En una tumba, en un sarcófago de cenizas, o quién sabe donde estaría Guillermo Murillo si la Sala Constitucional nunca hubiera existido.

“Estaba seguro que iba a morir. Para mí no había duda de eso”, aseguró este hombre de tez blanca, contextura delgada y escaso cabello.

“Ya había preparado a toda mi familia y hasta había heredado toda mi biblioteca personal”, añadió este activista alajuelense, paciente VIH positivo que literalmente salvó su vida gracias a un voto de la popularmente conocida ‘Sala IV’.

Prácticamente moribundo, pues en 1996 Murillo transitaba por la ultima fase de infección, interpuso un recurso de amparo para que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) le otorgara los medicamentos necesarios para tratar su condición.

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Murillo puso el recurso junto con “otros compañeros”, como él les llama, alentados por los resultados positivos que los medicamentos habían mostrado en personas de mayor poder económico.

Él, simplemente, no podía pagar un tratamiento tan costoso.

“Veíamos que los VIH positivos con mayores recursos, que podían comprar las medicinas, estaban teniendo resultados muy buenos”, recordó.

“Eso era esperanzador, pero a nosotros nos resultaba imposible invertir $800 al mes para comprar el cóctel de medicinas que se recetaban en aquel momento. Yo vivía a la merced de vecinos y amigos que me querían, que hacían campañas para comprarme los medicamentos a mí. Con eso vivía o me mantenía”, agregó.

Pero hubo humo blanco y Guillermo por fin respiró aliviado; el alicaído hombre derramó lágrimas de emoción el día más emotivo de toda su vida. Por sentencia #5934-97 la Sala Constitucional, en “defensa del derecho a la vida y el derecho a la salud”, ordenó a la CCSS suministrar los antirretrovirales a las personas con VIH.

La dichosa sentencia, publicada en 1997, es el motivo por el que Murillo aún respira y puede sentarse frente a nosotros como si nada hubiese pasado. Han pasado 22 años de aquel glorioso momento y hoy Guillermo cuenta la historia con un gran dejo de agradecimiento.

“Con ello no solo me salvé de la muerte yo, sino muchísimas personas más que pasan por esta situación. Por eso es que esa sentencia fue más que importante y reviste a la Sala Cuarta como un ente vital para el fortalecimiento de la justicia en este país”, comentó.

De prácticamente no poder caminar, sufrir un síndrome de cansancio permanente y perder el apetito casi por completo, en el 2019 Guillermo se pone de pie todas las mañanas para luchar activamente por el llamado matrimonio igualitario y al reconocimiento de la identidad de las personas trans.

Además, al llenarse de esperanza y percibir que la muerte ya no lo alcanzaría, Guillermo decidió seguir en la universidad para graduarse de abogado y seguir con su vida. Esa herramienta intelectual y su singular experiencia de vida, le sirvieron para erigirse como el activista social que es ahora.

Y el de Guillermo es solo uno de tantos casos. A lo largo de sus 30 años de existencia, la Sala Constitucional se ha convertido en el último recurso de ciudadanos de todas las clases sociales, que no ven en las vías administrativas el trecho para reivindicar lo que consideran sus sagrados derechos.

Tanto es así, que el primer caso que resolvió la Sala Constitucional fue el de un humilde vendedor de copos.

Trinidad Fuentes Ortega, un hombre de 84 años fallecido en el 2015, fue el vendedor ambulante al que no se le permitía vender sus heladitos con leche condensada y sirope en las cercanías de la Asamblea Legislativa, durante la Cumbre Iberoamericana de Presidentes, realizada en 1989.

A Trinidad el Ministerio de Seguridad le despojó “de su derecho al comercio”, consideró la Sala, por lo que se ordenó que se devolvieran “las cosas al estado en que estaban antes de los hechos impugnados”.

Al copero no se le pudo ni suspender su permiso de venta ni obstaculizar sus labores con la excusa de que la ciudad ‘se viera más bonita’ para los distinguidos invitados de la Cumbre.

El peculiar caso, sin duda, marcaría el inicio de una de revolución justiciera de tres décadas, amparada por siete magistrados y su poderosa capa de legalidad.

El cabello de la discordia.

El pelo de Julián Barquero tiene rizos, es llamativamente frondoso y está tan largo que sobrepasa la altura de sus hombros.

Nadie diría que este chiquillo de 19 años, oriundo de Alajuelita, padeció leucemia linfoblástica aguda y tuvo la cabeza completamente rapada durante una gran parte de su dolorosa adolescencia.

Barquero es el mismo chico que en el 2017 acudió a Sala Constitucional para que lo dejaran ir al colegio con su cabello largo, pues para él representaba el triunfo sobre la agresiva enfermedad.

“La caída de mi cabello fue traumática. Nunca lo voy a olvidar, fue muy duro para mí. Luego acudí al colegio con un sombrero hasta que, poco a poco, mi pelo fue creciendo de nuevo. Eso me indicaba que el duro procedimiento al que estaba siendo sometido estaba funcionando y era muy bueno para mí”, recordó.

“Negarme a cortarme el pelo nunca fue un capricho, como muchos lo dejaron ver, para mí era un símbolo importante de recuperación y estímulo. Incluso, un psicólogo recomendó al colegio que hiciera una excepción conmigo", agregó.

Pero no había misericordia alguna. El Colegio Nuestra Señora del Pilar, en Escazú, le negó de tajo ese privilegio, alegando que sus reglamentos eran claros y no permitían ningún tipo de salvedad.

Fue entonces cuando la Sala Constitucional, a solicitud expresa de Julián, entró en el juego de forma contundente. Sus magistrados consideraron que la intransigente posición del centro académico violaba “el interés superior del menor” por lo que el chico no tenía porqué ir a la peluquería.

Además, el voto 11723-2018 agregaba que “pese a las dificultades físicas y mentales, el joven fue “perseverante”, haciendo un gran esfuerzo personal y académico para terminar sus estudios de secundaria.

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De hecho, cuando se publicó la sentencia, Julián estaba a tres meses de graduarse.

“La alegría que sentí cuando recibí la noticia fue inmensa, me sentí pleno, pues era algo por lo que luché mucho” comentó Julián.

“Claro, tengo que decir que aunque algunos profes y compañeros me acompañaron en aquel momento, muchos otros profes dejaron de hablarme. No les gustó para nada la sentencia lo que era muy incómodo e injusto”, agregó.

Al final Julián llevó su larga cabellera a la graduación. Se tomó la foto con el ansiado título y con el look que siempre quiso.

“De hecho en las fotos de la graduación salgo como un león. Se ve todo esponjoso el pelo. Tras de eso, cuando me llamaron a recibir el título, se me cayó el birrete y todavía me vi más despelucado. Mi mamá me dijo que algunos profes me hicieron malas caras por eso”, recordó.

De todo lo ocurrido, el único aspecto negativo es que Julián no pudo entrar a la universidad en el 2019. Las citas médicas, las complicaciones de bachillerato y los roces con las autoridades académicas por su cabello lo dejaron sin arrestos suficientes para enfrentar como se debía los exámenes de admisión.

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Pero a lo hecho pecho, Julián lo intentará de nuevo próximamente. Desde ya sueña con ser ingeniero civil y cursar la carrera en la Universidad de Costa Rica o el Tecnológico de Costa Rica.

“Ahorita con la enfermedad estoy sano. No estoy con ningún tipo de tratamiento y solo voy a control para ver como va todo. Me siento muy bien”, explicó.

“Definitivamente la Sala Cuarta me cambió la vida. Me inyectó motivación pura en un momento crucial y de verdad siento que se hizo justicia”, finalizó.

Salvando una pierna.

“Doña Nuria, esto es una emergencia, sino se opera esa rodilla de inmediato tendremos que amputarle la pierna...”

Y entonces a doña Nuria Hernández, de 70 años, el mundo se le vino encima. No tanto por el diagnóstico, ya de por sí fatalista, sino porque la anunciada operación no iba a ser posible de un día para el otro.

Siete años, según la lista de espera de la Caja Costarricense del Seguro Social, tendría que esperar la señora por la bendita operación.

No valió de nada que doña Nuria hubiese trabajado por 40 largos años para la CCSS, en el Hospital San Juan de Dios, ni que hubiese sido la administradora del área de cirugía en ese centro médico.

Era una toda una paradoja. Como cualquier hija de vecina, Doña Nuria tendría que hacer la interminable fila, por lo que ya se hacía a la idea de no volver a caminar jamás.

“Fue muy doloroso cuando me dijeron eso. Imagínese lo que yo sentí, pues yo siempre he sido una persona muy activa. Además de todo en ese tiempo yo tenía a mi marido muy enfermo por una infección urinaria y para terminarla de hacer hoy día cuido a una hermana que tiene Parkinson”, comentó.

“Me dieron la noticia y recuerdo que yo llegué a mi casa llorando. Mis familiares igual, todos lloramos. Es que es un sentimiento muy fuerte. Todo se me juntó y me destrozó”, agregó.

Pero el calvario de doña Nuria data de mucho antes, exactamente unos cinco años atrás. En el ámbito privado, cancelando 6 millones, un cirujano le prometió el oro y el moro y le practicó un reemplazo de rodilla.

Todo salió mal. Una mala praxis dejó a doña Nuria peor de lo que estaba cuando llegó a sus manos.

“Al parecer me cortó el hueso mal”, se lamentó la adulta mayor.

Para ella es casi un hecho que el galeno sería el culpable de toda su desgracia, pero aún así ella se negó a demandarlo.

“¿Para qué lo voy a demandar? Allá él. Eso es algo muy desgastante para mí y eso no me va a devolver mi salud. Para qué le voy a sacar plata a un doctor si yo lo que necesito es alivio”, comentó resignada.

