Cada jueves, desde hace unos meses, un avión procedente de Estados Unidos toca la pista del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Desde la terminal nadie notaría que se trata de un vuelo distinto, pero no hay cámaras esperando ni familiares sosteniendo carteles. Solo un grupo de personas que baja sin maleta y una pregunta que todavía no sabe responder: ¿qué sigue ahora?
Ninguna eligió Costa Rica como destino. Llegaron porque un acuerdo entre San José y Washington convirtió al país en una escala inesperada para personas deportadas desde Estados Unidos. Durante unas semanas —o algunos meses— vivirán en un hotel capitalino mientras deciden si regresan al país del que huyeron o intentan acogerse a algún mecanismo de protección internacional.
Ese viaje comenzó mucho antes de aterrizar en Alajuela. Todos fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y trasladados como parte del Memorando de Entendimiento firmado el 23 de marzo entre ambos gobiernos.
El operativo, financiado por Washington y ejecutado en Costa Rica por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), es defendido por las autoridades costarricenses como un modelo de atención humanitaria. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y gestión de migraciones cuestionan el hermetismo con el que se desarrolla.
Los primeros vuelos llegaron en abril. A la fecha han habido 12 vuelos y, para el 2 de julio, se habían registrado 207 personas de 28 nacionalidades. De ellas, 95 ya habían salido de Costa Rica, 22 se encontraban tramitando su retorno y 90 permanecían en territorio nacional.
Las nacionalidades más numerosas eran China (39 personas), Colombia (32) y Brasil (31). Se registraron personas de Guatemala (13), Vietnam (11), India (9), Honduras (9) y Uzbekistán (7), así como de Rusia, Camerún, Ecuador, Bolivia, Turquía, Albania, Bielorrusia, Marruecos, Mauritania, Kirguistán y otros países.
Las personas que llegan a Costa Rica en estos vuelos son deportadas por Estados Unidos, es decir, fueron expulsadas del territorio estadounidense por las autoridades migratorias. Su traslado al país responde al memorando suscrito entre ambos gobiernos y no implica que Costa Rica les haya reconocido ningún estatus de protección.
Una situación distinta es la de una persona solicitante de refugio. Se trata de alguien que pide protección internacional porque asegura que, si regresa a su país de origen, enfrenta un temor de persecución, violencia u otras amenazas.
Mientras el caso es estudiado, la persona puede permanecer legalmente en el país y solicitar autorización para trabajar.
Según Migración y Extranjería, entre las 207 personas solo figuraban dos adultos mayores y un menor de edad que viajaba junto a sus padres, quienes posteriormente retornaron a su país de origen.
De acuerdo con el director de Migración, Omer Badilla, Costa Rica únicamente acepta personas que no tengan antecedentes penales.
Según comunicó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a Revista Dominical, la OIM administra el alojamiento, la alimentación, el transporte, la atención médica, el acompañamiento psicosocial y la información sobre las opciones migratorias disponibles.
Según conoció esta revista, las personas se hospedan en dos hoteles ubicados en San José que pertenecen a franquicias internacionales. No se revelan sus ubicaciones por resguardar la seguridad de las personas.
Pero el alojamiento tiene costos que se mantienen desde el inicio del programa de depotaciones. Una cotización realizada por este medio, estimando un grupo de 20 personas, sitúa el costo de una habitación en alrededor de ¢50.000 por noche.
Revista Dominical consultó a la OIM cuánto dinero ha destinado Estados Unidos para financiar toda la operación en Costa Rica, pero no dieron cifras. Por su parte, Omer Badilla aseguró que Costa Rica no ha destinado recursos propios para el alojamiento o manutención de las personas trasladadas. No obstante, afirmó desconocer el costo total asumido por Estados Unidos.
En febrero pasado, cuando llegó el primer grupo de deportados, Mario Zamora, entonces ministro de Seguridad, informó a La Nación de que Estados Unidos había desembolsado $10.000 para cubrir el primer vuelo, en el que fueron trasladadas 33 personas. Si ese monto se mantiene similar, Estados Unidos habría desembolsado al menos $120.000 solo para los vuelos, a lo que habría que sumar hoteles y alimentación.
¿Qué ocurre cuando llegan?
Tras descender del avión, las personas deportadas recibe una charla de funcionarios de Migración donde les explican las alternativas que tienen en Costa Rica. Posteriormente son trasladados al hotel, donde reciben una segunda inducción y se les comunica que pueden desplazarse libremente por el país y que no permanecen bajo custodia.
