Las presidentas de los supremos poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) manifestaron este viernes su voluntad de abrir una nueva etapa de diálogo y coordinación. Sin embargo, durante la conferencia de prensa que brindaron las jerarcas, tras el encuentro, afloraron las diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
La reunión, celebrada en la Corte Suprema de Justicia, congregó a Laura Fernández, presidenta de la República; Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa; Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y Eugenia Zamora, presidenta del TSE. Las cuatro suscribieron una declaración sobre convivencia democrática y acordaron mantener espacios periódicos de trabajo.
Vargas planteó el encuentro como una oportunidad para superar los conflictos. “Yo no estoy aquí para alimentar confrontaciones pasadas”, expresó. Dijo que el propósito es establecer una mesa de diálogo desde las competencias de cada institución y con respeto a su independencia.
“Hemos dado un paso importante y deseo que este encuentro marque el nuevo inicio de una etapa de diálogo y coordinación entre los supremos poderes. Estoy convencida de que así será”, manifestó.
Yara Jiménez coincidió y llamó a actuar con “madurez política, paz y que nos alejemos de instrumentalizar las diferencias”.
Fricciones sin resolver
La discusión sobre el presupuesto judicial evidenció uno de los principales puntos de fricción. Fernández negó que su administración pretendiera obstaculizar el funcionamiento del Poder Judicial con las normas de ejecución presupuestaria que buscaban congelar ¢30.000 millones de esa institución en el Presupuesto Nacional del 2027.
“Nunca ha habido ninguna intención de recortar el presupuesto del Poder Judicial para socavarlo, para dañar su independencia, para restarle capacidades”, indicó.
Vargas respondió que la Corte no busca más recursos, sino evitar que las disposiciones del Ejecutivo se conviertan en una “camisa de fuerza” que impida ejecutar oportunamente los fondos destinados a los servicios judiciales.
La mandataria también cuestionó que el Poder Judicial acudiera a la Sala Constitucional, decisión que interrumpió el debate legislativo sobre el presupuesto del 2027. Aunque dijo respetar las resoluciones institucionales, objetó que la Sala, como parte del Poder Judicial, resuelva una controversia presupuestaria de esa misma institución.
Vargas defendió que la Sala Constitucional tiene independencia para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, pese a formar parte del Poder Judicial. Argumentó que, si se comparan otros sistemas con el modelo institucional costarricense, el nacional es garantía de autonomía.
Horas después, la Sala Constitucional ordenó eliminar las normas que pretendían congelar los ¢30.000 millones al Poder Judicial.
Fernández también fue consultada sobre si el acercamiento implicaría que el gobierno deponga sus ataques contra jueces y magistrados por resoluciones con las que está en desacuerdo. La mandataria rechazó que sus manifestaciones puedan catalogarse como enfrentamientos y defendió su derecho a señalar lo que considera incorrecto.
“Mi deber como presidenta de la República no es ser hipócrita y disimular”, manifestó. Agregó que no considera adecuado autocensurarse ni guardar silencio sobre situaciones que, a su criterio, están mal.
Vargas insistió en que las diferencias deben tramitarse con respeto y cuidado en las formas. Citó palabras del papa León XIV, durante su visita a Argentina, sobre la importancia de escuchar y reconocer a quien piensa distinto como un compatriota con quien se comparte un destino común.
“Creo que en este tema sí son importantes las formas”, expresó.
Fernández reprocha ausencias del Poder Judicial
La mandataria también cuestionó la ausencia de representantes judiciales en espacios de coordinación convocados por el Ejecutivo, como sesiones del Consejo Nacional de Seguridad y reuniones del equipo de Fuerza Élite, destinadas a revisar indicadores de seguridad y mejorar la coordinación institucional.
“Usted no va a encontrar soluciones a las diferencias o caminos de encuentro nacional si no se sienta”, manifestó. Fernández propuso establecer una agenda periódica con objetivos y metas comunes, dentro de las atribuciones de cada institución.
