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Rocío Rojas vive con su hija de 10 años en un apartamento alquilado en San Pedro de Montes de Oca, y, en abril del año pasado, fue operada, por lo que un familiar se mudó con ellas para cuidarlas.
Desde ese momento comenzaron los problemas pues los vecinos de Rojas se quejaron varias veces con la dueña del apartamento, Ana Carpio, porque ese nuevo inquilino gritaba mucho y los trataba mal.
Carpio decidió pedir asesoría en la Casa de Justicia de la Universidad Latina, en San Pedro, para ver de qué modo podría resolver el conflicto. Allí, la negociadora Marcela Solano contactó a Rojas y citó a las dos mujeres a una conciliación.
Ambas partes acordaron pacífica y voluntariamente, el 19 de julio pasado, que Rojas desocupará el inmueble dentro de cuatro meses, mientras busca otro.
Sin embargo, solamente en el 34,5%, es decir, cerca de 600 casos, se logró con éxito un acuerdo conciliatorio, el cual tiene el valor de una sentencia judicial.
La mitad de esas mediaciones no llegó a un acuerdo, debido a que las partes no coincidieron en sus pretensiones o alguna de ellas no quiso participar del proceso.
El 4,5% resultó en un arreglo directo, es decir, las personas expusieron su conflicto en la Casa de Justicia, pero lograron resolverlo fuera de esta; el resto estaba pendiente de resolución.
Laura Carmiol, jerarca de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (Dinarac), del Ministerio de Justicia, asegura que la mediación permite devolver la capacidad de las personas de ser responsables de resolver sus conflictos.
“Muchos esperan a que un juez diga quién tiene la razón y no buscan opciones diferentes para volverse responsables de sus actuaciones y consecuencias”, dijo.
Ocho de cada 10 mediaciones, en el primer cuatrimestre de este año, fueron por conflictos laborales. El 9,6% fue por casos de consumo, el 5,2% por familia y el resto por arrendamiento, casos civiles, vecinales o comerciales.
El año pasado, durante el mismo período, la materia de consumo abarcó la mitad de los casos, cerca de 2.125.
Los Ministerios de Economía y de Trabajo tienen dos centro de justicia especializados en las áreas de consumo y laboral.
En esas casas de justicia se conoció el 82% de los procesos de mediación.
Las Casas funcionan desde hace 10 años, con la creación de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos, y cada una es coordinada por un abogado y un técnico.
A la fecha, la Dinarac ha capacitado y autorizado a 381 mediadores; sin embargo, se desconoce cuántos de ellos están activos.
La directora Laura Carmiol explicó que cada mediador recibe una capacitación de 120 horas en la Dinarac sobre técnicas de negociación, de escuchar, manejo de emociones y conflictos, entre otros.
