El 26 de agosto, Uver Villalobos escribió en Facebook: “Para todos los que querían que Uber no estuviera en el país... tranquilos, ya mañana no me verán”. Uver se iba al día siguiente para los Emiratos Árabes Unidos, pero Uber, en cambio, recién ingresaba a Costa Rica. Efectivamente, había quienes no querían verlo en estos lares. Con la diferencia de solo una letra entre ambos nombre, era fácil que alguien se tomara personal el rechazo.
El viernes 21 de agosto, a las 4:00 p. m. –cuatro días antes de que Uver abandonara el país–, el servicio Uber marcaba su inicio formal de sus operaciones en Costa Rica.
Su apertura venía acompañada por bombos y platillos, pero también por cruentos batazos y consecuentes parabrisas reventados.
Los sentimientos enervados se extendían en polos opuestos.
El malestar y el espíritu de celebración se habían hecho sentir desde mayo anterior, cuando la empresa anunció que Uber venía en camino en lo que parecía un arribo inminente.
Para cuando la aplicación comenzó a funcionar a nivel local, desde una acera se percibía fiesta: finalmente, estaba acá la empresa que muchos costarricenses habían probado en el extranjero y de la cual solo maravillas podían hablar. Sus plegarias habían sido escuchadas.
Del otro lado la percepción era distinta, o bien, contrastante. La amenaza en cuatro ruedas se había parqueado en Costa Rica, habiéndose brincado las reglas del Estado.
El arribo de Uber molestaba no solo al Ministerio de Transportes sino también al gremio de los taxistas, de la bien llamada “fuerza roja”.Uber –decían ellos– atentaba contra su sustento no a largo ni mediano plazo, sino desde ese preciso momento, desde que cualquier civil con un teléfono inteligente y una tarjeta de crédito puede bajar la aplicación en su aparato móvil y pedir que un carro particular conducido por otro civil lo recogiera en un punto y lo llevara a otro, con una tarifa más económica que la que cobraría un taxi regulado.
El enojo provenía del sector que, creía, se iba a quedar sin empleo con el ingreso de una empresa internacional.
“Uber va a terminar por arruinar a la clase trabajadora”, decía un taxista costarricense en una manifestación en San José que acaecía incluso antes de que la empresa empezara a operar en el país.
Si ya había enojo, la molestia se tornó más candente cuando un medio de comunicación, de manera irresponsable, le endilgó al viceministro de Transportes, Sebastián Urbina, un discurso que se interpretaba como un llamado a la guerra.
El titular en la nota en línea, que fue modificado más tarde, decía algo que se podía interpretar como una solicitud de ayuda de parte del político hacia la ciudadanía, para detener a quienes, se intuyera, realizaran servicios para Uber.
Hubo quienes se lo tomaron a pecho, y para nada bien. Las manifestaciones en contra de la empresa y sus “funcionarios” se volvieron severas en cuestión de horas. Era un candente viernes.Todavía es fácil recordar la llegada de Uber acompañada de una serie de aparentes persecuciones en las que, se supone, grupos de taxistas no agremiados (según palabras del gremio) canalizaron su ira coyuntural atacando a aquellos vehículos que parecían estar prestando un servicio privado de transporte.
Los videos de los carros particulares siendo maltratados se viralizaron y el viceministro salió a aclarar sus palabras pero no a torcer el brazo en cuanto al discurso en contra del funcionamiento de Uber.
El enojo de la “fuerza roja” fue disminuyendo conforme pasaban los días y conforme ganaba campo la resignación. Aquella furia se quedó en chicha, en berrinche.
La siguiente vez que Uber fue noticia, se hablaba de cómo los choferes que prestaban el servicio todavía estaban esperando a que la compañía les pagara como había prometido.
Flor de un día. Ya es diciembre y el sistema sigue saliéndose con la suya sin que se hayan aclarado los vacíos legales que el MOPT pretendía utilizar para impedir el funcionamiento de la aplicación de transporte.
“Sería una injusticia llamar ‘taxi’ a este servicio. No solo no aplica sino que sería políticamente incorrecto”, comentó meses atrás el viceministro Urbina en una entrevista al Semanario Universidad.
Más que incorrecto, Uber parece ser, en cambio, incorregible. Antes de comenzar a funcionar en Costa Rica, la compañía transnacional se comportó de manera diplomática e incluso se sentó a la mesa con el ente regulador de transportes para entablar conversaciones serias... como si acaso fueran a tomar en serio cualquier recomendación o solicitud.
Rápidamente se le borraría la sonrisa al MOPT. Aquellas discusiones se entrecortaron cuando la compañía internacional decidió tomar ventaja, ir por un atajo sombrío y saltarse cualquier permiso que quisieran interponerle.
Uber insistía en que lo suyo debía tratarse con contratos entre el chofer y la persona que había solicitado el servicio.
El conductor, por su parte, tenía una relación directamente con la empresa y, por ello, todo debía reducirse al ámbito privado.
Para el MOPT aquellas eran (y son) intenciones y palabras vacías. A su parecer, Uber no debe operar sin respetar la normativa vigente, y sin antes pasar por los controles previos que exige el Consejo de Transporte Público (CTP) a cualquier prestación de servicio de transporte remunerado.
Vinieron entonces las amenazas de que los choferes de Uber se exponían a multas y al retiro de placas.
Ellos, en cambio, anunciaban tarifas en las que cada kilómetro era ¢310 más económico que la tarifa de un taxi.
Ahora, el costo no es el mismo e incluso se maneja una tarifa dinámica en la que el viaje sube de precio según la disponibilidad de vehículos: “Los precios suben o bajan dependiendo de cuantos carros hay disponibles en la ciudad en un momento determinado”, explica un comunicado de Uber.
Para el ente gubernamental importa poco cuán segura o tecnológicamente amigable sea la aplicación; nada de eso vale si la empresa insiste en funcionar al margen de la regulación del transporte público.
Los taxis, por su parte, han respondido reforzando el uso de varias aplicaciones para mejorar la efectividad del servicio de transporte. Cuando uno se monta en un taxi, ellos aseguran que todo va mejor con esta ayuda tecnológica.
El litigio entre el Gobierno y la empresa privada parece estar en pausa. De manera simultánea, hay teléfonos inteligentes de costarricenses en los que conviven tanto la aplicación de la empresa internacional como otras que sirven para llamar a una unidad de la “fuerza roja”.
Ahí, en el teléfono, ninguna de ellas pelea.
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