Escuchar
Seis miembros de una familia sospechosa de integrar una organización criminal dedicada al lavado de dinero cumplirán seis meses de prisión preventiva, mientras avanza la investigación en su contra, conocida como Caso Tómbola.
Así lo resolvió este domingo a las 2 p. m. el Juzgado Penal, a solicitud de la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial.
Los imputados responden a los apellidos Mora Acuña (dos personas), Acuña Morena (otras dos personas) y Durán Cubero (dos personas más), todos familiares entre sí.
A ellos se les vincula con una estructura que, según las pesquisas, tejió una red de hasta 200 puntos de venta de lotería —legales y clandestinos— en la zona norte del país, con lo que consolidó una millonaria operación para lavar dinero procedente, en apariencia, del narcotráfico.
Por su parte, otros dos imputados, de apellidos López Castro (contadora) y Salas Barboza (informático), deberán cumplir medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
La investigación fue iniciada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en 2021, luego de recibir informes confidenciales sobre un inusual y acelerado incremento patrimonial de los sospechosos.
Según indicó la semana pasada Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, la organización tenía su centro de operaciones en localidades como Guatuso, San Carlos, Ciudad Quesada, Fortuna y Los Chiles.
LEA MÁS: Caja fuerte del Caso Tómbola escondía cientos de millones de colones
Durante las diligencias realizadas el pasado jueves, las autoridades decomisaron ¢362 millones y $32.468 (equivalentes a ¢16,1 millones), dinero que presuntamente proviene de la comercialización de lotería. Los allanamientos incluyeron 24 inmuebles ubicados en San José, Cartago, Alajuela y Guanacaste.
En uno de los puntos allanados el jueves pasado, dos hombres murieron tras enfrentarse a balazos con agentes judiciales en uno de los allanamientos realizados en Guatuso.
De acuerdo con las autoridades, el líder de la red sería un hombre de apellidos Mora Durán, de 45 años. A través de la venta de lotería, tanto formal como clandestina, la organización habría logrado inyectar importantes sumas de dinero al sistema financiero nacional.
Para legitimar sus ingresos, el grupo diversificó sus operaciones en aparentes negocios legales, como ventas de vehículos de alta gama, una licorera con facturación millonaria, una librería, propiedades, maquinaria agrícola y una empresa constructora.
Según la Fiscalía, entre 2015 (aproximadamente) y 2023, esta estructura familiar habría utilizado recursos financieros de origen ilícito para adquirir bienes muebles e inmuebles, tanto a nombre propio como de terceras personas.
Además, realizaban donaciones como aparente estrategia para ocultar el verdadero origen de los bienes.
Entre los 18 sospechosos figuran también tres funcionarios bancarios y un empleado de la Junta de Protección Social, quienes son parte de las pesquisas por su presunto papel en facilitar las operaciones del grupo. El expediente judicial se tramita bajo la causa 21-000103-1322-PE y la investigación continúa en desarrollo.
