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Un total de 324 personas pretendían convertirse en policías pese a tener antecedentes por escándalos públicos, disturbios, robos, desobediencia a la autoridad, consumo o tenencia de drogas y hasta fabricación de explosivos, como lo descubrieron estudios del Ministerio de Seguridad Pública.
Ellos formaron parte de las 1.512 personas que aspiraban al puesto este año. Obviamente, los 324 fueron rechazados.
Esa cifra equivale al 21% de las solicitudes de ingreso presentadas a las tres sedes de la Escuela Nacional de Policía.
De esta forma, dos de cada diez aspirantes quedaron por fuera porque perdieron la prueba de vida y costumbre que se puso en funcionamiento desde el 2010.
Antes de iniciarse en la academia policial, las personas deben pasar por un proceso de reclutamiento, que cuenta con cuatro pruebas.
La cifra de los 324 sólo incluye los rechazados por la prueba de vida y costumbres.
Dicho requisito consiste en un estudio de a fondo de cada aspirante, que realiza un equipo compuesto por seis trabajadores sociales y diez psicólogos.
Antes de eso, los interesados debieron cumplir con otros requerimientos para ofertar, como realizarse exámenes psicológicos, médicos y de condición física.
El proceso completo puede tardar unos cuatro meses.
Para Erick Lacayo, director de la Escuela Nacional de Policía, la prueba de vida y costumbres permite garantizar que el servidor policial posee las aptitudes éticas y morales para ingresar a la institución responsable de proteger a los ciudadanos y prevenir delitos.
En el último año, el Ministerio de Seguridad Pública nombró a 1.188 graduados de la Escuela Nacional de Policía, que concluyeron el curso básico de seis meses.
El jueves, 151 nuevos estudiantes pasaron a forma parte de la academia policial. Ellos ganarán cerca de ¢350.000 mensuales, mientras se preparan.
La Escuela de Policía tiene una capacidad para graduar a 1.320 personas por año. La meta del Gobierno para finales del 2011 es de 800 puestos, y ya se nombraron 647.
Según Lacayo, alrededor del 5% de los estudiantes deserta durante el proceso de formación.
Castillo explicó que esa prueba es el primer filtro antes de ingresar a la academia y permite saber si la persona tiene antecedentes judiciales y policiales que le impiden ejercer como policía.
En el estudio de vida y costumbres, los seis trabajadores sociales y diez psicólogos a cargo evalúan cada solicitud, visitan la comunidad de donde vive el aspirante y entrevistan a su familia y vecinos.
“Hemos tenido que ir a lugares muy lejanos a realizar entrevistas para el estudio. En una ocasión se tuvo que visitar isla Chira porque ahí vivía un solicitante”, comentó la funcionaria.
Castillo aseguró que quienes aparezcan reseñados por la Policía o por autoridades judiciales son rechazados de inmediato.
En su criterio, esta prueba se convirtió en un instrumento para “mejorar” la calidad de los miembros de la Fuerza Pública.
