Carlos Arguedas C.. 31 octubre, 2012
 El abogado Cristian Arguedas felicitó a Tomás Batalla Esquivel luego de escuchar la sentencia en la sede los Tribunales de Alajuela. Los acompañan Luz Navarro, esposa del ganadero, y Enrique Batalla Navarro. | LUIS NAVARRO
El abogado Cristian Arguedas felicitó a Tomás Batalla Esquivel luego de escuchar la sentencia en la sede los Tribunales de Alajuela. Los acompañan Luz Navarro, esposa del ganadero, y Enrique Batalla Navarro. | LUIS NAVARRO

El Tribunal de Juicio de Alajuela absolvió ayer al ganadero Tomás Batalla Esquivel, de 89 años de edad, de los delitos de administración fraudulenta que le habían atribuido dos de sus hijos.

En la sentencia, dictada por los jueces Hanny Sbravatti Maroto, Miguel Fernández Calvo y Alex Víquez Jiménez, más bien condenaron a los acusadores a pagar ¢22 millones por las costas procesales a favor de su padre.

Con este fallo finaliza una disputa familiar que tiene su origen en el 2005 y que se relaciona con la administración de varias propiedades ubicadas en las provincias de Alajuela y Guanacaste, con un valor que supera los $30 millones.

Tras escuchar la sentencia, los demandantes Michelle y Tomás Batalla Navarro no quisieron referirse a lo resuelto por los jueces. Tampoco habló el abogado Carlos Alberto Ramírez, quien dijo que tenía impedimento legal para referirse al caso.

Hechos. Según la acusación del Ministerio Público, presentada el 2 de marzo del 2009 por la fiscala Edith Morera Rodríguez, Tomás Batalla, durante el año 2005 distribuyó los bienes entre sus tres hijos, pero se dejó el usufructo.

La fincas estaban inscritas a nombre de cinco sociedades.

Posteriormente, en el año 2008, según la acusación fiscal, Tomás Batalla, en conjunto con su hijo Enrique (quien también figuró como acusado), lograron trasladar las fincas inscritas a nombre de cinco sociedades (en las que tenía participación toda la familia) a otras sociedades en que solamente figuraban Tomás y Enrique Batalla.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos representaron un perjuicio económico para Michelle y Tomás Batalla por una suma de ¢463 millones.

Para la Fiscalía, esto configura el delito de administración fraudulenta, que es castigado en el artículo 232 del Código Penal con prisión de seis meses a 10 años.

Michelle y Tomás Batalla también presentaron una querella en que consideraron que el daño económico fue de $30 millones y, además, atribuyeron a Enrique Batalla el delito de fraude de simulación (del cual resultó absuelto), pues, supuestamente, manipulaba a su padre para dejarse los bienes.

Los miembros del Tribunal de Juicio de Alajuela dijeron que durante el debate no se demostró que los imputados cometieran los delitos que se les atribuyeron.

El juez Miguel Fernández explicó que los elementos probatorios aportados en el juicio no fueron suficientes para determinar que las cosas ocurrieron como lo atribuyeron la Fiscalía y los querellantes.

Fernández admitió que se trata de un problema familiar, en que incluso se constató una gran confusión en el manejo de las sociedades pues hay “cantidad de actas que se duplican con fechas y meses distintos y había un manejo extraño de las sociedades”.

Los jueces, además de absolver a los imputados, ordenaron levantar todos los embargos que se habían impuesto a las propiedades.

Cristian Arguedas Arguedas, abogado del Tomás Batalla, se mostró satisfecho por el fallo.

“Es un juicio donde la justicia moral se une a la justicia legal, porque no puede ser posible que dos hijos, por querer adelantarse a una herencia, traten de mandar a prisión y confinamiento a su padre, que durante toda la vida les dio absolutamente todo”, concluyó.