La carne que compró esta semana en el supermercado o la carnicería de la esquina puede tener su origen en fincas ganaderas ilegales dentro de territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.
Esta es una de las conclusiones de la investigación Carne en Conflicto, de la campaña ambiental Patrullaje –que produjo un documental homónimo sobre el tema– con el apoyo de la organización internacional Re:wild.
El informe revela que los principales mataderos de Nicaragua se abastecen de ganado procedente de fincas ilegales y exportan carne a Costa Rica y otros mercados. Como resultado, los consumidores y empresas podrían estar vinculados —sin saberlo— “a la destrucción de bosques tropicales y a violaciones de derechos de pueblos indígenas, a medida que ganaderos talan bosques para sembrar pasto, criar y engordar ganado”, señala el documento.
64% de importaciones de carne de Nicaragua
La importación de carne bovina ha aumentado 147% en los últimos cinco años, según datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer). En 2025, el valor de las importaciones ascendió a $120.655.5 millones. De estos, el 63,76% correspondió a carne nicaragüense.
Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 2024 que estudió el mercado de la carne y lácteos de Costa Rica, son cuatro empresas las importadoras de carne al país.
De acuerdo con la investigación de Patrullaje y Re:wild, al menos dos de estas empresas podrían estar comprando carne vinculada a fincas que se encuentran en áreas protegidas de Nicaragua, pese a que Costa Rica cuenta con regulaciones y un sistema de trazabilidad para evitarlo.
Revista Dominical no pudo confirmar de forma independiente este aspecto de la investigación, pero realizó consultas a las diferentes empresas que aún se encuentran en trámites.
La investigación encontró que una vaca, con dispositivos de identificación individual, encontrada en una de las fincas ilegales dentro de Indio Maíz estaba registrada como propiedad de una planta certificada para exportar carne a Costa Rica y otros mercados internacionales.
La empresa Sukarne a afirmó a los investigadores de este informe que “rechaza categóricamente cualquier insinuación de que SuKarne adquiera ganado proveniente de territorios indígenas o áreas protegidas”, y aseguró que sus procedimientos de verificación de origen del ganado han sido confirmados por auditorías independientes, incluida una realizada en 2025 por el British Retail Consortium (BRC).
Lavado de ganado
Los investigadores durante ocho años documentaron las principales estrategias utilizadas para el “lavado de ganado”, identificaron fallas estructurales en el sistema de trazabilidad y registraron casos de animales provenientes de territorios indígenas y áreas protegidas que terminaban en mataderos autorizados para exportar a Costa Rica y otros mercados.
La investigación incluyó entrevistas con actores a lo largo de la cadena de suministro, observaciones en terreno y colaboración con comunidades indígenas y afrodescendientes, así como con exfuncionarios del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) de Nicaragua.
Según el informe, un sistema de trazabilidad débil y la falta de supervisión en Nicaragua han permitido que la llamada “carne en conflicto” sea exportada a Costa Rica, “lo que podría convertir a los consumidores en cómplices involuntarios de violaciones de derechos humanos y de la destrucción de ecosistemas críticos, además de poner en desventaja a los productores de alimentos costarricenses”, señala el informe.
“Descubrimos que empresas costarricenses podrían estar vendiendo carne de res que contradice los valores de sus propios clientes, como la sostenibilidad, la ética y el respeto a los derechos humanos”, afirmó Camilo de Castro Belli, autor del informe y codirector del documental Patrullaje, producido en alianza con Re:wild.
“Esto no es solo un problema de Nicaragua, es una falla de las cadenas de suministro a nivel global que exige una acción urgente y coordinada de gobiernos, empresas y consumidores”, añadió.
Preocupaciones sanitarias
El informe se publica en medio de crecientes preocupaciones sanitarias en la región. Autoridades han advertido sobre el aumento de casos de miasis por gusano barrenador en Costa Rica, un parásito que afecta al ganado y puede infectar a humanos.
Según el Ministerio de Salud, los casos confirmados en personas aumentaron de 40 en 2024 a 96 en 2025, mientras que el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) reportó 28.429 casos acumulados en ganado hasta noviembre de 2025.
El informe incluye recomendaciones para detener la llamada “carne en conflicto”, entre ellas un llamado al gobierno de Nicaragua para cerrar fincas ganaderas ilegales y fortalecer su sistema de trazabilidad.
También insta a importadores y minoristas internacionales a exigir trazabilidad total en la cadena de suministro y adoptar políticas de cero tolerancia hacia productos vinculados con deforestación o violaciones de derechos humanos.
Los encargados del informe instan a la presidenta electa, Laura Fernández, y a la Asamblea Legislativa recién electa a trabajar junto a organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y entidades independientes para establecer mecanismos de monitoreo y verificación del origen de la carne comercializada en el país, con el fin de evitar que empresas y consumidores costarricenses terminen vinculados a la destrucción de los bosques de Nicaragua y Mesoamérica.
Deforestación por expansión de ganadería ilegal
Según Global Forest Watch, una plataforma de monitoreo forestal en línea, gratuita y de código abierto, Nicaragua perdió casi el 10% de sus bosques primarios en el mundo en 2024. La expansión de la frontera agrícola y ganadera para satisfacer la creciente demanda global de carne es uno de los principales factores de destrucción, de acuerdo con esta investigación.
En Centroamérica, más del 92 % de la deforestación de los bosques intactos de Centroamérica está relacionada con la expansión de la ganadería, gran parte ella ilegal.
El informe se enfoca específicamente en el ganado proveniente de fincas ganaderas ilegales ubicadas en dos territorios indígenas de Nicaragua.
Uno es el territorio Mayangna Sauni Bas, ubicado en la Reserva de la Biosfera de Bosawas, es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta, ya que alberga alrededor del 13 % de todas las especies conocidas en el mundo. Entre 2017 y 2021, el territorio Mayangna Sauni Bas perdió el 16 % de su cobertura forestal a causa de la ganadería.
El otro es el territorio Indígena Rama y Kriol, que se encuentra dentro de los límites de la Reserva Biológica Indio Maíz y forma parte de los cinco grandes bosques de Mesoamérica. Este constituye un hábitat clave para especies amenazadas como el jaguar, el tapir de Baird, el oso hormiguero gigante y el guacamayo verde mayor. Entre 2018 y 2023, la superficie de bosque primario en Indio Maíz disminuyó un 3,5 %.
“La ganadería ilegal está destruyendo nuestras tierras ancestrales”, dijo Armando John Mcrea, guardabosque Rama, una de las etnias dentro de Indio Maíz en la investigación. “Dependemos del bosque para vivir. Si perdemos el bosque, perdemos nuestro sustento, nuestra cultura y nuestra libertad”.