Jennifer Calderón, una vecina de Desamparados (San José), perdió la soltería hace seis años; sin embargo, jamás se casó. La semana pasada tuvo un bebé, pero tampoco conoce al padre registral de este, un cubano de apellido Cano.
Calderón es una de las 35 personas afectadas por los matrimonios “de papel” que realizó la abogada y notaria Kattia Salas Guevara, de 41 años.
El Tribunal de Juicio de San José impuso una condena de 186 años de prisión para Salas, pero readecuó la pena a 18 años por 31 delitos de falsedad ideológica; en otros cuatro casos, Salas fue absuelta por dudas.
La ley establece que cuando una misma persona comete separada o conjuntamente varios delitos, hay concurso material y no se podrá exceder el triple de la mayor pena impuesta (seis meses por falsedad ideológica).
Además, el Tribunal condenó a la abogada a resarcir a seis de las 31 víctimas y pagarles ¢1 millón a cada una, más ¢1.200.000 en total por los honorarios de la defensa civil de aquellas, que deberá cancelar dentro de los 15 días posteriores a la firmeza del fallo.
Algunos de esos actos se realizaron a la misma hora y otros con 10 minutos de diferencia. “Esto era material y jurídicamente imposible”, señalaron.
Para las juzgadoras, los testimonios de los 35 ofendidos merecieron total credibilidad y ninguno de ellos tuvo el ánimo de perjudicar a la imputada.
En el caso de los cuatro casos de ticos que aparecieron casados con cubanos, las juezas explicaron que otros notarios realizaron esos matrimonios en el exterior y Salas solamente declaró las falsedades ante el Registro Civil, las cuales ordenaron anular.
El calvario para los ofendidos se inició luego de que estos perdieran o les robaran la cédula de identidad. En el proceso, se comprobó que a 20 de las víctimas se las robaron y 14 las perdieron.
Orlando Ríos, un docente de Sarapiquí, recordó que a él le sacaron un maletín de su carro donde tenía la cédula. Seis meses después, Ríos apareció casado.
Todos los matrimonios se realizaron entre ticos y extranjeros de países con ingreso restringido. Los beneficiados fueron 26 cubanos, cuatro chinos, dos colombianos, un nicaraguense, un salvadoreño y una inglesa. El objetivo de los matrimonios falsos era obtener un estatus migratorio regular.
Uno de los testigos, por ejemplo, declaró que al enterarse de que su hija apareció casada por esta abogada, él se hizo pasar por un cliente y en el bufete de la abogada le cobraron $5.000 por el trámite.