La abogada Natalia Gamboa presentó este lunes una solicitud de recusación contra el tribunal que juzga a su hermano, el exmagistrado Celso Gamboa, la exfiscal subrogante Berenice Smith y el exalcalde de San José Johnny Araya por presunto tráfico de influencias. La defensora alega que los jueces ya conocían la sentencia de apelación que ordenó este nuevo debate, lo cual compromete su imparcialidad.
Alfonso Ruíz, codefensor de Berenice Smith, se sumó a la solicitud al argumentar “que el tribunal, por iniciativa propia, aseguró hizo lectura de la sentencia del tribunal de apelación”.
Similar tesis expresó Federico Campos, codefensor de Berenice Smith, quien dijo que el tribunal está contaminado: “¿Por qué el tribunal está pendiente del juicio anterior si estamos en un juicio nuevo?, se impusieron del contenido de la sentencia anterior lo que contamina la psiquis del tribunal actual”, argumentó Campos.
El fiscal Carlos Rodríguez solicitó rechazar la solicitud, al considerar que en nada afecta la imparcialidad de los jueces que conocieran la sentencia de apelación del primer juicio que se celebró por este caso, sino que se trata de una diligencia de mero trámite para prepararse para este caso.
“Esto no es algo novedoso, existen votos de la Sala de Casación Penal del 2005, 2017 y otros en donde se especifica que en casos como estos no afecta saber cuáles son los alcances de estas sentencias, por eso es que son de mero trámite porque no dicen cómo se deben resolver”, argumentó el fiscal Rodríguez.
Los jueces a cargo de resolver la solicitud de recusación son Vinicio Fernández, Ericka Calvo e Iván Sánchez.
Antes de conocer esa solicitud el abogado Francisco Dall’Anesse, también codefensor de Berenice Smith y los abogados del resto de acusados, solicitaron nombrar un defensor para la fiscal Natalia Rojas, quien acude al debate como testigo, pues consideraban que podría brindar un testimonio que la comprometa.
Dicha solicitud fue rechazada por los jueces que tramitan este caso.
En este caso se juzga un presunto tráfico de influencias por parte de Gamboa y Smith quienes habrían ordenado la eliminación del nombre de Araya de un expediente en el que figuraba como denunciado.
Natalia Rojas, quien llegó acompañada de un psicólogo de la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, es consideraba testigo clave, ya que fue la funcionaria quien presuntamente habría recibido la orden de borrar el nombre de Araya del expediente.
Según la tesis de la fiscalía, dicha acción tuvo como fin que el exalcalde de San José presentara su nombre libre de cuestionamientos para las elecciones municipales del 2016.
Este caso fue revelado por La Nación como parte de un reportaje previo a los comicios de ese año.