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El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó el recurso de apelación presentado por el alcalde de San José, Diego Miranda, contra el acuerdo del Concejo Municipal que ordenó su suspensión por 15 días.
Así lo dispuso la sentencia 2025-011258, dictada el pasado 11 de diciembre del 2025, por ese tribunal.
El pasado 21 de octubre, el Concejo Municipal de San José acordó suspender a Miranda debido a una supuesta gestión indebida en torno a una licitación para comprar vehículos eléctricos.
Los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa concluyeron que carecen de competencia para conocer el recurso y, en consecuencia, rechazaron de plano la gestión.
Si bien el Tribunal Contencioso reconoce su condición de jerarcas impropios del Concejo Municipal, esta atribución se limita a determinadas materias y no se extiende a casos vinculados con contratación administrativa, según explicaron en el fallo.
En este sentido, los jueces determinaron que, “siendo que en ningún supuesto (de la ley) se hace alusión a esta jurisdicción (contenciosa) como jerarca impropio en materia de contratación administrativa para conocer del recurso planteado, por mandato expreso de ley, no resulta del conocimiento de este tribunal dicha apelación”.
Los jueces que dictaron el fallo son Karla Solís Valverde, Luis Arturo Polinaris Vives y Rodrigo Huertas Durán.
El Tribunal Contencioso conoce las apelaciones contra actos dictados por autoridades municipales en su condición de “jerarca impropio”, es decir, revisa esos actos en sede administrativa. No obstante, esa competencia no es absoluta y está sujeta a límites, según determinaron los jueces.
El Contencioso también rechazó una medida cautelar solicitada por Miranda. El alcalde municipal podrá recurrir la decisión en sede judicial.
La Nación pidió a Miranda una reacción al respecto, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta
¿Por qué lo habían suspendido?
Según había publicado La Nación el pasado 23 de setiembre, la Municipalidad de San José abrió un procedimiento administrativo contra el alcalde con motivo de un informe de la Auditoría Interna.
Según ese informe, el 21 de febrero pasado, Diego Miranda, mediante el oficio N.° MSJ-ALCALDIA-618-2025, habría solicitado declarar desierta una licitación mayor para comprar 16 vehículos eléctricos, a pesar de que ya había sido adjudicada a la empresa Cori Motors de Centroamérica S. A., desde enero del 2024.
De acuerdo con el informe preliminar, el jerarca hizo la gestión sin ningún criterio técnico, financiero o legal, alegando que era “prioritario fortalecer la maquinaria operativa para mejorar la atención a las necesidades del cantón”.
Además, la Auditoría recalcó que Miranda se opuso a la adjudicación del contrato de estos autos eléctricos cuando era regidor, a principios del 2024.
El informe agrega que el actual alcalde participó activamente en las sesiones del Concejo y votó en contra de la adjudicación en varias ocasiones, aunque, en apariencia, reconoció en actas que la licitación debía ejecutarse.
Para la Auditoría, el que ahora Miranda esté pidiendo declarar desierta la contratación transgrede el acuerdo 1, artículo IV, de la sesión ordinaria 193 del Concejo Municipal josefino, celebrada el 16 de enero del 2024, día en que se aprobó el presupuesto para la compra de los vehículos y la adjudicación.
Según el informe preliminar, esta conducta podría configurar un presunto incumplimiento del deber de probidad y la violaciones de varias disposiciones legales, contenidas en la Ley General de Contratación Pública, el Código Municipal, la Ley General de Control Interno y la Ley General de la Administración Pública. También, menciona una supuesta violación a la Constitución Política.
“Esta Auditoría Interna recomienda al Concejo Municipal de San José valorar la pertinencia de la apertura de un procedimiento ordinario, en apego al debido proceso, con el propósito de verificar la verdad real de los hechos expuestos en la presente relación de hechos, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, correspondan o podrían desprenderse en contra del presunto responsable, licenciado Luis Diego Miranda Méndez“, se consignó en el oficio N.° 22-RH-A-2025.
