6 diciembre, 2016

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La Paz

La justicia boliviana detuvo este martes a Gustavo Vargas, gerente general de la aerolínea Lamia, cuya nave cayó en Colombia con la delegación del club Chapecoense a bordo, y la funcionaria que autorizó el vuelo pidió refugio en Brasil.

Vargas fue trasladado hasta las oficinas de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, localidad sede de la firma. El fiscal Iván Quintanilla, miembro de la comisión que investiga a Lamia, ya había adelantado más temprano que emitió orden de aprehensión para implicados en el caso.

"Se ha emitido una orden de aprehensión del gerente de esta empresa y además se ha obtenido documentación para ser analizada. Existen seis personas investigadas y para tres de ellas -una de ellas Vargas- se dictará arraigo", explicó Quintanilla a la prensa.

"Con fines investigativos fueron arrestados (además de Vargas) la secretaria y el mecánico de la empresa", agregó.

El martes, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) retiró documentación de las oficinas de Lamia, que están intervenidas por las autoridades, según reportes de prensa. La firma tiene cancelados los permisos de operación y comercial.

Lamia es investigada por supuestas responsabilidades en la caída del avión en Medellín con 77 personas a bordo, dejando un saldo de 71 muertos -entre ellos jugadores del Chapecoense- y seis sobrevivientes.

El propio Vargas había admitido días antes al diario Página Siete que la nave, un BA-146 modelo RJ85, que despegó de Santa Cruz, debió haberse reabastecido de combustible en el poblado boliviano de Cobija, en el extremo norte del país, para continuar con su ruta hacia Colombia.

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Bolivia encontró indicios de irregularidades en el funcionamiento y operaciones del Lamia, según el ministro de Obras Públicas y Servicios, Milton Claros. Como primera medida destituyó a altos funcionarios aeronáuticos.

Una de las principales hipótesis que se maneja es que el avión se precipitó a tierra porque se quedó sin combustible poco antes de llegar al aeropuerto de Rionegro, que sirve a Medellín. Una comisión de fiscales de Bolivia, Brasil y Colombia investigará el accidente de la empresa aérea de capitales venezolanos y bolivianos.

En tanto, la funcionaria boliviana de aeropuertos que autorizó el plan de vuelo del Lamia, pese a que supuestamente detectó los problemas de falta de combustible, pidió refugio en Brasil.

"Celia (Castedo) pidió refugio en Brasil, en Corumbá (estado de Mato Grosso do Sul, fronterizo con Bolivia)", informó este martes a la AFP una portavoz del Ministerio Público en Brasilia.

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La solicitud de la ya exfuncionaria de la AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea) se tramita en secreto, ya que Castedo teme posibles consecuencias en Bolivia contra ella o su familia, indicó la misma fuente.

Chapecoense, el humilde equipo revelación de la Copa Sudamericana, viajaba a Medellín para disputar la ida de la primera final continental de su historia.

Tras su petición de refugio, Castedo podrá permanecer legalmente en el gigante suramericano hasta que se acepte o niegue su solicitud, un proceso que podría extenderse durante un año. Pero Bolivia no está de acuerdo.

"Celia Castedo no ha utilizado ningún punto legal de control migratorio, su salida del país ha sido ilegal", por lo tanto "lo que corresponde es una acción ante Interpol", dijo a la prensa el ministro del Interior de Bolivia, Carlos Romero.

"Si la salida ha sido ilegal, el ingreso a Brasil también es ilegal y, lógicamente, en estos casos debería aplicarse un procedimiento de expulsión automático", manifestó el ministro, quien consideró que no hay argumentos para pedir refugio.

Para el ministro, pretender politizar el asunto o tratar de inculpar al presidente Evo Morales, al señalar que conocía las irregularidades en el trámite del permiso de operaciones de Lamia, es un "despropósito gigante".

"Este es un tema de investigación judicial, no lo vamos a politizar y tampoco vamos a hacer ver que esta persona que se ha escapado a Brasil es una perseguida política, solo faltaría eso", protestó.

El fiscal general Ramiro Guerrero señaló que Castedo "es una de las principales investigadas, lo que debería hacer es presentarse al Ministerio Público, brindar sus declaraciones y hacer sus descargos correspondientes".

Se conoció también que el piloto de la aeronave, Miguel Quiroga, tenía una orden de arresto por un juicio al que se le somete por abandonar la Fuerza Aérea de Bolivia sin cumplir los cinco años de servicio público que exige la ley.