La Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) enfrenta uno de los momentos más álgidos de su historia, pues el diputado José Miguel Villalobos cuestionó en la Asamblea Legislativa la ingeniería del dinero que recaudan por el uso de los derechos de propiedad de los músicos costarricenses.
Según dijo Villalobos a Revista Dominical, su interés en investigar a ACAM comenzó como una promesa de campaña y asegura que comercios y músicos le pidieron ejercer control político. Ahora incluso plantea crear una comisión legislativa investigadora. “Estoy empezando apenas. Falta mucho todavía contra ACAM”, aseguró.
Empero, en el escenario que ACAM deje de operar, Arnoldo Castillo, presidente de ACAM, señaló que Costa Rica podría exponerse a un arbitraje internacional.
“Si ACAM fuera degradada o de alguna forma disminuida en su labor de recaudación, y eso es producto de políticas que afectan el derecho de los autores, absolutamente vendria un problema internacional muy importante”, señaló.
“Costa Rica tiene firmados 18 tratados de libre comercio y la médula espinal de todos los tratados habla de la protección de propiedad intelectual. Costa Rica se vería en un problema legal e internacional, empezando por Estados Unidos“, añadió.
Esteban Monge, cantautor y asesor del ente, acotó que la recaudación de las licencias parte de la materia de propiedad intelectual y el derecho de autor de los músicos, el cual tiene su condición de derecho humano reconocido por el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 47 de la Constitución Política.
El artículo 17 de la Ley de Derecho de Autor establece que al titular de los derechos patrimoniales sobre la obra le corresponde determinar la retribución económica que deben pagar los usuarios. Allí entra ACAM, que gestiona el derecho patrimonial de comunicación pública.
“No se ve a Juanes tocando puerta por puerta para decir que estamos usando su música. Eso no existe hoy por hoy”, dice Jimmy Bolaños, director general de ACAM.
A un nivel local, quien incumpla con la licencia musical de ACAM estaría infringiendo en los delitos estipulados por la Ley de Derechos de Autor. Se multa desde cinco a veinte salarios base hasta tres a cinco años de prisión.
Cuestionamientos sobre tarifario
El tarifario que los comercios deben pagarle a ACAM depende de distintas variables en relación al uso de la música: no es lo mismo su reproducción en un concierto, un bar o en una soda. De esta manera, se categoriza su uso como “indispensable”, “necesario” o “accesorio” para el comercio.
Por ejemplo, una cafetería con capacidad para 16 personas debe pagar ¢5.200 mensuales a ACAM por el uso “accesorio” de la música. La cifra va subiendo según las condiciones del local: si vende licor, si cobra entrada y si tiene capacidad para más de 100 personas.
Para José Miguel Villalobos, este tarifario “es totalmente arbitrario, sin ninguna base lógica ni racional”, ya que, a su juicio, no tiene cómo contemplar el tiempo que la música se escucha en un local.
“Póngase con que alguien tiene en la pared del restaurante una reproducción de un cuadro de un pintor residente. Viene el pintor residente y dice ‘como hay una reproducción de la obra mía y está puesta en la pared del restaurante, y con esa obra están atrayendo clientes, entonces me tienen que pagar por exhibir la reproducción de mi pintura’. Es lo mismo, absurdo totalmente. Desde el momento que un músico o un compositor creó con su intelecto y con su capacidad una obra y la colocó en el mercado, ya cobró por eso”, indicó.
“Desde el momento en que un músico o compositor crea una obra con su intelecto y la pone en el mercado, ya cobró por ella. Pretender seguir cobrando cada vez que esa canción se reproduce me parece ridículo. ¿Qué, Armando Manzanero va a ir al bar de Licho, en Quebrada Grande de Liberia, porque está sonando Somos novios para cobrar? Francamente, me parece ridículo", agregó Villalobos.
Al consultársele sobre cuáles otros mecanismos podrían mejorar el cálculo de tarifarios de ACAM, respondió que “no soy yo ni es el congreso el que tiene que decirles cómo se cobra, es cada compositor y autor”.