¿Por qué los negocios en Costa Rica deben pagarle a ACAM por poner música en sus establecimientos? Empecemos con una analogía simple: pagar una suscripción a Netflix no autoriza al usuario a proyectar una película en una sala de cine o en un negocio abierto al público; lo mismo sucede con, por ejemplo, Spotify.
El monto que paga el usuario autoriza el consumo personal de las canciones, pero no necesariamente su comunicación pública en establecimientos comerciales.
Este jueves 18 de junio, el diputado José Miguel Villalobos, de Pueblo Soberano, arremetió contra la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM), entidad encargada de recaudar y distribuir derechos de autor por el uso de música en comercios.
El congresista planteó dudas sobre cómo se calculan las tarifas, de qué forma se determina la distribución del dinero recaudado y qué mecanismos se usan para supervisar el uso comercial de la música.
ACAM, por su parte, respondió con un comunicado de prensa en el que asegura que su trabajo se encuentra respaldado por la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos (N.° 6683), su reglamento y los tratados internacionales suscritos por Costa Rica.
Pero, ¿por qué existe este cobro y qué dice la ley al respecto? Vamos a responder paso a paso.
¿Qué es ACAM?
ACAM es una asociación sin fines de lucro autorizada para gestionar colectivamente los derechos patrimoniales de autores y compositores musicales que estén afiliados a la entidad. Además, trabaja en coordinación con otras entidades homólogas en diferentes países; por lo tanto, también administra el uso de un amplio repertorio internacional.
La asociación se encarga de otorgar licencias para el uso de obras, recaudar los pagos correspondientes y, posteriormente, distribuir esos recursos entre los titulares de los derechos.
¿Por qué un negocio debe pagar por poner música?
Esa respuesta nos la da la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos y su respectivo reglamento.
En palabras sencillas, la ley en su artículo 16 reconoce a los autores el derecho de autorizar distintas formas de utilización de sus obras, incluida su comunicación al público: radio, plataformas digitales, televisión, conciertos, espacios públicos, etcétera.
Cuando una canción se utiliza en un establecimiento abierto al público y forma parte de una actividad comercial, deja de considerarse como uso privado; por lo tanto, si se dispone de manera pública de las obras, es requisito contar con una autorización (en este caso, la licencia de ACAM).
En el comunicado de prensa, ACAM aclaró que este cobro no es un privilegio, no es un impuesto y no es una “ocurrencia local”. En su página web amplía con la explicación de que se trata de una licencia por el uso público de obras musicales cuyos dueños son los autores y compositores.
¿Por qué hay que pagar a ACAM aunque ya se pagó un servicio como Spotify o se use la radio?
Es importante hacer énfasis de nuevo en que las licencias de plataformas digitales están destinadas al uso personal y privado; entonces, pagar una suscripción para escuchar música no implica una autorización para comunicarla de forma pública en un negocio.
Lo mismo sucede cuando la música en el local proviene de una emisora de radio, que ya paga por los derechos de transmisión; sin embargo, esa autorización no se extiende automáticamente al negocio y al uso comercial que hagan terceros.
En la página web de ACAM se especifica quiénes deben contar con una licencia para utilizar de forma pública la música y que, por ello, obtengan un beneficio directo o indirecto de ella: atraer clientes, amenizar ambientes o generar entretenimiento, por ejemplo.
¿Qué sucede con el dinero recaudado?
ACAM explica en su sitio oficial que los recursos obtenidos se distribuyen entre autores y compositores nacionales y extranjeros cuyas obras son utilizadas. Además, en la respuesta a Villalobos, la asociación comunicó que utilizan mecanismos de registro, monitoreo, reportes de uso, planillas de repertorio, información de usuarios, plataformas digitales y reglas de prorrateo debidamente aprobadas para distribuir los derechos recaudados.
Antes de realizar ese reparto se deducen gastos administrativos y aportes destinados a fondos sociales y culturales.
En resumen, el cobro realizado por ACAM no corresponde a un impuesto ni a una patente comercial; se trata de una remuneración por derecho de autor que la ley reconoce a los autores y compositores sobre el uso de sus obras de manera pública.