Cuando quienes gobiernan son los delincuentes

A inicios de 2023, el estado de Sinaloa vivió horas llenas de violencia cuando autoridades mexicanas dieron caza y captura a Ovidio Guzmán, hijo del famoso narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán. Bloqueos, balaceras y ciudadanos encerrados en sus casas fueron una nueva muestra de que en América Latina existen lugares donde el poder coercitivo del Estado no se desarrolla como dicta la teoría: existen espacios donde quienes mandan son los delincuentes — en este caso el Cartel de Sinaloa— y retomar el control, aunque sea momentáneamente, tiene un alto costo (en esta operación murieron 29 personas, entre militares y presuntos criminales).

México es un caso icónico, pero no el único. Por ejemplo, el Estado ha perdido el control en las sobrepobladas cárceles de Ecuador, donde organizaciones delictivas, que extorsionan dinero a los detenidos y sus familias, también llevan a cabo masacres dentro de los centros penales. Siete de estas masacres perpetuadas en 2021 y 2022 cobraron la vida de más de 350 personas, según Human Rights Watch.

El realismo mágico latinoamericano parece haber saltado de las páginas de la literatura para asentarse en sus estructuras políticas y de seguridad. Esto ha contribuido a transformar a América Latina en la región en ausencia de conflicto armado con mayores índices de violencia en el mundo. Según datos de la Comisión Económica para América Latina de 2018, en la región se dan 10 veces más homicidios (23 por cada 100.000 habitantes) que en Europa (2,1 por cada 100.000) y unas ocho veces más que en Asia (2,7 por cada 100.000). El 93 % de los esos homicidios se concentra en Brasil, Colombia, México, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Honduras, países donde habita solo el 68 % de la población latinoamericana.

Parte de esa violencia es producto de la gobernanza criminal, el proceso mediante el cual los delincuentes — paramilitares, escuadrones de la muerte, guerrillas, carteles de la droga, grupos del crimen organizado y pandillas— toman el rol tradicional del Estado y gobiernan o cogobiernan en un territorio y sobre una población. Existen zonas en Latinoamérica donde los criminales se han encargado de mantener los servicios públicos, construir infraestructura y hasta impartir justicia.

“La mayoría de las sociedades en la región están lidiando con patrones a través de los cuales funcionarios estatales, autoridades políticas y actores del crimen organizado cogobiernan. Si bien el fenómeno no es nuevo, en los últimos años ha adquirido mayor prominencia a medida que organizaciones criminales, cada vez más influyentes y poderosas, crecen en la región y transforman así las formas convencionales de gobernabilidad”, señalan los politólogos Andreas Feldmann, de la Universidad de Illinois Chicago, y Juan Pablo Luna, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en un artículo en el Annual Review of Sociology 2022 en el cual describen la situación actual de la gobernanza criminal en América Latina.

Knowable en español conversó con Feldmann acerca de este orden paralelo basado en la imposición de reglas sobre el comportamiento ciudadano por parte de organizaciones criminales, a menudo con la colaboración de agentes estatales. A continuación, un extracto de la entrevista, que ha sido editada para lograr más claridad.

¿Qué es la gobernanza criminal y cómo se diferencia de la delincuencia organizada que podemos encontrar en cualquier país?

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La diferencia tiene que ver con la noción de gobernanza. El crimen organizado tiene como motivación el lucro; tu objetivo no es gobernar. La gobernanza criminal es un contexto en el cual grupos criminales gobiernan espacios, población y territorio. El cartel de Sinaloa, en México, gobierna diversas comunidades en las que la población sabe que el Estado no tiene la capacidad de intervenir. En Río de Janeiro, la banda Amigos dos Amigos gobierna Rocinha, una de las principales favelas de esta ciudad de Brasil.

¿Por qué grupos criminales querrían embarcarse en ese tipo de arreglo? Porque es bueno para el negocio. En la medida en que tú controlas un territorio y una población, eso facilita la organización y la productividad de tu negocio.

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¿Qué obtienen las autoridades formales con un arreglo de este tipo?

Muchas veces la gente tiende a pensar que los Estados son indefectiblemente corruptos. Existe algo de eso en muchos funcionarios, pero muchas veces lo que sucede es que ellos también están amenazados y no les queda otra: en la medida que el Estado pierde el monopolio del uso de la coerción tiene dificultades para enfrentar a grupos que son poderosos y que amenazan a los funcionarios o los extorsionan.

Es el viejo dictum de Pablo Escobar, la noción de plata o plomo: “Yo te compro o te mato”.

El narcotraficante colombiano Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín hasta su muerte en 1993, daba a muchos ciudadanos lo que el Estado no les daba, como casas a los pobres y canchas de fútbol para los barrios. ¿Este tipo de acciones son también una forma de gobernanza criminal?

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Absolutamente. Muchas veces tú hablas con las comunidades y ellas prefieren a los criminales que a la gente del Estado porque las reglas son más claras y porque les molesta mucho el doble discurso de los agentes estatales —que por un lado dicen operar de acuerdo con la ley, pero que por otro lado cometen los mismos abusos o a veces incluso peores abusos que los criminales—.

