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La acusación por homicidio calificado que se debate en el Tribunal de Juicio de San José desde el 16 de julio contra el exdefensor público Luis Fernando Burgos, debido a la muerte de su esposa, expone a este abogado a una pena máxima de 35 años de prisión.
Con casi 30 años de carrera judicial y más de 15 como defensor público, a Burgos no le es ajena la presentación de argumentos para convencer a los jueces de la inocencia de un acusado. Pero esta vez está obligado a usarlos en su propio beneficio para evitar una condena.
La muerte de la asistente judicial Maureen Hidalgo, de 28 años, quien laboró durante más de siete en el mismo tribunal que hoy trata de esclarecer el crimen, fue calificada por el Ministerio Público como homicidio calificado, cuya pena oscila entre 20 y 35 años de prisión .
El artículo 112 del Código Penal señala que los homicidios son calificados cuando se cometen en perjuicio de un ascendiente, descendiente o de un cónyuge.
Burgos se había casado con Maureen solo un año antes (16 de julio del 2005) de la muerte de la funcionaria judicial.
También son considerados como homicidios calificados aquellos que se cometen con alevosía o ensañamiento.
El Ministerio Público presume que Burgos estranguló a su esposa en el apartamento de la pareja situado en Zapote, San José, y que habría lanzado su cadáver a un barranco en Concepción de Atenas, en Alajuela, donde fue encontrado por un vecino el domingo 16 de julio del 2006.
24 testigos. Por su parte, Jorge Arturo Rojas, defensor de Burgos, adelantó que confía plenamente en un grupo de 24 testigos que serán llamados a declarar dentro de unas dos o tres semanas.
Rojas sostuvo que los testimonios de los testigos presentados por la Fiscalía hasta el momento no son categóricos para vincular a Burgos con el homicidio.
“Se refieren a situaciones de violencia doméstica que no están en discusión en el debate pues lo que aquí se investiga es la comisión de un homicidio calificado”, señaló el abogado.
Conducta encubridora. Mientras tanto, la exfiscal Zulay Rojas, acusada de encubrimiento, se expone a una pena máxima de seis años de prisión y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un máximo de cuatro años.
El 16 de julio, cuando se inició el debate, Rojas reconoció ante el tribunal que Burgos (su exnovio) la visitó en su apartamento, en Sabanillas de Montes de Oca, el martes 11 de julio del 2006 en la noche, para confesarle que había matado a su esposa porque le era infiel.
La exfiscal argumentó que no lo denunció por miedo al exdefensor público, de quien había sido su novia durante cuatro años y de quien, según dijo, recibió agresiones.
De acuerdo con la acusación, Rojas no solo no denunció , sino que ayudó a Burgos indicándole la forma en que podría manejar el cadáver sin dejar rastros.
El abogado defensor de Rojas, Gonzalo Castellón, adelantó que llevará al estrado a la psiquiatra Gioconda Batres, quien se ha destacado en casos de mujeres en situaciones de agresión doméstica.
