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La Liga Deportiva Alajuelense no solo se quedó sin poder utilizar el estadio Morera Soto durante los próximos tres partidos como local, sino que también deberá pagar casi ¢4 millones para hacer frente a las sanciones económicas derivadas de este encuentro.
Los erizos deberán cancelar un total de ¢3.697.500, debido a diferentes situaciones que se presentaron durante el compromiso:
- ¢500.000 por la presencia de personas no autorizadas en el terreno de juego y su negativa a retirarse al serles solicitado.
- ¢1.000.000 por no destacar adecuadamente las zonas amarillas durante la fase final del torneo.
- ¢510.000 por tratarse de la sexta ocasión en la temporada en que retrasan el inicio de un encuentro.
- ¢1.687.500 por ser la sexta vez que se permite el ingreso de objetos no permitidos, específicamente artículos de pirotecnia, y por la segunda ocasión en el torneo en que se lanzan objetos peligrosos al campo, aunque sin impactar a nadie.
Por su parte, el Deportivo Saprissa también fue sancionado con ¢510.000, por ser la cuarta vez en la temporada que retrasa el inicio de un partido.
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De esta manera, los erizos no solo perdieron el derecho a jugar en su estadio para la Gran Final contra Herediano, sino que también deberán asumir un monto económico considerable.
Durante el partido, hubo dos acciones puntuales que hicieron prever sanciones severas. La primera fue el reporte del árbitro central, Juan Gabriel Calderón, quien indicó la presencia de pólvora en el sector de la barra “La 12”.
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El segundo incidente fue el lanzamiento de objetos al terreno de juego. En una acción específica, el jugador Mariano Torres se disponía a ejecutar un tiro de esquina cuando desde la gradería lanzaron una botella de vidrio que casi lo impacta. El objeto fue recogido por Calderón, quien lo incluyó en su informe arbitral.
Ante esto, Alajuelense presentó una solicitud de reconsideración ante el Tribunal Disciplinario, la cual se encuentra actualmente en estudio.
