La Sala Constitucional ordenó eliminar las normas de ejecución presupuestaria que preteden congelar ¢30.000 millones al Poder Judicial en el Presupuesto Nacional 2027, tal como se tramitó en la Asamblea Legislativa.
Adicionalmente, el tribunal determinó que los recortes aprobados en la partida de fondos postergados del Fondo Estatal de la Educación Superior (FEES), que financia la operación de las universidades públicas, son también inconstitucionales.
Así lo anunció la oficina de prensa de ese tribunal, en resolución difundida este viernes, a las 4:15 p. m.
La Sala Constitucional determinó la existencia de vicios sustanciales de procedimiento legislativo en la tramitación del expediente legislativo 25.754, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2027, al resolver dos consultas de constitucionalidad, una presentada por la Corte Suprema de Justicia y otra firmada por diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA).
Las normas de ejecución impuestas al Poder Judicial
La gestión presentada por la Corte cuestionó las cuatro normas de ejecución presupuestaria que le exigían cumplir una serie de requisitos para acceder a partidas presupuestarias por ¢29.843 millones y la utilización de 2.463 plazas.
La condición impuesta por el gobierno de Laura Fernández para acceder a esos recursos es que el Poder Judicial presente una serie de estudios técnicos, certificaciones y aprobación de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
En su resolución 45630-2026, la Sala Constitucional determinó que la incorporación y tramitación de las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12 del Presupuesto Nacional 2027 omitieron los procedimientos establecidos en los artículos 167 y 177 de la Constitución Política.
Es decir, se incumplió el procedimiento de consulta a la Corte Suprema de Justicia, cuando una norma legal pueden afectar la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
Los magistrados también consideran que se utilizó el procedimiento especial de aprobación de la Ley de Presupuesto, con plazos fatales en el Congreso, para introducir normas atípicas cuyo contenido corresponde a la legislación ordinaria.
“Se deberá proceder a eliminar las normas 9, 10, 11 y 12 contenidas en el artículo 7 del proyecto, cuya introducción se declara inconstitucional, bajo el entendido de que, en virtud de los artículos 178 de la Constitución, 146 inciso 7 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de no hacerse se tendrán por excluidas esas normas objeto de esta consulta”, señaló el tribunal constitucional.
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