EscucharCiudad Quesada. La seguidilla de asaltos que se dio entre mayo y diciembre del año pasado en San Carlos, Alajuela, reveló grandes deficiencias en materia de seguridad.
A esa conclusión llegaron la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras analizar el modo como fueron perpetrados la mayoría de atracos en ese periodo, los cuales dejaron un perjuicio económico cercano a ¢290 millones.
Francisco Morales, jefe regional de la Fuerza Pública, dijo al explicar lo sucedido: “Detectamos que algunas empresas, como cooperativas, que prestan y captan dinero de ahorrantes no tenían guardas de seguridad, los controles eran mínimos e insuficientes. Ni siquiera se verificaba si la persona que estaba por ingresar a las oficinas portaba algún tipo de arma”.
Citó el caso de una empresa que contrató personal de seguridad y aplicó medidas de apoyo después de sufrir el cuarto robo.
Asimismo, señaló que en algunos casos los entes financieros tenían el sistema de cámaras de vigilancia dañado.
El jefe policial contó , además, que almacenes, gasolineras y tiendas acostumbraban mantener altas sumas de dinero en efectivo en cajas registradoras y para hacer el depósito en un banco enviaban a un empleado a pie.
También se confirmó que ciertos atracos a casas fueron cometidos porque las viviendas quedaban con las puertas y las ventanas abiertas.
Reacción. José Bravo, jefe regional del OIJ, y Francisco Morales dijeron, por separado, que la serie de asaltos en San Carlos comenzó a perder fuerza cuando las policías emprendieron un plan operacional conjunto.
Como ejemplo, expusieron que mientras en agosto se denunciaron ocho robos, en diciembre únicamente hubo dos.
Ambos jefes destacaron que para llegar a esas cifras se aplicaron varias medidas.
Por un lado, la Fuerza Pública se reforzó con 40 hombres, siete vehículos y una comisaría móvil. Mientras tanto, el OIJ cambió los roles de trabajo y creó una unidad dedicada exclusivamente a la investigación de tales delitos.
José Bravo sostuvo que en este caso fue determinante la unión del OIJ, la Fuerza Pública y la Fiscalía, pues estaban trabajando por separado.
“Nos reunimos para hacer análisis criminal. Sacamos conclusiones y tomamos decisiones. Logramos encarcelar a cinco líderes de las bandas y estamos tras otros sujetos”, dijo Bravo.
