Un promedio de 120 cadáveres terminan apilados cada año en los congeladores de la Morgue Judicial, en San Joaquín de Flores, Heredia, sin que nadie los reclame.
En su mayoría, se trata de indigentes, con problemas de adicción al alcohol y otras drogas, estiman las autoridades.
Aunque al menos la mitad son identificados mediante huellas dactilares y registros policiales, sus familiares más cercanos los rechazan alegando no contar con dinero para sepultarlos.
Así lo reveló el director de la Morgue, Raúl Bonilla Montero, quien aseguró que “se trata de gente muy pobre y sencilla”, a la cual no pueden obligar “a nada porque la Ley no lo permite”.
Otras veces, esposas, hermanos y tíos de los fallecidos reaccionan con sorpresa, muchos incluso con disgusto al enterarse.
“Algunos dejaron esposas e hijos abandonados debido a los problemas de alcoholismo, y claro, cuando mueren nadie quiere hacerse cargo de ellos. Sus familiares no los quieren ni en pintura”, afirmó el funcionario.
Muchos cadáveres nunca son identificados, por tratarse de extranjeros o mendigos.
“Estas personas llegaron alguna vez al país y nunca se preocuparon por portar documentos de identidad. Hemos recibido nicaragüenses, colombianos, estadounidenses, alemanes, de todo”, dijo. Aunque pocos, también reciben fetos o recién nacidos, muchos de los cuales tampoco son retirados por madres muy jóvenes, dijo Bonilla.
El año anterior ingresaron 3.221 cadáveres, de acuerdo con registros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Son sepultados en el sector suroeste, en huecos abiertos a pico y pala, donde, según los panteoneros, nunca llega nadie a visitarlos.
Debido a la cantidad de cuerpos sin reclamar, realizan de cuatro a cinco entierros al año, dijo Bonilla.
El pasado 4 de agosto las autoridades judiciales sepultaron 10 cadáveres, entre ellos el de un estadounidense y el de un alemán.
Sus familias aseguraron ser muy pobres y no tener dinero “para regresarlos a casa”, según Bonilla.
“Se les dio varios meses de tiempo, pero no lograron reunir el dinero. Es muy caro”, añadió. Necesitaban entre $15.000 y $20.000.
También yacían los restos de una recién nacida. No hubo dolientes frente a sus tumbas.
Precisó que se ven obligados a comprar “lo más barato del mercado”, es decir, rústicas cajas sin pintar. “Son cuatro tablas, pero se le da una cristiana sepultura, con todo el respeto que se merece un ser humano”, aseguró.
En algunas ocasiones permiten la participación de uno o más familiares cercanos, también amigos del fallecido. “Hay gente muy pobre que definitivamente no puede hacerse cargo del funeral y dejamos que vengan al entierro que organizamos. Así saben dónde será enterrado su familiar para que lo visiten alguna vez”, indicó Bonilla.
La Ley no establece sanciones para quien rehúse retirar los restos de un hijo, esposo o familiar cercano, detalló el funcionario.
“Una vez nos llegó una mujer muy pobre y reconoció a su madre, pero no podía pagar el entierro y nos dejó el cuerpo. Claro, le informamos dónde se le enterraría para que la visitara”, recordó.
Cuentan con los servicios del cura párroco de San Joaquín de Flores, Heredia, Javier Morera, quien preside un acto religioso al cual poco a poco se han ido integrando desde funcionarios de la Morgue Judicial hasta vecinos, quienes rezan con fervor. “Se les trata con respeto, aunque muchos se van sin nombre”, insistió Bonilla.