El Ministerio de Justicia y Paz prohibió el uso de dinero en efectivo a las personas privadas de libertad que están cumpliendo sus condenas en los diferentes centros penitenciarios del país.
Antes, los reclusos podían usar efectivo para comprar en los comisariatos, es decir, puestos de ventas de insumos en las cárceles.
La nueva medida fue anunciada por el presidente Rodrigo Chaves el miércoles 26, durante la conferencia de prensa en Casa Presidencial. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la medida busca evitar la compra y venta de drogas, las extorsiones entre la población carcelaria y los negocios ilegales.
La medida fue tomada mediante la directriz a DGAS 01-03-25, que rige desde el miércoles. La circular, firmada por Justicia, se dio debido a una orden de la Dirección General de Adaptación Social, la cual solicitó eliminar este beneficio a los reos que descuentan sus condenas.
Según el anuncio, la prohibición aplicará tanto para la tenencia de efectivo como para su uso. Los privados de libertad tendrán cinco días hábiles para entregar a sus familiares o personas de confianza el dinero que ya portan. En caso de que opten por conservarlo, la directriz obliga a las autoridades penitenciarias a proceder con la confiscación.
El sistema penitenciario también indicó que promoverá un control de pagos dentro de las cárceles que ofrezca trazabilidad, con el fin de poder tener monitoreados a los reclusos y evitar que el dinero sea utilizado para fines ilícitos dentro de las prisiones.
“Actualmente, se están llevando a cabo reuniones con entidades bancarias estatales con el fin de establecer la gestión y proceso para que las personas privadas de libertad puedan tener acceso a una cuenta bancaria y, a lo interno de la institución, se está elaborando los instrumentos normativos correspondientes”, aseguró Justicia.
Además del efectivo, los privados de libertad han logrado ingresar dispositivos como celulares, los cuales no solo permiten cometer estafas, sino coordinar delitos con grupos criminales fuera de las cárceles; así lo reconoció Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el pasado mes de diciembre.
