
Redacción
La situación legal del costarricense Eduardo Li daría un giro, ya que tiene previsto declararse culpable este viernes por varios cargos relacionados al llamado FIFAGate, escándalo de corrupción que sacudió los cimientos del ente rector del fútbol mundial en mayo de 2015.
Desde el pasado 19 de setiembre, Evan Norris, asistente de la fiscalía de Nueva York, reconoció publicamente que varios de los involucrados mantenían conversaciones para entablar un arreglo.
En aquel momento, Norris no reveló ningún nombre, aunque diversos medios estadounidenses publicaron la declaración del funcionario con una fotografía del exjerarca de la Fedefútbol saliendo de la Corte del Distrito Este de la ciudad de la Gran Manzana, donde asistió a una audiencia.
En caso de que reciba el visto bueno de la jueza, el proceso legal del exjerarca de la Federación Costarricense de Fútbol continuará pues hace falta la sentencia. Lo que sí puede suceder es que se agilice la resolución definitiva y así no tendría que someterse a un juicio extenso.
Según datos del Departamento de Justicia de EE. UU., de 24 involucrados en el FIFAGate, que tienen casos abiertos en ese país, 16 se declararon culpables con anterioridad.
El exdirigente nacional sería el número 17 y se uniría a nombres como el de los hondureños Rafael Callejas y Alfredo Hawit que también aceptaron su responsabilidad en los cargos que les imputan, negociaron y están a la espera de ser sentenciados.
Li recibiría un estatus similar al que tienen Jeffrey Webb, expresidente de la Concacaf (2012-15) Daryl y Daryan Warner, hijos del también expresidente de la Concacaf, el trinitense Jack Warner, quien estuvo al frente de esta confederación 21 años ( 1990-2011).
El costarricense fue detenido el 27 de mayo de 2015, en Suiza, dos días antes de ser nombrado oficialmente como vicepresidente de la FIFA.
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York responsabiliza al tico, entre otros delitos, de exigir sobornos a la empresa Traffic Sports USA por más de $700.000 (¢380 millones) a cambio de la transmisión de partidos de la Selección Mayor, entre el 2009 y el 2015.
Anteriormente, la cifra por dádivas que la justicia de EE. UU. había dado a conocer era de $600.000 (¢326 millones).