La diputada y vocera oficialista, Pilar Cisneros, aseguró en entrevista con Revista Dominical que no considera que Costa Rica sea hoy un país más inseguro que hace cuatro años, pese al aumento sostenido en los homicidios, la mayor visibilidad de hechos violentos y a que la inseguridad figura como la principal preocupación ciudadana en distintas encuestas.
Consultada de forma directa sobre si podía afirmar ante la cámara y los costarricenses que el país es hoy más seguro que hace cuatro años, la legisladora respondió: “No creo que sea más insegura, francamente se lo digo”. Ante la repregunta, insistió en que no percibe un deterioro y sostuvo que, en su experiencia personal, no se siente insegura.
“Yo ando sola. ¿Tú crees que yo tengo chofer? Yo ando manejando mi carro y manejo mi carro a todos lados, y me voy de gira a todos lados manejando yo sola. ¿Y me siento insegura? No, viera que no me siento insegura para nada. No", declaró.
Aunque defendió la gestión del Ejecutivo en seguridad, reconoció que el avance ha estado condicionado por restricciones estructurales. Según alegó, las limitaciones de recursos, los trámites administrativos y las prioridades fiscales han reducido el margen de acción del Gobierno, pese a esto, aseguró que “hemos hecho todo lo que hemos podido”, en las actuales condiciones presupuestarias, marcadas además por el peso del servicio de la deuda y las tensiones con las fuerzas de oposición en la Asamblea Legislativa.
Cisneros enmarcó la situación que enfrenta el país como resultado de un “proceso” que no surge de la noche a la mañana y apuntó hacia decisiones y omisiones de gobiernos anteriores. En ese contexto, evocó la pérdida de una libreta vinculada al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero y cuestionó que ese episodio involucrara a un alto funcionario judicial, al señalar al magistrado Fernando Cruz Castro.
Para la diputada, el panorama mejorará cuando estén plenamente operativos los escáneres en puertos y el denominado C5, un centro de control y comando que, según dijo, administraciones anteriores prometieron sin concretarlo. “¿Cuál es el gobierno que realmente puso los escáneres? Este”, insistió, en defensa del presidente Rodrigo Chaves.
No obstante, el Ejecutivo no ha sido capaz de poner en operación los escáneres donados por Estados Unidos en Puerto Caldera, en el Pacífico, y en el puerto de Japdeva en Limón. Tanto Cisneros como el ministro de Seguridad, Mario Zamora, han trasladado la responsabilidad a las autoridades norteamericanas.
Las declaraciones contrastan con el comportamiento de las cifras oficiales, que en los últimos años han marcado récords en el total anual de homicidios, así como con la creciente crudeza de los ataques armados que se reportan en distintas zonas del país. Además, diversos sondeos de opinión pública han colocado de forma reiterada a la inseguridad como la principal preocupación de los costarricenses.
El año 2022, el primero de la administración de Rodrigo Chaves, cerró con una cifra —entonces récord— de 656 asesinatos; en esa ocasión, el presidente se sacudió la responsabilidad y afirmó que a su gobierno lo debían medir a partir de 2023. Los siguientes tres años fueron aún más sangrientos.
Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 2023 cerró con 904 asesinatos, el 2024 con 876 homicidios y el 2025 con 873 asesinatos.