Con 80 muertes, julio es el segundo mes más violento en lo que va del año

Una de las características del presente mes es que hay ocho escenas de homicidios dobles en Alajuelita, Jaris de Mora y barrio Limoncito de Limón. En este último lugar falleció una joven de 16 años que jugaba a las cartas con allegados y se convirtió en víctima colateral de una balacera. Los otros crímenes dobles fueron en Guápiles, Desamparados, Río Blanco de Limón, Los Chiles y Abangares, así como un caso triple, el 10 de julio, en un búnker en San Juan Grande de Esparza.

San José, que desde el año pasado volvió a ser la provincia con más casos, sigue con esa tendencia, pues solo este mes tiene 22 asesinatos, es decir, aproximadamente cada 30 horas matan a alguien.

Según el OIJ, de los 512 homicidios ocurridos en todo el territorio hasta hoy, casi el 60% son ajustes de cuentas y el 10% obedecen a riñas; el 30% restante ocurre por asaltos, femicidios, bajonazos, balas perdidas o por la acción de la Policía repeliendo el crimen, principalmente.

Al cerrar siete meses, Limón registra 108 homicidios, 16 menos que en igual periodo del 2013 (124); sin embargo, Puntarenas lleva 20 más (100) y San José 13 más (132). Para tener una idea del incremento en homicidios, hace una década, en el 2014, el país cerró el año con 477 casos, mientras que ahora en cuestión de siete meses se superan los 500 y el año pasado cerró con 907.

Los refuerzos policiales en Limón han permitido contener y bajar las cifras de muertes, pero la tasa de criminalidad que se mide en cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, sigue siendo la más alta del país, pues el año pasado fue de 45 y este año sigue por encima de 34. La tasa general del país ronda los 17.

Según Rodrigo Campos, director de Ciencias Criminológicas en la Universidad Nacional Estatal a Distancia, los esfuerzos por contener la delincuencia en Limón han hecho que esta se traslade a otras regiones. Atribuye al narcotráfico la mayoría de los casos y estima que se están aplicando soluciones parciales y eso genera resultados parciales. Estima que falta una solución integral y trabajar con más fuerza la prevención y tratamiento en el consumo de drogas.

Rodrigo Campos dice que la droga sigue ingresando al país por comunidades como La Cruz, Golfito, Uvita, Puerto Jiménez y otros puntos de la línea costera del Pacífico, donde la gente sabe que en las noches pasan embarcaciones con estupefacientes.

“Tenemos un país donde se cuida que no se exporte droga hacia Europa, pero no se cuida el ingreso al territorio”, indicó. El hecho de que el costo de las drogas se mantenga igual revela que el producto no escasea y hay suficiente oferta, es decir, el ingreso sigue robusto.

Por otro lado, agregó que las personas con adicciones siguen generando al narco unos ingresos que cualquier empresa desearía. Un búnker vende al menos ¢1 millón al día. Ante esos números, la disputa de mercados es agresiva y cada grupo busca aumentar sus operaciones; es ahí donde surgen las muertes por enfrentamientos entre grupos que en muchas ocasiones impactan al resto de la población con la muerte de terceros que no tienen nada que ver con el negocio ilegal.

A veces las mismas organizaciones pasan información a la Policía sobre grupos contrarios para inducir a que se realicen allanamientos y así quitar rivales. Eso es visto como una deslealtad en el ámbito del narco, lo mismo que los tumbonazos o robos de droga entre bandas, y suelen cobrarse mediante homicidios con torturas, como por ejemplo cuerpos quemados, mutilados o muertos a golpes, como el descubierto en Abangares este lunes, cuando las autoridades encontraron el cadáver de un joven de 26 años, de apellido Durán, que estaba amordazado y maniatado.

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Campos sostiene que el país está en deuda en materia de controles para registrar los capitales emergentes, lo que propicia un mercado informal boyante que absorbe fácilmente las ganancias del narcotráfico y permite disimularlas, como ocurre con la mayoría de ventas de juegos de azar clandestinos y con los créditos gota a gota.

Desde febrero pasado, cuando hubo 88 homicidios, sumado a la concreción de más homicidios múltiples y una escalada de violencia en las calles, el OIJ vislumbró la posibilidad de que el presente año culmine con más de 900 asesinatos, al igual que el 2023.

En aquella época, Randall Zúñiga, director del OIJ, expresó que dicho escenario se asemeja más a la realidad de otros países, aunque no especificó cuáles, pero advirtió de que es una posibilidad si no se toman medidas de manera inmediata. Insistió en la necesidad de invertir más en seguridad y aumentar las planillas en los diferentes cuerpos policiales.

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