En respuesta al requerimiento, Canadá envió una nota formal al gobierno costarricense, el 21 de mayo pasado, informando sobre la imposiblidad de aceptar la solicitud, “con base en las leyes y procedimientos migratorios” de ese país.
Un total de 55 migrantes todavía permanecen en Costa Rica, de los 200 que arribaron en febrero, luego de ser expulsados por Estados Unidos. De este grupo, 30 solicitaron la condición de refugio y los restantes 25 permanecen en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), en Paso Canoas.
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Estos últimos son precisamente los migrantes que el gobierno costarricense buscaba reasentar en Canadá, ya que han manifestado su negativa tanto a establecerse en Costa Rica como a regresar a sus países de origen.
No obstante, Canadá afirmó ser “un socio activo” de Costa Rica en materia de migración y refugio y que invierten 4,2 millones de dólares canadienses (¢1.544 millones), para el "fortalecimiento del sistema de asilo del país”.
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La embajada mencionó que trabajan con la Organización Internacional para las Migraciones(OIM), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para “responder (a) las prioridades de Costa Rica”.
El acuerdo inicial entre los gobiernos de Rodrigo Chaves y Donald Trump contemplaba que Costa Rica actuara como un puente migratorio, asumiendo la responsabilidad de gestionar la repatriación voluntaria de los extranjeros a sus respectivas naciones.
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No obstante, ante la imposibilidad de concretar el retorno de la totalidad de los migrantes, el gobierno de Rodrigo Chaves emitió el 7 de julio una resolución que autoriza a los 25 migrantes deportados a trabajar legalmente en Costa Rica, ya sea de forma independiente o como trabajadores asalariados.
La mayoría de los que permanecen en el Catem son ciudadanos de Rusia, con un total de ocho personas. Les siguen los nacionales de Irán y Turquía, con cuatro migrantes cada uno. En tercer lugar, con tres personas respectivamente, se encuentran Afganistán, Armenia y Azerbaiyán.
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De las 25 personas, 11 son menores de edad (seis niñas y cinco niños) y 14 son adultos (ocho mujeres y seis hombres).