Pero lo que sí podía hacer doña Nuria era acudir a la Sala Constitucional, su única esperanza.

Reclamando su derecho a la salud, en el 2018, doña Nuria solicitó al alto tribunal ser intervenida en la CCSS de inmediato, con el fin de salvar su preciada pierna. Sin demora presentó el recurso de amparo y, poco tiempo después, recibió la respuesta que tanto esperaba: la CCSS tendría que operarla de inmediato.

“Como al mes de la sentencia ya estaba yo en el quirófano. Fue algo increíble para mi. Si no hubiese sido por eso, yo en este momento no podría caminar. Estaría postrada en una cama o en una silla, no me puedo imaginar sin mi pierna”, expresó.

En estos momentos doña Nuria sigue “renca”, como ella misma describe, pero en pleno proceso de recuperación.

“A como estuve antes hoy estoy feliz. Sigo luchando, pero todavía me puedo desplazar. Lo único que deseo ahora es no sentir dolor”, dijo doña Nuria, quien ya ha sido sometida a tres cirugías en el Hospital Calderón Guardia.

“Todo esto es gracias a la Sala Cuarta, que es un instrumento muy valioso que necesita el pueblo. Uno necesita estar acompañado, pues uno no puede todo sola”, finalizó.

Solo como un dato ilustrativo, en el 2012 ingresaron 1.745 relacionados con violación al derecho a la salud y fueron aumentando hasta 7.037 en en el 2018.

Otros casos relevantes.

Ser oxígeno dependiente, con todas las precariedades y dificultades que eso conlleva, no era la angustia más grande de Laura Díaz.

Lo que en realidad le quitaba el sueño eran los señores “de la corriente”, que amenazaban con cortarle “la luz” por varios meses de atraso en el pago de sus facturas.

“Era horrible, constantemente venían a decirme que arreglara la situación, que no podían esperarme más. Me llamaban por teléfono y no me dejaban en paz. Lo peor es que yo no podía hacer nada, pues no me alcanzaba la plata para pagar”, confesó Díaz.

Era una situación desquiciante, pues sin electricidad en casa Díaz no iba a poder encender las máquinas de oxígeno y eso la aterrorizaba. De eso dependía su vida.

Lo paradójico es que, su misma condición de oxígeno dependiente, era la causa de su gran deuda con “los de la luz”.

“Antes de tener las máquinas de oxígeno, yo pagaba como ¢10.000 de corriente. Luego, el recibo comenzó a llegarme en más de ¢50.000 y entonces se me hacía imposible pagar. No podía, yo no puedo trabajar y a parte tengo una hija de cuatro años”, expresó.

Fue entonces que Laura Díaz, quien padece fibrosis quística, decidió poner un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Solicitaba que el IMAS le cancelara el recibo de electricidad, apelando a la necesidad imperiosa que tenía.

“Yo ya había acudido al IMAS por esa ayuda, pero nunca me avisaban nada. Pasaba el tiempo y yo en la misma situación. Entonces, por dicha, la Sala Cuarta se pronunció y se solucionó todo. Fue un alivio, algo que me cambió la vida”, explicó.

El voto 004048-2019 le exigió al IMAS cancelar la deuda que tenía Díaz con la empresa que le suministraba la electricidad –que sobrepasaba los ¢200.000– y pagar mes a mes su recibo.

La Sala Cuarta, en síntesis, fue su salvación.

Pero no es todo. Para muchos otros ticos, otros fallos han fungido como sus grandes aliados.

El narrador deportivo Roger Ajún, por ejemplo, no tuvo problema en seguir ejerciendo su oficio tras declararse con lugar una acción de inconstitucionalidad en contra de la colegiatura obligatoria, exigida por el Colegio de Periodistas. Eso fue en 1995, mediante el voto 2313.

Además, en 2010, una madre adolescente pudo acudir al colegio luego de negársele su matrícula por esa condición (voto 4006-11), y a partir del 2011, un reo homosexual de apellido Morales obtuvo el derecho de recibir a su pareja gay en la cárcel, al derogarse una frase del Reglamento Técnico Penitenciario (voto 16632).

El reglamento decía que la visita íntima solo podía darse con una persona “de distinto sexo”. Sin embargo, para la Sala Constitucional, en dicha frase, existía una clara violación al principio de igualdad.

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Hasta los toros han salido ganando con el accionar de la Sala Constitucional, pues una corrida “estilo Pamplona”, que se iba a realizar en el centro de Eventos Pedregal en 2012, no fue avalada por el alto tribunal.

Y muy pronto, gracias a la Sala, la población homosexual podrá casarse (voto 2018-12783) y en pocos meses las listas de espera en la CCSS deberían reducirse, tras la orden de los magistrados de diseñar un sistema efectivo para estos fines (voto 2019-55605).

Todo esto en 30 años y la historia se sigue escribiendo. La Sala Constitucional vive, se fortalece y se instala día a día en el corazón del pueblo libre, sus derechos sagrados y su sediento sentido de justicia.