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Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa propone prohibir los despidos, la no renovación de contratos y otras formas de discriminación laboral vinculadas con la menopausia, la andropausia y los cambios hormonales de la mediana edad, al tiempo que obligaría a los patronos a incorporar este tema dentro de sus políticas de salud ocupacional.
La iniciativa, que se tramita bajo el expediente 25.347, fue presentada por la diputada independiente Cynthia Córdoba Serrano y plantea un abordaje explícito de estos procesos biológicos desde el ámbito laboral.
Segú el texto, el proyecto busca reconocer que estos cambios de la mediana edad pueden afectar el bienestar, la concentración y el desempeño de las personas trabajadoras, especialmente en una etapa en la que muchas se encuentran en la cúspide de su vida profesional.
La propuesta de ley fue presentada el pasado 17 de diciembre, por lo que se encuentra en su fase inicial, a la espera de que el Directorio Legislativo defina la comisión que se encargará de su estudio.
Prohibición de despidos y trato discriminatorio
El texto del proyecto, en su artículo 10, establece una prohibición directa de cualquier forma de discriminación laboral, ya sea directa o indirecta, por motivos de menopausia, andropausia, edad o condición hormonal.
Entre las prácticas que quedarían prohibidas se incluyen los despidos, la no renovación de contratos, la negación de ascensos o los cambios injustificados de puesto, así como las burlas, el hostigamiento, el acoso o el trato degradante relacionados con síntomas o cambios asociados a estas etapas de la vida.
La norma aclara que esta prohibición se aplicaría sin perjuicio de los mecanismos ya existentes en la legislación laboral costarricense para denunciar discriminación o acoso en el trabajo.
Cambios en salud ocupacional y obligaciones para patronos
El proyecto, además, establecería un marco jurídico para la atención integral de la menopausia, la andropausia y otros cambios hormonales, definiendo obligaciones para las instituciones de salud y trabajo, e impulsando el tema en las políticas publicas y de salud ocupacional.
El ámbito de aplicación abarcaría instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Consejo de Salud Ocupacional (CSO), así como los empleadores públicos y privados, entre otros.
Esto implicaría el desarrollo de lineamientos técnicos para orientar a empleadores y comités de salud ocupacional sobre medidas razonables de apoyo en los centros de trabajo.
Entre los lineamientos impulsarían el fomento de condiciones ambientales adecuadas, acceso a agua, ajustes moderados en pausas laborales u otras acciones que contribuyan al bienestar de las personas trabajadoras, sin afectar la productividad ni la confidencialidad de la información en salud.
La iniciativa no crea incapacidades automáticas ni licencias laborales específicas, ni obliga a las personas trabajadoras a revelar diagnósticos médicos. Más bien, plantea un marco preventivo y de no discriminación, basado en ajustes razonables y en el respeto a la confidencialidad.