Existen estudios en Brasil sobre cómo estos grupos criminales administran justicia en sectores donde no hay justicia, donde hay total impunidad con respecto a robos, asaltos sexuales y otros tipos de disputas en las comunidades. Estos grupos de crimen organizado tienen un sistema de justicia paralelo donde administran este tipo de problemas, y las comunidades eso lo valoran mucho, como el caso en Rocinha, Brasil. Habitantes de esta favela de Río de Janeiro dicen sentirse seguros y se ha probado que las estructuras criminales dirimen problemas de derechos de propiedad entre vecinos y proveen servicios públicos, recreación y deporte.

Hace algunas décadas, América Latina estaba llena de regímenes claramente antidemocráticos. ¿Es contradictorio hablar de gobernanza criminal en el contexto actual de mayor cantidad y calidad de regímenes democráticos en la región? Según un reciente estudio de Benjamin Lessing, de la Universidad de Chicago, el 13 % de la población en América Latina, unas 80 millones de personas, vive bajo un esquema de gobernanza criminal.

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Creo que nosotros siempre pensábamos que eso era una contradicción. Teníamos la esperanza y la ilusión, quizás un poco ingenua, de que al avanzar hacia regímenes más democráticos íbamos a ver mayores condiciones de probidad — honradez e integridad— en el ejercicio del poder.

Pero ese espejismo se derrumbó rápidamente y empezamos a observar sociedades donde regímenes democráticos conviven con enormes cuotas de abusos, de violaciones a los derechos humanos y de violencia. México y varios países en Centroamérica, como El Salvador y Honduras, han visto cómo la transición a la democracia coincide con un récord atroz en materia de (agresiones a los) derechos humanos. México cerró el 2022 con más de 100.000 desaparecidos, y los salvadoreños viven en estado de excepción desde finales de marzo de 2022. Muchos de estos abusos —tortura, desaparición forzada, asesinatos— se cometen en nombre del combate al crimen organizado.

Al mismo tiempo hemos visto cómo fuerzas del crimen organizado se han desarrollado de manera muy contundente en regímenes de carácter autoritario, como en Venezuela.

Y, después, hay otros países que son democráticos y han desarrollado sistemas donde la violencia tiene múltiples causas. Tome Brasil, donde una mezcla de condiciones estructurales (pobreza, desigualdad, marginalidad y desesperanza) genera violencia, y el Estado, a través de su brazo coercitivo (policía, ejército, fuerzas de seguridad) actúa de forma violenta, muchas veces cometiendo abusos que no son investigados, y menos castigados, en un entorno de impunidad. Existe un fenómeno de pluralidad de lógicas violentas, es decir, diversos actores usan la violencia para conseguir sus fines. Diversas manifestaciones de violencia se superponen: la criminal, la política y la económica.

Las cárceles son el espacio por excelencia donde el Estado debería ejercer el control. ¿Qué nos dice que en América Latina tengamos varios casos donde los mismos condenados tienen un nivel de control importante sobre las cárceles? En Ecuador, por ejemplo, algunos reos deben incluso pagar una mensualidad a las mafias que controlan parte del penal para no ser agredidos. Casos de control similares se han registrado en Brasil y El Salvador.

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Es el caso más fascinante de todos. Eso, desde el punto de vista conceptual, no lo entiendo, porque si hay un lugar donde el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia es la cárcel.

Pienso que puede haber dos alternativas: el Estado deliberadamente abandona las cárceles porque opta por no ejercer su poder en ese espacio; o bien, no tiene la fortaleza para hacerlo, carece de la capacidad coercitiva para controlar a los individuos y a las organizaciones ahí albergadas.

Y una posible tercera alternativa es que se transforman en espacios de gobernanza criminal donde el Estado y los grupos criminales cogobiernan.

¿Qué está en el fondo del nacimiento de las estructuras violentas en América Latina? ¿Se debe a la desigualdad, la pobreza, la ambición, la corrupción, la debilidad del Estado?

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Es un fenómeno tremendamente complejo. Yo diría que sí son todos estos factores combinados.

El problema de la violencia es un tema de marginalidad, de sociedades que no les dan oportunidades a las personas para insertarse en ellas. Eso genera un gran grupo de personas que viven marginalizadas de la sociedad, con baja escolaridad, alta pobreza y alto desempleo, para quienes una de las pocas opciones existentes es incorporarse a alguna estructura criminal.

Al mismo tiempo, hay todo un fenómeno cultural que es muy importante en virtud del cual las organizaciones criminales son atractivas desde el punto de vista de lo que ofrecen. Hay un tema de mucho materialismo, de mucho nihilismo en las juventudes que entran en este tipo de estructura. Anhelan una vida de glamur y de consumo y están dispuestos a pagar el último sacrificio. Muchos de ellos te dicen: yo prefiero pasar cinco años como sicario, pero vivirlos bien, que pasar 50 años en un trabajo indigno, explotado, abrumado.

