El juicio del Caso Fénix, en el que se debate la causa por lavado de dinero y narcotráfico más grande en la historia de Costa Rica entró en la recta final. El Ministerio Público ya solicitó penas de prisión que van desde los diez a los 20 años de cárcel para los acusados de utilizar una hacienda ganadera, una venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes para legitimar dinero del narco.
La pesquisa empezó en 2019, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) recibió una alerta sobre actividades financieras sospechosas en Pérez Zeledón. En febrero del 2022, las autoridades ejecutaron 35 allanamientos que resultaron en la incautación de más de ¢5.155 millones en efectivo, ganado, caballos finos, vehículos de lujo y propiedades inmobiliarias.
El cabecilla del grupo fue identificado desde aquella época como José Giovanni Segura Angulo, alias Narizón, quien fue detenido dos meses después, el 12 de abril en Chiriquí, Panamá, país en el que intentó evadir la justicia.
La pena más alta solicitada por la Fiscalía fue contra él, pues se pidieron 20 años de prisión como líder del grupo que utilizaba empresas y propiedades en Pérez Zeledón para blanquear capitales. Segura es representado en esta causa por José Miguel Villalobos Umaña.
Villalobos es un penalista ampliamente conocido, que también funge como abogado del presidente Rodrigo Chaves.
Consultado por La Nación, Villalobos respondió: “Mis criterios me los reservaré para cuando me corresponda exponer mis conclusiones sobre la imputación fiscal”.
Este juicio, donde figuran 25 personas acusadas, se inició desde el 24 de febrero del año pasado en el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, en San José, aunque debió suspenderse temporalmente por un error en la notificación a los abogados defensores.
Penas solicitadas
Otros de los montos de pena más altos pedidos por la Fiscalía es de 18 años de cárcel para Ileana Chacón Vargas, esposa de Narizón, señalada como su presunta mano derecha en la administración y gestión de facturación de las plataformas comerciales instauradas para ejercer el supuesto lavado de dinero.
La misma cuantía se pretende para Carlos Antonio Garro Núñez, supuesta mano derecha de Segura Angulo en la administración de la llantera Ghaida Halabi, una de las principales plataformas de lavado. Además, se le imputa la coordinación de los trasiegos de dinero producto del narcotráfico, según la Fiscalía.
Para David Jorge Núñez Jiménez, descrito como el principal testaferro de Segura Angulo, quien tenía a su nombre un patrimonio millonario propiedad del líder y se le acusa de participar en todas las gestiones bancarias y trámites empresariales, el Ministerio Público solicitó 17 años de prisión.
Rafael Eduardo Calderón Ulloa enfrenta una petición de 16 años de cárcel por su aparente rol como encargado directo de la materialización de los trasiegos de dinero y testaferro en cuanto a tres vehículos con compartimento oculto.
Igual pena fue requerida para Luis Paulino Rojas Rodríguez, pero en su caso se suman cuatro años adicionales por almacenamiento de arma prohibida, para un total de 20 años. Según concluyó el Ministerio Público, Rojas era socio de la actividad comercial de Segura Angulo y habría prestado la plataforma del Lubricentro Cavernario en Goicoechea y Pérez Zeledón para el lavado.
También se le señala porque, supuestamente, en los días previos a los allanamientos de febrero del 2022, ocultó una buseta en el parqueo del Hotel Radisson. En apariencia, ese vehículo tenía un compartimiento oculto en el que almacenaron cientos de millones de colones y miles de dólares. Por último, en su apartamento se incautaron un fusil de asalto AR-15 automático sin serie y otro AR-15 con selector de fuego con cargadores de 31 y 40 municiones.
Contadores, ejecutivos bancarios y testaferros
La lista de personas señaladas continúa con Oscar Arguedas Segura, supuesto encargado de materializar los trasiegos de dinero y quien fue acusado de ocultar un vehículo Range Rover perteneciente a Segura Angulo, Para él, la Fiscalía solicitó 15 años de prisión. Pena idéntica fue planteada para Oney Quirós Vargas, aparente “frenteador” de Segura Angulo para la búsqueda y adquisición de propiedades y comercios.
Como contador del grupo criminal, el Ministerio Público identificó a Emilio Soto Riggioni, quien supuestamente asesoraba a Narizón en las estrategias para justificar el origen de los fondos ante Hacienda y las entidades bancarias y evitar el cierre de cuentas. Este hombre enfrenta una solicitud de 14 años preso, lo mismo que Elberson Osorno Rivera, encargado al parecer, de materializar trasiegos de dinero y de ocultar la buseta en el hotel, en asocio con Luis Paulino Rojas.
Penas de 13 años fueron solicitadas para Albin Arias Campos, Janice Chacón Vargas y Johnny Fallas Cedeño. Al primero se le señala por trasegar dinero y ser el supuesto testaferro de un camión con compartimento oculto; la segunda el haber custodiado y ocultado en su casa un vehículo que contenía varios millones de dólares y cientos de millones de colones y el tercero figura como supuesto encargado de adquirir el ganado para implementar la plataforma de lavado en Hacienda Fénix. Esos hatos se compraron en efectivo en Panamá e ingresaron al país como contrabando.
Una pena igual se pidió para Vicente Quesada Beita, gerente de la sucursal bancaria de Promerica en Pérez Zeledón, quien habría facilitado la plataforma bancaria a Segura Angulo, señala la Fiscalía.
Hermanos, notaria y cómplices menores
José Andrés Segura Angulo, hermano de Narizón, fue acusado de lavado de dinero por medio de un negocio propio conocido como Bodega Segura. Él, presuntamente, recibió pick-up Amarok nuevo, que habría sido adquirido con dinero producto de la actividad criminal. Para él se pidieron 12 años en prisión.
Otros 12 años se plantearon contra Yunnior Granados Ulloa, ejecutivo Pymes del Banco de Costa Rica en Pérez Zeledón, quien fue acusado de asesorar al líder de la estructura para la apertura de cuentas bancarias de Costa Esterillos Estate Anagalide 156 S. A. (ganadería) y habría colaborado para evitar el cierre de las mismas en varias ocasiones; y para Allan Navarro Mora, quien se sospecha habría ocultado y distraído de la acción de la justicia un vehículo Dodge RAM 1500, propiedad del cabecilla.
Analive Obregón Corrales, pareja sentimental del acusado Rafael Calderón Ulloa, supuestamente daba soporte en la adquisición y venta de bienes muebles e inmuebles con dinero producto del narcotráfico y administraba la empresa mampara Transportes Calderón, ella enfrenta una solicitud de 11 años.
Para la notaria Karol Barrantes Fallas, a quien acusan de colaborar con el grupo criminal en las gestiones notariales y adquisiciones de bienes con dinero originado en la narcoactividad, la Fiscalía solicitó 10 años; mismo castigo que se pretende para Allan Jesús Chacón Trejos, quien administraba el restaurante Kataris/bar Vikingos, propiedad de Segura Angulo.
Absolutorias solicitadas
El Ministerio Público solicitó absolutorias para cuatro personas: Ivannia Rojas Robles, contadora; Krisbel Mariana Jiménez Chacón, pareja sentimental de Giovanni Segura Angulo; Marianela Jiménez Chacón, madre de Krisbel y Hugo Ceciliano Vargas, yerno de Andrés Segura Angulo.
Los últimos tres fueron acusados como presuntos testaferros, pero, según la Fiscalía, no se pudo acreditar dolo en sus actuaciones.
