The Wall Street Journal (WSJ) publicó el 26 de agosto un reportaje sobre el aumento de la violencia ligada al narcotráfico en Costa Rica y la confrontación institucional surgida alrededor de la respuesta del país ante la criminalidad.
“Costa Rica enfrenta un aumento de la violencia por drogas que amenaza con trastornar el sistema político del país”, afirmó el medio estadounidense al inicio de la publicación.
A partir de la crisis de seguridad, el artículo desarrolla los enfrentamientos entre la presidenta Laura Fernández y el Poder Judicial.
“¿Por qué esto se ha convertido en un círculo vicioso, donde la Policía arresta personas y el Poder Judicial las libera?”, citó el WSJ a Fernández, poco después de que asumiera el cargo en mayo.
El reportaje menciona cómo Fernández acusó al Poder Judicial de estar infiltrado por el crimen organizado, presentó una denuncia penal contra magistrados de la Sala Constitucional en una disputa por nombramientos judiciales y redujo el presupuesto de ese poder de la República.
El WSJ calificó la confrontación como una “guerra civil política”. También reseñó la manifestación realizada este mes de agosto en respaldo al Poder Judicial, donde participantes portaron mensajes como “Tenemos miedo de una dictadura” y “No toquen nuestro Poder Judicial independiente”.
El fiscal general, Carlo Díaz, afirmó al periódico que los recortes presupuestarios “definitivamente benefician al crimen organizado” y podrían generar un escenario que facilite decisiones gubernamentales dirigidas a limitar derechos ciudadanos.
Fernández ha sostenido que su propósito es reformar las instituciones y no controlar al Poder Judicial. Su oficina no respondió las consultas del WSJ.
De Chaves a Fernández
WSJ también repasó la llegada de Rodrigo Chaves a la Presidencia en el 2022 y afirmó que durante cuatro años mantuvo enfrentamientos con el Poder Judicial, medios de comunicación y adversarios políticos.
El artículo recordó que Chaves promovió seguir el ejemplo de seguridad de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele suspendió libertades civiles y encarceló a unos 90.000 presuntos pandilleros, según el WSJ. Chaves visitó la cárcel de máxima seguridad construida por Bukele e impulsó una instalación similar en Costa Rica.
El WSJ señaló que las actuaciones de Chaves recibieron críticas de sus adversarios, pero contaron con respaldo electoral. Fernández, escogida como su sucesora, consiguió este año una mayoría de escaños en la Asamblea Legislativa y posteriormente nombró a Chaves como ministro de Hacienda y ministro de la Presidencia.
Ricardo Zúñiga, exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmó al WSJ que Fernández y Chaves buscan debilitar al único poder estatal que no controlan.
“Hay un alto riesgo de que tengan éxito. Hay muy poca paciencia entre la población para los argumentos sobre el Estado de derecho”, declaró.
En ese repaso, The Wall Street Journal también mencionó los enfrentamientos de Chaves con La Nación, después de la publicación de informaciones sobre las acusaciones de acoso sexual en su contra durante su paso por el Banco Mundial.
El periódico estadounidense también destacó que, este año, la administración de Donald Trump prohibió, sin explicación pública, el ingreso a Estados Unidos de más de la mitad de la junta directiva de La Nación.
El WSJ recogió la reacción del expresidente Óscar Arias, quien responsabilizó a Chaves por la decisión.
“Esto no es más que un medio de intimidación propio de regímenes autoritarios en los que el poder se utiliza para atemorizar al adversario”, escribió Arias en redes sociales. “Hasta hace muy poco, la democracia costarricense había estado libre de esas prácticas”.
El Departamento de Estado declinó comentar al WSJ sobre las visas.
El puerto y el narcotráfico
El reportaje dedica otra parte a Limón y a la Terminal de Contenedores de Moín, que abrió en el 2019.
Según funcionarios policiales citados por el WSJ, grupos criminales identificaron con la apertura del puerto una oportunidad para movilizar drogas a otra escala. La terminal manejó más de seis millones de toneladas de exportaciones el año pasado.
El artículo recordó que autoridades costarricenses y europeas anunciaron el año pasado la desarticulación de una red que enviaba cocaína a Europa en contenedores de yuca congelada.
El WSJ también citó al Departamento de Estado de Estados Unidos, según el cual Costa Rica ha sido desde el 2020 el principal punto de transbordo de cocaína procedente de Sudamérica con destino a Estados Unidos y Europa.
Pagos con cocaína y homicidios
Según el periódico, organizaciones criminales transnacionales pagan con cocaína a sus socios costarricenses, que después venden la droga en el mercado local. Las disputas por ese negocio han incidido en el aumento de homicidios.
El WSJ señaló que la tasa de homicidios de la provincia de Limón supera en más del doble el promedio nacional.
Mauricio Boraschi, fiscal general adjunto, atribuyó el aumento a pagos en especie realizados por organizaciones asentadas en México, Colombia y Europa.
“Muchas de las víctimas están vinculadas con estos grupos criminales, pero el número de víctimas colaterales también ha crecido exponencialmente”, declaró.
El artículo también recoge testimonios de habitantes de Limón. Marjorie Hills, quien vendió almuerzos durante 20 años afuera de su casa, contó que dejó de hacerlo hace dos años porque sus vecinos evitaban permanecer en las calles.
“Están matando a nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros vecinos”, afirmó.
Respuesta contra el crimen
El WSJ también abordó las medidas impulsadas durante el gobierno de Chaves, entre ellas la nueva cárcel y una reforma constitucional que permitió extraditar a costarricenses acusados de narcotráfico.
No obstante, el periódico indicó que los homicidios alcanzaron máximos históricos en el 2023 y apenas disminuyeron durante los dos años siguientes. Los decomisos de cocaína cayeron a 21,4 toneladas métricas en el 2023, el nivel más bajo desde el 2015, según el artículo.
Robert Muggah, director del Instituto Igarapé, afirmó al periódico que Costa Rica enfrenta un problema distinto al de El Salvador debido a la presencia de organizaciones criminales transnacionales.
“Estamos viendo cómo el efecto Bukele se afianza en América”, dijo Muggah. “Pero en Costa Rica construir cárceles no resolverá el problema”.
Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas, defendió la estrategia gubernamental y afirmó que su agencia incorporó 100 oficiales durante los últimos dos años y que los decomisos se recuperaron el año pasado hasta niveles del 2021.
Disputa por presupuesto judicial
El reportaje relata además el asesinato de Gerson Rosales, policía de 28 años que murió en mayo mientras patrullaba en Batán, Limón. Su esposa, Lariza Brenes, afirmó que entre policías circulaban rumores de que una organización criminal ofrecía alrededor de $2.000 por cada oficial asesinado.
Fernández asistió al funeral y cuestionó que uno de los sospechosos hubiera sido detenido anteriormente por la Policía y permaneciera libre. Posteriormente presentó proyectos para aumentar las penas, incluido uno denominado en honor a Rosales.
En julio, el Ministerio de Hacienda anunció recortes por decenas de millones de dólares al presupuesto del Poder Judicial, que incluye al Ministerio Público, los tribunales y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Chaves sostuvo que los recortes forman parte de un plan para atender la deuda nacional.
El WSJ indicó que funcionarios judiciales preparan una impugnación contra los recortes y que el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados los calificó como una “noticia preocupante”.
“La falta de recursos para que la Policía realice investigaciones solo beneficiará al crimen organizado”, declaró al periódico Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ.