EscucharKennly Garza, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), aseguró que la institución necesita de ¢14.000 millones a ¢15.000 millones más para operar en el 2025.
La declaración surgió cuando Francisco Nicolás, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), le preguntó en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia cuál sería un presupuesto adecuado para el buen funcionamiento de la entidad. Garza respondió que, para mantener el nivel actual de operación sin expansión, se necesitarían esos fondos adicionales.
Este año, el PANI contó con un presupuesto de ¢99.551 millones, pero el plan de gastos propuesto para el 2025 es de ¢93.000 millones, lo que significa una reducción de casi ¢7.000 millones. Garza advirtió de que el gasto operativo aumentará debido a modificaciones en el Código Procesal de Familia, que asigna nuevas responsabilidades al Patronato.
También indicó que, a raíz de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso “Elena Téllez Blanco (Tías del PANI)”, la institución debe crear 400 nuevas plazas en 2025 para aliviar las jornadas laborales del personal encargado de los menores institucionalizados, lo que implicará un gasto de ¢4.500 millones.
El presupuesto que se alcanzó este año fue gracias a un aporte extraordinario de ¢8.000 millones, pues la entidad comenzó 2024 con ¢90.993 millones y enfrentaba un déficit de casi ¢9.000 millones, que lograron cubrir con aportes del Ejecutivo y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
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Obligación estatal
La Ley Orgánica del PANI establece en su artículo 34 que el Estado debe transferir un 5% de lo recaudado en el impuesto sobre la renta.
Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, señaló que, según esta normativa, la institución debería recibir ¢125.000 millones en 2025, pero solo se le asignaron ¢53.000 millones, es decir, ¢72.000 millones menos del monto de 5% del impuesto sobre la renta.
Ante la consulta de Acuña sobre si los recursos actuales son suficientes, Garza respondió que no, y detalló que el PANI suele recibir solo el 2,59% de lo recaudado por ese impuesto.
Durante la audiencia, Nicolás también le consultó a Garza quién ordenó el recorte presupuestario. Garza dijo no tener conocimiento de una orden formal, pero confirmó que ha solicitado los fondos necesarios al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y a la ministra de la Presidencia, Laura Fernández.
Según la jerarca, en una reunión virtual, Acosta sugirió la necesidad de recalcular la base operativa del PANI, “porque ciertamente no responde a la necesidad”, pero no ofreció cifras específicas.
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Incremento de gastos
La presidenta ejecutiva explicó que el Patronato registró un aumento anual del 8% en las denuncias. En 2022 atendieron a 127.000 menores y en 2023 la cifra alcanzó los 137.000. Para 2025 se proyecta un incremento similar, lo que saturaría las 58 oficinas locales.
Asimismo, mencionó que enfrentan imprevistos como la medida cautelar impuesta al PANI en el caso “Manos Abiertas”, que les exige administrar las instalaciones de la Fundación Manos Abiertas durante seis meses, lo que implica un gasto mensual cercano a los ¢300 millones.
Garza agregó que, como parte del déficit, 4.000 menores en acogimiento familiar con subvención experimentaron una reducción en sus aportes a inicios de año, porque algunos pasaron de tener un subsidio de ¢132.000 a ¢109.000 y otros de ¢158.000 a ¢123.000 al mes.
También indicó que el programa de Becas para Adolescentes Madres disminuyó de 1.600 becas en 2023 a 500 en 2024. No obstante, en julio recibieron un aporte extraordinario que les permitió restaurar las subvenciones y otorgar más de 1.200 becas.
En junio pasado, Garza alertó sobre el hecho de que la limitación de recursos implica un gran desafío frente al crecimiento en el número de casos de maltrato y abandono infantil.
“A Dios rogando y con el mazo dando. Con lo que tenemos, nos estamos volviendo chiquiticos y seguiremos apagando incendios, pero no estamos atacando el problema. Solo estamos tratando de apagar algo que maduró hasta convertirse en una situación extrema, violatoria de derechos, y eso no lo podemos sostener. Es un error estratégico y, además, un error muy costoso sobre la vida de las personas menores de edad”, señaló la jerarca.
