Uno de los abogados colaboradores con la supuesta banda narcotraficante investigada en el Caso Fénix, para que lavara su dinero a través de empresas en Pérez Zeledón, fue asesinado la noche del 23 de mayo del 2021.
Geovanny José Sibaja Fallas, de 34 años, fue señalado como uno de los asesores jurídicos de la organización, este viernes, en la acusación leída por el fiscal Andrés Garro al inicio del debate en el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, en San José, donde se enjuician a 25 personas, incluido el presunto líder, Segura Angulo, alias Narizón.
“A fin de ejecutar el ocultamiento de los bienes ilícitos, el grupo ha contado con la colaboración de Geovanny Sibaja Fallas, fallecido por acción homicida, y la imputada Barrantes Fallas (primer nombre protegido), quienes brindaron asesoría y ejecución de movimientos legales y notariales”, afirmó el fiscal Garro.
Sibaja falleció a balazos en la Aurora de Daniel Flores, en Pérez Zeledón. Estaba dentro de una casa y, al parecer, a las afueras llegó una motocicleta.
El hombre salió y desde la motocicleta le dispararon dos veces en el tórax, heridas que lo dejaron fallecido en el sitio, según reportó en aquel momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
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Ese crimen ocurrió nueve meses antes de que las autoridades allanaran propiedades vinculadas a la organización, donde decomisaron más de ¢5.155 millones en efectivo, ganado y caballos finos, subastados por el ICD por ¢941 millones. Además, se incautaron de vehículos de lujo y propiedades inmobiliarias.
Narizón había logrado escapar ese primer operativo, pero fue capturado el 12 de abril del 2022 en Chiriquí, Panamá, en la Operación Quijote de la Policía Nacional de Panamá en coordinación con la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público de ese país).
Movimiento de droga por la frontera
Según la acusación, en Costa Rica el grupo trasladó droga a través de la frontera en Paso Canoas, para moverla hacia el norte del país y continuar su traslado por el continente.
En abril del 2018, dos imputados, Núñez y Fernández, habrían sido designados para recoger 206 kilos de cocaína en la Zona Sur.
Los dos hombres fueron capturados por aparte, con la droga escondida en dos vehículos, en Linda Vista de Coto Brus. Aunque se inició una investigación en aquel momento, esta fue una de varias causas que luego se agruparon bajo el expediente del Caso Fénix.
El Ministerio Público también acusó que, el 27 de marzo del 2019, el sospechoso de apellido Calderón se hizo pasar por un tercero de buena fe para recuperar un vehículo que las autoridades le habían decomisado a la organización.
Sibaja, junto a otro abogado de apellido Zúñiga, actuaron como apoderados especiales judiciales y solicitaron la devolución del vehículo con un falso contrato de arrendamiento.
Esto indujo a error al Tribunal Penal de Flagrancia del Segundo Circuito de la Zona Sur. El 13 de junio de ese año, el Tribunal entregó el automóvil a Zúñiga, que luego lo regresó al supuesto grupo criminal.
Creación de empresas para lavar dinero
Con el dinero generado por el narcotráfico, la presunta banda habría distribuido funciones entre sus miembros para crear o usar empresas ya constituidas en Pérez Zeledón para legitimar sus capitales, la mayoría con la figura de testaferros que protegían legalmente a Segura Angulo.
La organización es señalada por haber administrado dos lubricentros, una verdulería operada a nombre propio por Segura, otra verdulería administrada por el hermano, la Hacienda Fénix operada a través de dos sociedades (y por la cual se nombró el caso), dos restaurantes, una barbería, y hasta un consultorio de especialidades radiológicas. También se les vincula con un lubricentro en Purral de Goicoechea.
El juicio tardó en empezar formalmente por diferentes gestiones y obstáculos procesales.
El lunes, fecha en que debía iniciar originalmente, se conoció que los jueces resolvieron que otra causa en contra de alias Narizón, por supuesto narcotráfico, se iba a acumular junto con el Caso Fénix para que ambos asuntos se discutieran en un mismo juicio.
Esto motivó una actividad procesal defectuosa, pues los jueces solo notificaron al abogado de Segura, José Miguel Villalobos, y no a los otros cuatro abogados defensores en esta causa, quienes alegaron que no tenían conocimiento de todos los hechos acusados.
El Tribunal resolvió separar ambas causas, lo que llevó al Ministerio Público a presentar recursos de revocatoria y apelación, los cuales fueron rechazados.
El fiscal Garro luego presentó una recusación contra la jueza Silvia Calvo Vargas, es decir, pidió separarla del juicio, porque en su redacción del fallo de agrupación de las causas, se habría referido al caso por narcotráfico como un hecho y no como un supuesto.
Aunque ella negó cualquier tipo de parcialidad, el resto del Tribunal optó por separarla, por lo que el juez Mauricio Jiménez Vargas la reemplazará el resto del debate, que continuará la mañana de este lunes.