Finalmente diría que hay un tema estatal fuerte: Estados que no son capaces de otorgar alternativas o cuyos modelos no son atractivos. El modelo formal de estudiar, de tratar de salir adelante, es muy incierto, requiere mucho sacrificio y no necesariamente es visto como atractivo.

Muchos estudios académicos de esta temática se centran en sitios con grandes tasas de homicidios, narcotráfico y crímenes sangrientos, y dejan de lado situaciones y regiones menos violentas. ¿Estamos subregistrando el verdadero nivel de la gobernanza criminal?

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Totalmente. Contextos de gobernanza criminal en países como Uruguay y Costa Rica son bien prevalentes y pasan bajo el radar porque la gente se centra en los casos más emblemáticos, como México, Brasil, Colombia, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero este es un problema mucho más profundo y tiene que ver con el debilitamiento de las estructuras estatales y la pérdida de legitimidad por parte del Estado. Esos dos elementos merman la capacidad estatal.

Si tú observas los grados de violencia, ese es un indicador bien fuerte de cómo el aparato coercitivo de países como Costa Rica y Uruguay se ha ido debilitando en los últimos 10 o 15 años. Las tasas de homicidios, aunque más bajas que en otras naciones de la región, se han doblado en esos países.

Algunas personas pueden pensar que la solución a la gobernanza criminal es simplemente un Estado más fuerte. ¿Esta visión es acertada?

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Un Estado fuerte implicaría uno que tuviera mayores grados de legitimidad. Lo que observamos hoy es que los Estados son pocos efectivos, no solucionan los problemas de la gente y, al mismo tiempo, son injustos, son violentos, son corruptos y más que velar por el bienestar de la gente, lo merman. Estudios de opinión pública de fuentes como el Latinobarómetro y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina y el Caribe vienen registrando hace años una merma en los niveles de confianza de la población hacia sus autoridades y una evidente baja en la adhesión a la democracia: la población está más dispuesta a vivir en regímenes menos democráticos con tal de que le resuelvan sus problemas cotidianos.

El problema en América Latina podría solucionarse si la fortaleza del Estado —tanto en términos de su legitimidad como de su poder infraestructural–– mejorara. Pero tienen que ser las dos cosas, no solo una. No es solamente un tema de coerción, de pasar bala y tratar de controlar a estos grupos. El crimen organizado es una manifestación de los problemas sociales. Estos grupos tienen muchos vasos comunicantes con la sociedad, en particular en comunidades de escasos recursos en donde interactúan con la población, saben de sus temores y aspiraciones y aprovechan ese conocimiento para conseguir sus objetivos. Recuerda que la mayoría de las veces los criminales son miembros de una comunidad, la gente los conoce y tienen vínculos personales de amistad y parentesco con ellos.

¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades formales en la consolidación de los esquemas de gobernanza criminal?

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Enorme: o son cómplices o su nivel de eficacia y las políticas públicas que implementan —de una u otra manera— no dan cuenta de esta realidad.

El problema de gobernanza criminal, y muchos que la sociedad hoy tiene, son problemas estructurales que ninguna administración política puede resolver en los plazos que cada mandato presidencial tiene. Tengo fuertes dudas de que los regímenes democráticos puedan enfrentar este tipo de problemas a no ser que los sectores políticos acuerden un gran pacto, en virtud del cual entiendan la gravedad de la situación y actúen al unísono.

Creo que estamos en una fase en la cual probablemente eso sería lo único que podría salvarnos. Pero la política en el fondo está apuntando a algo totalmente distinto, a un gran nivel de fragmentación, a un gran nivel de paralización. Ergo, lo que vemos es que los problemas aumentan cada década.

¿Cómo cree usted que evolucionará la gobernanza criminal en los próximos cinco años en la región latinoamericana?

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Pienso, desafortunadamente, que el fenómeno va a crecer. Los crecientes problemas sociales y económicos y la impotencia de los Estados por abordarlos han abierto espacios a grupos criminales. En país tras país, los Estados se han replegado de muchos espacios porque no tienen la capacidad —y a veces la voluntad— de gobernar esas áreas. Ese vacío lo han llenado actores criminales. La única esperanza es que las sociedades y los actores políticos entiendan la gravedad del asunto y actúen en concordancia y de manera mancomunada. La región necesita gobiernos de unidad nacional en los que sectores políticamente antagónicos depongan actitudes maximalistas, hagan concesiones y busquen soluciones comunes a los problemas de gobernabilidad. Es fundamental avanzar en un modelo de desarrollo sostenible que le dé al Estado las condiciones para elevar el nivel de vida de la población. El reto es monumental.

Pablo Fonseca Q. es un periodista basado en Costa Rica. Cuenta con un posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.

Este artículo apareció originalmente en Knowable en español en esta dirección https://es.knowablemagazine.org/article/society/2023/cuando-quienes-gobiernan-son-delincuentes