Vargas reiteró la disposición de la Corte a participar, pero aclaró que los espacios de coordinación policial no corresponden a jueces y juezas. Indicó que Michael Soto, director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), está dispuesto a incorporarse a esas reuniones, pues cumple una función distinta a la de los juzgadores.
“Zapatero a tu zapato. Cada quien en lo que le toca”, expresó. La cooperación, insistió, debe darse sin invadir las competencias institucionales.
Seguridad y justicia, entre los temas de coordinación

Pese a las diferencias, las jerarcas identificaron asuntos para desarrollar acciones conjuntas, principalmente en seguridad y justicia.
Uno de los primeros acuerdos consiste en reunir la próxima semana a equipos especializados del Ejecutivo y el Poder Judicial para revisar el acceso policial a las bases de datos de órdenes de captura.
Fernández explicó que actualmente los cuerpos policiales deben detener a la persona e ingresar el número de cédula para comprobar si tiene una orden pendiente. El gobierno busca ampliar las posibilidades de consulta para orientar los operativos, sin vulnerar la protección de datos sensibles.
También acordaron revisar la coordinación cuando el Instituto Nacional de Criminología recomienda no liberar a una persona privada de libertad considerada peligrosa y un juez valora su eventual salida. Fernández dijo que Vargas revisará situaciones concretas que preocupan a Casa Presidencial. La presidenta judicial aclaró que no pueden intervenir en expedientes particulares, pero sí analizar las inquietudes del Ejecutivo y posibles mejoras generales.
Otro compromiso es revisar los tiempos de espera de la Policía de Control de Drogas (PCD) para obtener autorización de allanamientos.
Las jerarcas también coincidieron en aprovechar las audiencias virtuales para evitar el traslado de personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad.
En agosto, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, terminó el convenio con el Poder Judicial para realizar audiencias virtuales en centros penitenciarios. La decisión siguió a la disputa por la audiencia de medidas cautelares de Alejandro Arias Monge, alias Diablo: el Gobierno pidió que fuera virtual, mientras el Poder Judicial defendió su traslado desde La Reforma hasta los tribunales de San José.
La modernización del financiamiento de los partidos políticos también quedó entre los asuntos por trabajar. Yara Jiménez aseguró que identificaron proyectos de ley que se comprometió a impulsar desde la presidencia legislativa.
Seis compromisos

La declaración sobre convivencia democrática suscrita por las cuatro presidentas establece seis compromisos, que cada institución deberá desarrollar dentro de sus competencias y con respeto a la independencia de las demás.
Los acuerdos incluyen prevenir, atender y sancionar la violencia política, especialmente contra las mujeres, y otras formas de violencia, incluido el femicidio. También buscan mejorar la respuesta estatal frente al delito, desde la prevención y la investigación hasta la persecución penal, el cumplimiento de las penas y la atención a las víctimas.
Las jerarcas se comprometieron a definir objetivos de coordinación institucional, informar sobre sus avances y reforzar la protección de quienes reciben amenazas por informar, denunciar delitos o ejercer funciones públicas.
Además, acordaron establecer un espacio periódico de diálogo y trabajo conjunto, de carácter consultivo y de cooperación. Sus conclusiones serán valoradas por cada institución según sus competencias y comunicadas a la ciudadanía como parte de la rendición de cuentas.
El sexto compromiso se refiere a las elecciones municipales del 2028: las instituciones deberán colaborar en el proceso y garantizar la imparcialidad de las autoridades públicas para preservar la pureza del sufragio.
Fernández aseguró que el Ejecutivo será riguroso en el cumplimiento de los acuerdos y afirmó que las instituciones deben anteponer los intereses de Costa Rica a cualquier otra consideración.
La próxima reunión quedó pactada para febrero del 2027, en una fecha por definir. La Asamblea Legislativa será la sede.