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Entre sus varios métodos de operar, una banda criminal tenía uno bastante particular. Según las autoridades, este grupo alquilaba locales comerciales con el único objetivo de luego hacerle boquetes en las paredes y así robar ‘tranquilos’ la mercadería de los negocios contiguos.
Este grupo tiene, al menos, dos años de operar, tiempo en el que robaron ¢625 millones en 33 comercios, principalmente, josefinos. No obstante, hay certeza de que operaron también en Puntarenas.
Para frenar esta gran actividad ilícita, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó 23 allanamientos la mañana de este martes en distintos puntos del país. Esa acción policial permitió la detención de 19 personas, entre las cuales figuran los dos líderes, así como cinco policías de la Fuerza Pública.
Sobre los cabecillas se conoce que son de apellidos Mora Abarca y Lamuge Pérez, mientras que los oficiales son de apellidos Rivas, Vilden, Vega, Delgado y Beita.
Los tres primeros laboran en la delegación de El Roble de Puntarenas, Delgado trabaja en San Rafael de Esparza, también en Puntarenas, mientras que Beita pertenece a la delegación de El Carmen, en San José, informó el Ministerio de Seguridad, al tiempo en el que indicó que tienen entre trece y nueve años de ejercer.
A los primeros cuatro, al parecer, se les achaca la colaboración en el robo de un cajero automático en El Roble de Puntarenas, mientras que al quinto se le atribuye colaborar en el robo de un negocio dedicado a la venta de teléfonos, así como al asalto de una joyería.
La identidad del resto de detenidos no ha trascendido.
Entre lo decomisado tienen tres carros, un camión que usaban para movilizar la mercancía robada, armas de fuego, un artículo para clonar tarjetas y productos de belleza.
Al oficial, de apellido Beita, le incautaron varias camisas con el logotipo de la Policía Judicial.
¿Cómo funcionaban?
Sobre la organización interna del grupo, el OIJ indicó que las órdenes las giraban Mora Abarca y Lamuge Pérez; sin embargo no precisó cómo se distribuían los demás.
“Ellos eran los coordinadores del grupo, ellos definían los roles de cada miembro y determinaban también el modo de ingreso a los locales”, apuntó Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial.
Esta estructura permitió que, desde el 2018, hicieran 33 asaltos a locales comerciales, con un perjuicio económico de los ¢625 millones antes citados y además $18.000.
Según explicó la Policía Judicial, esta banda tenía tres modos de operar. Cuando detectaban un negocio comercial vulnerable o con mercadería con importante valor económico, buscaban la posibilidad de alquilar un local colindante.
Una vez que lo conseguían, transcurría un tiempo no dado a conocer públicamente y hacían un boquete en la pared, lo cual les permitiría tener un acceso de bajo perfil al comercio contiguo.
Cuando todo estaba listo, ingresaban por la apertura hecha, sustraían la mercancía, huían y no volvían al comercio alquilado.
Este método fue el que usaron, precisamente, para poder robar una joyería en un centro comercial de Curridabat, informó el OIJ.
Otro de los modos de operar era que los malhechores llegaban en la noche hasta el local, cortaban los candados y levantaban la cortina de hierro que usualmente utilizan los negocios cuando están cerrados al público.
Unos ingresaban al comercio, mientras que otros delincuentes que estaban afuera cerraban la cortina y ponían otros candados que ellos llevaban para evitar llamar la atención de terceros.
En paralelo, quienes habían ingresado, se encargaban de alistar toda la mercadería, al tiempo que quienes se quedaron en vía pública acercaban un camión, al cual meterían todos los artículos robados.
El tercero de los métodos usados era ingresar por los techos de los comercios.
Según mencionó la Policía Judicial, esta banda dejaba las tiendas “completamente vacías” y no tenía preferencia por algún tipo de mercadería. Entre las denuncias, hay comercios afectados que vendían ropa, electrodomésticos, motocicletas, productos de belleza, joyas, entre otros.
Sin embargo, sus acciones delictivas iban más allá y también robaban cajeros automáticos, como fue el caso de El Roble y por el cual están señalados cuatro de los cinco policías detenidos.
