El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, afirmó que la resolución dictada por ese tribunal en el 2019 sobre los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo fue muy clara. Para él, “no es normal” que no se haya cumplido cinco años y tres meses después de su emisión.
Recalcó que el fallo fue contundente. En primer lugar, se le ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) delimitar las 188 hectáreas (ha) de bosque que se sacaron de ese refugio ubicado en el Caribe sur. Una vez realizada esa labor, le ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) recuperar las tierras que sean del Estado.
También se dispuso que, en el caso hipotético de que haya terrenos privados en la nueva delimitación, el Sinac y demás entidades competentes “deben imponer todas las limitaciones que establece la legislación ambiental para la protección de esas áreas boscosas”.
“Hay 188 hectáreas que se le estaban quitando al parque, porque este es un refugio mixto, donde hay propiedad pública y privada, pero el bosque no tiene conciencia de dónde está, si es público o privado. Desde la óptica de la protección del ambiente, para el tribunal constitucional lo importante es que, independientemente de si está en terreno público o privado, ese bosque tiene que preservarse”, afirmó Castillo en entrevista con La Nación.
“(...) Por eso es tan importante proceder a la delimitación. Mientras no se delimite, vamos a estar dando palos de ciego, porque la delimitación es lo que nos va a permitir a saber, a ciencia cierta, de quién son esos terrenos y además, si hay una vinculación con otros elementos del entorno ecológico y, lógicamente, hay herramientas jurídicas para esa protección”, agregó.
Castillo se refiere a la resolución N.° 12745-2019, del 10 de julio del 2019, que declaró parcialmente inconstitucionalidad la Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur (N.° 9223), la cual redefinió los límites de Gandoca-Manzanillo para retirar la condición de dominio público de 188 ha, a fin de reconocer derechos a terceros que habitaban la zona.
Ese alto tribunal concluyó que esas 188 ha estaban cubiertas por bosque y nunca debieron salir de los límites del refugio y de la protección del Estado, el cual tiene la obligación de su conservación. Incluso, el pasado 10 setiembre, declaró un incumplimiento de sentencia y reiteró las órdenes previamente mencionadas.
Así lo hizo luego de que, el 24 de junio anterior, Maylin Mora Arias, directora del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sinac, había negado que la Sala IV les hubiera ordenado delimitar el área del refugio con el fin de incluir en un nuevo trazado las 188 ha boscosas de esa zona protegida.
“La sentencia es muy clara, y en la segunda sentencia (la de incumplimiento) también. Reiteramos, y por tanto es muy claro: ‘delimite, informe a la Sala y si hay propiedad del Estado, recupere. Y, además de eso, recordamos que si ustedes no nos obedecen, hay unos delitos penales”, detalló Castillo.
El artículo 314 del Código Penal sanciona el delito de desobediencia a la autoridad e impone penas de prisión que van de seis meses a tres años.
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188 ha es un mínimo, pueden ser más hectáreas
El magistrado presidente también fue enfático al asegurar que la cifra de 188 ha por delimitar fue suministrada en informes técnicos de la Procuraduría, que datan del 2019 y que, si en la actualidad hay nuevos que digan que son más hectáreas, entonces la recuperación de tierras en favor del Refugio Gandoca-Manzanillo debe ser mayor.
“Si son más hectáreas, eso no impide al Estado cumplir su deber de recuperar lo que es suyo, porque no son bienes de difunto. Son bienes que deben ser recuperados, en tanto y cuanto, se demuestre que son bienes del Estado.
“La Sala no entra a arbitrar si esto es privado o del Estado. Lo que está diciendo es que si esto es del Estado, se recupera, y si es propiedad privada y está dentro del refugio, imponga todas las limitaciones ambientales, de tal manera que se preserve el bosque. No es que se va a hacer fiesta ahí”, precisó.
En mayo del 2023, el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, engavetó una propuesta de decreto para delimitar Gandoca-Manzanillo y ahí se consignó, con base en estudios del Sinac, que había que recuperar 231,8 ha de bosques, es decir, 43 ha más que las que se consignaron en el fallo de la Sala IV.
Entretanto, el 7 de agosto pasado, Osvaldo Artavia Carballo, presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), precisó en un oficio enviado al tribunal constitucional, que se debían delimitar 205,97 ha, una cifra superior a la mencionada por Castillo, pero inferior a la recomendada por el Sinac.
En un principio, en marzo del 2022, la PGR le encomendó al Inder la labor de recuperar esas tierras. En julio pasado, tras una consulta de La Nación, Artavia alegó que no se había avanzado en los procesos judiciales por falta de recursos institucionales.
Sin embargo, cuando la Procuraduría lo acusó de incumplir el fallo de la Sala IV, de julio del 2019, el jerarca del Inder cambió de versión y, entonces argumentó que a ellos no les correspondía esa labor.
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Tala ilegal en tierras por recuperar
Dos de las fincas que deben ser delimitadas y volver los límites del Refugio Gandoca-Manzanillo, son las del empresario Allan Pacheco Dent, como representante legal de la firma Playa Manzanillo S. A., donde el Ministerio Público sospecha que el Sinac otorgó de manera ilegal un permiso de tala.
Actualmente, la Fiscalía Adjunta Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investigan, bajo el expediente judicial N.° 24-00003-1851-PE, a Pacheco Dent y otras cuatro personas por los presuntos delitos de falsedad ideológica, prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de territorio de bosque, apertura de trocha en terrenos con bosque y drenaje de humedal.
Además, la Fiscalía General tiene otro expediente abierto en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro Tattenbach por un supuesto tráfico de influencias, relacionado con dos fiestas a las que acudieron altos jerarcas del gobierno y personal de Casa Presidencial en una propiedad de la familia de ese empresario, quien registró al menos siete visitas a Zapote entre junio del 2022 y octubre del 2023.
Por último, a Fernando Castillo se le consultó si le preocupa que el “derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, consagrado en la Constitución Política, haya sido vulnerado en este caso. Ante ello respondió: “Por supuesto que sí, nos preocupa y no solo en este caso, en cualquier caso. Como ustedes bien saben el tema ambiental ya no es un tema que atañe solo a la sociedad costarricense, sino a la humanidad; es un tema de supervivencia del ser humano”.