El Tribunal Penal de Quepos denegó este jueves una solicitud de comparecencia virtual de Harry Bodaan, acusado por el homicidio de la doctora María Luisa Cedeño, ocurrido en julio del 2020, mientras vacacionaba en el Hotel La Mansion Inn, propiedad del señalado.
Bodaan, hoy de 74 años, pretendía ratificar una actualización de domicilio desde el extranjero, pero el juez Dany Jadiel Quesada Monge denegó esa posibilidad, según consta en una resolución dictada este mismo jueves.
Lo anterior porque, desde octubre del 2024, ese mismo tribunal declaró en rebeldía a Bodaan y emitió una orden de captura en contra, por no estar en la casa que aparecía a su nombre en las bases de datos del Poder Judicial. Le pidió, además, mantener un domicilio en el país, pues en ese momento residía en Estados Unidos.
El empresario debe someterse a un segundo juicio donde se resuelva su posible participación en el crimen, pues el primer debate fue anulado y se ordenó un nuevo contradictorio.
El acusado propuso recientemente el uso de la plataforma MS Teams o comparecer ante el Consulado de Costa Rica en La Haya, Países Bajos. Pero el juzgador determinó que el uso de herramientas tecnológicas no puede neutralizar los efectos de una orden de detención válida.
“Acceder a lo solicitado supondría en primera instancia otorgar un tratamiento procesal privilegiado incompatible con el principio de igualdad ante la ley al imputado, que pretende con este movimiento determinar de la forma más conveniente sus obligaciones procesales”, dice el fallo.
La resolución le recordó que “la única vía jurídicamente idónea para ejercer plenamente sus derechos procesales consiste en su sometimiento efectivo e inmediato a la jurisdicción costarricense”.
La resolución judicial aclara que la actualización de domicilio es una carga procesal accesoria frente al deber esencial de someterse a la justicia.
La orden de captura mantiene plena vigencia hasta que se materialice la presencia física de Bodaan ante la autoridad competente.
“No es jurídicamente admisible que quien se encuentra sustraído de la acción de la justicia condicione su sometimiento a modalidades procesales acomodadas a su conveniencia personal”, señaló el juez.
Alfonso Ruiz, exabogado de la familia de la víctima, calificó de “absurda e improcedente” la petición de Bodaan.
“Es una petición que ningún tribunal de este país podría validar. No se le puede conceder a una persona que se encuentra en rebeldía, contra la cual se ha girado una orden de captura, un privilegio desmedido de permitirle simplemente actualizar su domicilio desde la comodidad de su residencia nueva; en donde se encuentra, además, en fuga”, dijo Ruiz.
El abogado aplaudió la decisión del juez: “Hace muy bien el tribunal en ser contundente y en establecerle claramente al imputado que el lugar para registrar su domicilio es acá en Costa Rica”.
“Muy sencillo llamarse inocente desde allá, a tantísimos kilómetros de distancia, y no dar la cara ante las autoridades judiciales costarricenses”, finalizó.
Resumen del caso
Bodaan era dueño de La Mansion Inn, hotel ubicado en Manuel Antonio, Quepos, donde fue asesinada la anestesióloga del hospital CIMA en julio del 2020, mientras estaba de vacaciones.
En un primer debate, en abril del 2023, el empresario fue declarado absuelto, junto al administrador Luis Carlos Miranda Izquierdo. Inicialmente, el Tribunal Penal de Goicoechea absolvió por duda a ambos sospechosos, por considerar que las muestras dentales tomadas a los imputados no habían sido recabadas de forma lícita.
En tanto, un tercer acusado, Teodoro Herrera, bailarín y exempleado del hotel, fue condenado a 50 años de prisión: 18 años por una violación calificada y 32 años por homicidio calificado.
Esa sentencia fue anulada el 25 de octubre del 2023 por el Tribunal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada, que ordenó un nuevo juicio contra Bodaan y Miranda, por cuanto se determinó que las pruebas sí habían sido recabadas de forma legal y que debían ser contrastadas con las pericias forenses que constan en el expediente.
También se ordenó una revisión de la condena contra Herrera, quien habría cometido tres violaciones en lugar de una. En marzo del 2025, Herrera fue condenado a 89 años de prisión, readecuados a 50 por disposición de ley.
En junio del 2024, la Sala Tercera ratificó de forma definitiva la sentencia de Apelación, por lo que se realizará un segundo juicio con una fecha aún sin confirmar.