Sin embargo, distintas fuentes con conocimiento del proceso consultadas por Revista Dominical aseguran que la información no siempre llega en el idioma que las personas comprenden.
Las fuentes señalan que entre los deportados hay personas que hablan ruso, árabe, mandarín y otros idiomas poco frecuentes en Costa Rica, lo que dificulta explicar adecuadamente sus posibilidades.
Según explicó Omer Badilla, Migración conoce con al menos cinco días de anticipación quiénes integrarán cada vuelo y coordina previamente la contratación de traductores para cada idioma necesario, aunque fuentes han dicho a Revista Dominical que no todas las personas logran entender la información y que no siempre se cuenta con traductores a mano. Badilla dice que “garantiza” que hay intérpretes de todos los idiomas. OIM también se suscribe a lo dicho por Badilla.
Marcia Aguiluz, de American Friends Service Committee, destacó que, a diferencia de operativos anteriores, las personas reciben alojamiento, alimentación y atención médica. No obstante, señaló que persisten dificultades con los idiomas y el reconocimiento de los documentos migratorios que reciben quienes deciden permanecer en Costa Rica.
¿Refugio o retorno?
En esta etapa, la persona deportada debe tomar una decisión. La primera consiste en regresar voluntariamente a su país de origen. En ese caso, la OIM organiza el viaje mediante su programa de Retorno Voluntario Asistido.
La segunda opción es solicitar refugio en Costa Rica, que se da con acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Hasta ahora, según Omer Badilla, solo seis personas han solicitado refugio.
A esa cifra se suma al menos una persona entrevistada por Revista Dominical que aseguró haber decidido iniciar el trámite porque regresar a su país pondría en riesgo su vida. Mientras el procedimiento se resuelve, las personas reciben documentación que les permite permanecer legalmente en Costa Rica y gestionar un permiso para trabajar.
Eso sí, fuentes anónimas afirman que existe una “zona gris”: personas que abandonan los hoteles por decisión propia sin informar oficialmente a las autoridades.
Al respecto, la defensora de los Habitantes Angie Cruickshank dice que es importante dar seguimiento. “¿Dónde están esas personas? Al perderse el rastro, existe un riesgo latente de que estén cayendo en redes de trata, explotación laboral o explotación sexual. Hemos emitido las advertencias institucionales correspondientes junto con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para que el Estado preste la atención inmediata", afirma.
Consultado sobre esa situación, Badilla reconoce que las personas tienen libertad de tránsito, por lo que pueden salir del hotel cuando lo deseen.
Cabe aclarar que, en junio del 2025, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de las 200 personas migrantes que fueron deportadas desde Estados Unidos a Costa Rica en febrero de ese año.
El tribunal detectó que las autoridades costarricenses retuvieron los documentos de identidad de los migrantes —incluidos 79 menores de edad— y les prohibieron la salida de las instalaciones del Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) sin sustento legal. En este proceso, se reconoció desde el inicio que tenían libertad de tránsito.
Según el director de Migración, quienes deciden permanecer en Costa Rica cuentan con un plazo de hasta seis meses para definir su situación migratoria. Una vez concluido ese período, deben abandonar el hotel.
Más cuestionamientos
Tres fuentes de ayuda humanitaria, que pidieron reservar su nombre, han criticado a Revista Dominical la falta de información pública sobre el memorando firmado entre ambos países y la manera en que se desarrolla.
Una de las principales críticas se dirige al Retorno Voluntario Asistido, administrado por la OIM. Según una fuente anónima, muchas personas aceptan regresar sin conocer plenamente otras alternativas de protección, como la posibilidad de solicitar refugio en Costa Rica.
“El problema es que, para muchas personas, ese retorno no representa una decisión completamente libre porque no conocen todas las alternativas que tienen”, afirmó.
La misma fuente sostiene que la información sobre el procedimiento para solicitar refugio no siempre llega en el idioma de las personas afectadas ni explica claramente las implicaciones jurídicas de cada opción.
Revista Dominical consultó a la OIM sobre estos señalamientos, a lo que contestaron que “la OIM brinda retorno voluntario asistido a solicitud del migrante, con consentimiento libre e informado. La OIM siempre se asegura de que las personas estén plenamente informadas de sus opciones, y de que los retornos sean voluntarios. Si no puede garantizarse el consentimiento debido a falta de acceso, coacción o barreras de comunicación, la asistencia de la OIM no puede proceder”.
