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La tarde de este viernes 2 de mayo la Fiscalía pidió altas penas de prisión para cuatro oficiales de la Policía de Tránsito, de apellidos Bravo Quesada, López Quesada, Ulate Vásquez y Salas Gutiérrez, acusados de presunta participación en un banda dedicada al narcotráfico y vinculada con Alejandro Arias Monge, alias Diablo, uno de los principales narcotraficantes del Caribe.
El fiscal Héctor Bodán pidió 63 años de cárcel contra Bravo Quesada, quien fungía como jefe regional de la Policía de Tránsito en La Fortuna de San Carlos. Asimismo, pidió 50 años y 3 meses para Salas Gutiérrez, 36 años para López Quesada, y 12 años para Ulate Vásquez.
El juicio contra los cuatro oficiales de Tránsito comenzó el pasado 7 de enero. Según la acusación, los oficiales presuntamente suministraban a la organización criminal armas, vehículos y placas decomisadas que se encontraban en las instalaciones policiales.
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Además, de acuerdo con la Fiscalía, los funcionarios, entre ellos el jefe regional de la Policía de Tránsito (Bravo Quesada), mantenían informada a la banda sobre los operativos en carretera y, aparentemente, utilizaban patrullas para transportar droga sin levantar sospechas.
La acusación también afirma que algunos de los detenidos, con la ayuda de los tráficos, se encargaban de enviar dinero de la banda criminal hacia Nicaragua, lugar de origen del líder de la organización, de apellidos Martínez Rodríguez, quien además de ser conocido como El Nica, tiene el alias de Eddy.
Precisamente, Martínez Rodríguez era quien mantenía una relación directa con alias Diablo, quien aparentemente utilizaba la banda para expandir su control en un corredor de la zona norte, desde Pococí hasta San Carlos y Guanacaste.
En total son diez personas las que enfrentan el juicio en los Tribunales de San Carlos. Además de los cuatro oficiales citados, también fueron acusados seis particulares de apellidos Zambrana, Arce, Matamoros, Artavia, Porras y Rodríguez.
A ellos el Ministerio Público los acusa de varios delitos, entre ellos, tráfico nacional de drogas, homicidio calificado, peculado, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, posesión, transporte y comercialización de armas.
La agrupación criminal fue desarticulada el 21 de diciembre del 2023 luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizara varios allanamientos simultáneos en La Fortuna de San Carlos y otros sitios cercanos.
Este viernes, la Fiscalía finalizó la etapa de conclusiones y solicitó las penas para los imputados. El debate contó con 54 testigos. La acusación contra los cuatro oficiales de Tránsito se dividió de la siguiente manera:
- Contra Bravo Quesada: 18 años por infracción a la Ley de Psicotrópicos, 25 años por homicidio, 3 años por asociación ilícita, 5 años por comercialización de armas, 7 años por peculado, 5 años por dos delitos de falsedad ideológica. Total: 63 años.
- Contra López Quesada: 16 años por infracción a la Ley de Psicotrópicos, 3 años por asociación ilícita, 5 años por comercialización de armas, 7 años por peculado, 5 años por dos delitos de falsedad ideológica. Total: 36 años.
- Contra Ulate Vásquez: 8 años por infracción a la Ley de Psicotrópicos, 3 años por asociación ilícita, un año por peculado de abuso. Total: 12 años.
- Contra Salas Gutiérrez: 16 años por infracción a la Ley de Psicotrópicos, 25 años por homicidio, 3 años por asociación ilícita, 5 años por dos delitos de falsedad ideológica, un año por peculado de abuso, tres meses por peculado de uso. Total: 50 años y tres meses.
Además, la Fiscalía pidió al Tribunal inhabilitar a los cuatro oficiales del ejercicio de cargos públicos durante 10 años.
En el caso de los particulares acusados, las autoridades solicitaron 63 años para Zambrana, 49 años para Matamoros, 48 años para Artavia, 21 años para Arce, 17 años para Porras y 17 años para Rodríguez.
Otras seis personas detenidas en esta banda, entre ellas dos mujeres de apellidos Ruiz Delgadillo y Chiroldes Vargas, aceptaron los cargos y se acogieron a un procedimiento especial abreviado, con el fin de obtener una pena menor a la que enfrentarían en un proceso judicial completo.
Además de las dos mujeres, la Fiscalía informó que se acogieron a ese beneficio los detenidos apellidados Badilla Elizondo, Sancho Méndez, Salas Marín y Carvajal Molina.
El debate continuará el lunes 5 de mayo con las conclusiones de la defensa.
