El segundo periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa inicia con un marcado divorcio entre el Gobierno de Laura Fernández y la oposición: ninguna de las iniciativas de las cuatro fracciones que integran el bloque democrático fue incluida en la convocatoria de 111 proyectos de ley.
La exclusión se produce después de que el enfrentamiento entre el oficialismo y las bancadas opositoras se intensificara por el archivo del proyecto de armonización eléctrica, que no alcanzó los 38 votos necesarios para su aprobación en segundo debate.
Tras ese revés legislativo, la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) habría recibido una instrucción para votar en contra de todas las propuestas de las cuatro agrupaciones del bloque democrático, desde mociones de orden y de fondo hasta proyectos de ley.
Ese “castigo” se habría extendido a la convocatoria de proyectos para el periodo de sesiones extraordinarias, momento en el que el Poder Ejecutivo define la agenda del Congreso.
Pulso por armonización eléctrica pasa factura a la oposición
Las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) se opusieron al proyecto de armonización eléctrica. La única diputada de oposición que la respaldó fue Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Sin embargo, el Gobierno tampoco incluyó proyectos de la rojiazul en la convocatoria.
Para Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, la exclusión refleja la falta de disposición del Gobierno para negociar con las bancadas opositoras, una actitud que, a su criterio, termina afectando la capacidad de la Asamblea Legislativa para avanzar en proyectos de interés nacional.
“El Gobierno se niega a dialogar y negociar con la oposición, y eso le está pasando una factura a Costa Rica”, afirmó.
Ramírez sostuvo que el Congreso pudo haber aprobado más leyes si existiera una mayor disposición del Ejecutivo para construir acuerdos. Señaló que esa falta de entendimiento también frena iniciativas relacionadas con el combate al crimen organizado, la generación de empleo y el fortalecimiento de la economía.
El liberacionista también cuestionó al ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, a quien describió como “una persona que insulta, pero no construye”.
Por su parte, Claudia Dobles, representante de la CAC, coincidió con esa visión, al considerar que la convocatoria es un reflejo “de la falta de vocación de diálogo y trabajo en equipo que tiene esta administración”.
La diputada señaló que quedaron fuera de la convocatoria proyectos del bloque democrático que ya habían concluido su trámite legislativo y estaban próximos a votarse en segundo debate, así como iniciativas que avanzaron en comisiones y estaban listas para llegar al plenario.
Aseguró que el Ejecutivo incluso dejó por fuera propuestas relacionadas con prioridades que la propia presidenta Laura Fernández ha señalado como relevantes, entre ellas, proyectos en materia de seguridad. A criterio de Dobles, esas iniciativas no fueron convocadas “por el simple hecho de que no son proyectos del Partido Pueblo Soberano”.
Exdiputados y antiguos aliados de Chaves sí tienen espacio en la agenda
La composición de la convocatoria también llama la atención por la cantidad de iniciativas que provienen de legisladores del periodo anterior.
De los 111 proyectos incluidos, 24 son de autoría de exdiputados. Dentro de ese grupo, 13 corresponden a legisladores oficialistas de la administración pasada, mientras que otras nueve iniciativas pertenecen a excongresistas que no integraron la bancada del entonces partido de gobierno, Progreso Social Democrático (PPSD).
Entre los antiguos diputados cuyas propuestas fueron convocadas figuran algunos que terminaron acercándose al proyecto político de Rodrigo Chaves.
Uno de ellos es Carlos Andrés Robles, quien renunció al PUSC al final del periodo legislativo anterior y actualmente se desempeña como ministro de Costas, Mares y Pesca. También aparecen proyectos de Gilberth Jiménez, quien se separó del PLN para acercarse al oficialismo.
Otro caso es el de Luis Diego Vargas, quien se independizó del Partido Liberal Progresista PLP y se manifestó en contra de levantar la inmunidad al entonces presidente Rodrigo Chaves para que enfrentara un proceso judicial por el presunto delito de concusión.
La convocatoria incluye, además, iniciativas de Daniela Rojas, diputada del PUSC que trabajó de cerca con el gobierno de Chaves en el proyecto de jornadas laborales de 12 horas. Un caso distinto es el de Carlos Felipe García, también socialcristiano, quien registra un proyecto convocado, pese a no haber mantenido una cercanía con Zapote.
Solo 11 de los 31 diputados oficialistas tienen proyectos convocados
La agenda también evidencia que la convocatoria de iniciativas de los actuales diputados oficialistas es limitada en relación con el tamaño de la bancada.
Aunque el PPSO cuenta con 31 integrantes en la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo convocó únicamente 24 proyectos de autoría de sus diputados, correspondientes a 11 legisladores.
Esto significa que 20 de los 31 integrantes de la fracción oficialista no tienen iniciativas propias incluidas entre las que el Gobierno considera prioritarias para el periodo extraordinario.
Osvaldo Artavia, con cinco, y Kattia Mora, con cuatro, son los legisladores de PPSO que más convocatorias de proyectos suman.
El resto lo integran Royner Mora y Mayuli Ortega, ambos con tres; Grethel Ávila y Nogui Acosta con dos; y con uno cada uno, Antonio Barzuna, Kattia Calvo, Fernando Obaldía, Isabel Camareno y Kristel Ward
La cantidad de proyectos convocados de diputados oficialistas actuales es similar a la de las propuestas provenientes de exlegisladores del periodo anterior, pese a que el PPSO es la principal fuerza política del Congreso.
Laura Fernández y Rodrigo Chaves concentran el peso de la convocatoria
Sin embargo, el mayor peso de la agenda recae en las iniciativas impulsadas directamente por el Poder Ejecutivo.
En total, el Gobierno convocó 65 proyectos promovidos por las dos administraciones: 28 corresponden al gobierno de Rodrigo Chaves y 37 al de Laura Fernández.
Desde el oficialismo, Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO, calificó el recién concluido periodo de sesiones ordinarias como uno de “claros y oscuros”.
Entre los avances, mencionó el progreso del proyecto de jornadas laborales de 12 horas, la iniciativa para incrementar el canon anual que pagan los concesionarios de frecuencias de radio y televisión, el proyecto de seguridad portuaria y el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía.
Sin embargo, señaló como aspectos negativos que la oposición enviara a consulta de la Sala Constitucional los proyectos de jornadas de 12 horas y de frecuencias de radio y televisión. También reprochó, especialmente, que las bancadas opositoras votaran contra el plan de armonización eléctrica.
Acosta concentró buena parte de sus críticas en la falta de respaldo de la oposición a unas pocas propuestas del Gobierno, pese a que, según el balance de la Asamblea Legislativa, durante el periodo ordinario se aprobaron 25 leyes.