“Costa Rica ha sido un oasis”
Una mujer sudamericana deportada y actualmente alojada en uno de los hoteles describió su experiencia en Costa Rica como un contraste con los días que pasó bajo custodia de ICE en Texas.
“Aquí la atención ha sido muy buena. Me atendieron, me dieron antibióticos y por el momento estoy bien. Ha sido un oasis“, relató.
Sin embargo, aseguró que durante su detención en Estados Unidos sufrió condiciones que califica como “inhumanas”. No se le expresó, ni a ella ni a las personas que conoció en el centro de detención, adónde iría hasta que se subió al avión.
“No se me respetaron los derechos para nada. Fue un trato inhumano. Todo era aguantar hambre y sobrevivir“, dijo. La mujer afirmó que compartía un cuarto con más de 30 personas, dormía en el suelo, pasaba días sin poder bañarse y recibió alimentación de mala calidad que le provocó problemas estomacales.
También sostuvo haber escuchado denuncias de otras personas detenidas que aseguraban haber perdido pertenencias durante su custodia.
Revista Dominical consultó a la Embajada de Estados Unidos sobre estas denuncias y los mecanismos para investigar eventuales abusos cometidos durante la detención migratoria, a lo que contestaron que “las naciones soberanas tienen derecho a controlar sus fronteras. Las personas que han ingresado de manera ilegal a nuestro país y han infringido nuestras leyes, no tienen derecho a permanecer en Estados Unidos. Por norma general, no hacemos comentarios sobre los detalles de nuestras comunicaciones diplomáticas privadas con otros gobiernos”.
También se solicitó la posición de la embajada del país de origen de la entrevistada, sin obtener respuesta antes del cierre.
Organizaciones de migrantes levantan la mano
Adam Álvarez, del Servicio Jesuita para Migrantes, explicó que una de las principales limitaciones es que las personas reciben una orientación general al llegar, pero muchas requieren un acompañamiento individual, especialmente quienes huyen de persecución o amenazas.
Además, señaló que, aunque no han logrado ingresar a los hoteles donde permanecen alojadas —pese a que Migración autorizó ese acceso—, han tenido contacto con algunas personas que aseguran no haber recibido información en su idioma.
Para Natasha Pérez, abogada de Global Strategic Litigation Council, el propósito de las organizaciones no es influir en las decisiones de las personas, sino brindarles la información necesaria para que puedan elegir con conocimiento. “Nuestro objetivo no es decirles qué deben hacer. Nuestro objetivo es que puedan tomar una decisión verdaderamente informada.”
Pérez considera además que el debate público no debería reducir a estas personas a la condición de deportadas. “Con frecuencia solo se habla de ‘los deportados de Estados Unidos’. Pero detrás de esa etiqueta hay personas con nombre, con familia y con historias muy distintas. Hay personas que huyeron de persecución política, religiosa o de otras formas de violencia. Creemos que es importante que la sociedad costarricense comprenda ese contexto y deje de verlas únicamente como personas deportadas.”
Al respecto, Omer Badilla asegura que “no hay secretismo. Hemos sido muy transparentes al punto de subir la información a la página de migración. Queremos que todos estén informadas. Nosotros queremos que las personas tengan un lugar seguro y no se sientan presionadas. Si usted aborda a una persona, absolutamente nadie va a impedirlo. Las personas deportadas pueden decir lo que ellos quieran”, dijo.
Por su parte, se le realizaron consultas sobre todos estos temas a la Embajada de Estados Unidos. Con respecto a las denuncias, no se obtuvo respuesta, pero en una previa comunicación sobre cómo ha sido gestionado este operativo la embajada comunicó que “agradecemos la cooperación de Costa Rica (...). Este acuerdo contribuye a disuadir la inmigración masiva e ilegal, asegurar nuestras fronteras y garantizar la estabilidad regional”. También se solicitó una entrevista a la Presidencia de la República, pero no hubo respuesta.
De los aviones quedan las cifras. De los hoteles, los registros. Lo que resulta más difícil de contabilizar es el instante en que alguien debe decidir el resto de su vida en un país que, hasta unos días antes, ni siquiera sabía que iba a conocer.