créditos para funcionarios públicos.
Luego, de acuerdo con la pesquisa, conformaron una organización criminal con el fin de crear préstamos ficticios a nombre de trabajadores del Estado, engañando tanto a estos como a los inversionistas.
El Ministerio Público recibió 366 denuncias por parte de funcionarios afectados y dos firmas inversionistas. Inicialmente, se estima que el perjuicio económico supera los ¢3.300 millones.
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¿Cómo operaba?
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó que la estructura criminal operaba desde la cooperativa A (nombre ficticio utilizado por las autoridades) desde el 2014.
Según los hallazgos, esta cooperativa sirvió como plataforma para una serie de estafas, financiadas a través de fideicomisos de dos empresas de capital colombiano, canalizados por una entidad bancaria que fungió como fideicomitente.
Durante el periodo investigado, se realizaron considerables giros a la mencionada cooperativa, presentados como si fueran préstamos destinados a empleados públicos. Para el 2020, se estima que se movieron alrededor de $7 millones bajo esta fachada.
La trama se complicó más cuando el banco fideicomitente optó por rematar la cartera de clientes, la cual fue adquirida por otra cooperativa costarricense, a la que la Policía Judicial denominó cooperativa B.
Tras la adquisición, la nueva cooperativa procedió a iniciar los cobros correspondientes por los supuestos préstamos otorgados a los empleados públicos. Sin embargo, muchos de estos individuos negaron haber adquirido tales préstamos, desencadenando así una investigación exhaustiva para determinar el alcance del fraude perpetrado por la cooperativa A.
Si bien se reportó que la cooperativa B devolvió parte del dinero a las personas afectadas, según la investigación, otras 317 personas se vieron perjudicadas por este esquema fraudulento.
La pesquisa también reveló la creación de la cooperativa C y la cooperativa D, aparentemente destinadas a canalizar parte de los fondos defraudados antes de que la cooperativa A cesara sus operaciones.
Además, se encontró evidencia que sugiere la participación de familiares de los líderes de la banda en las juntas directivas de las cooperativas implicadas.
