En marzo de este año las autoridades judiciales allanaron dos sedes de la Fundación Manos Abiertas, por presunta explotación laboral, tortura de pacientes, ejercicio ilegal de la profesión, malversación de fondos públicos, peculado y enriquecimiento ilícito.
El local allanado en Desamparados de Alajuela es un centro de la fundación que, bajo el nombre de albergue Madre del Perpetuo Socorro, acogía a 79 menores de edad, algunos de ellos con enfermedades terminales y discapacidades. Mientras que en el local de La Unión, se encontraban 65 adultos mayores. Tras los allanamientos, los pacientes fueron reubicados.
Desde entonces, dos mujeres de apellidos Rodríguez Ugalde e Hidalgo, permanecen en prisión preventiva. Además, otra mujer, de apellidos Quirós Castro, cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica; a un hombre de apellidos Granados Delgado, se le impuso una fianza de ¢70 millones y prohibición de salir del país; y otra mujer, de apellido Villalobos, está en libertad, pero sigue sujeta al proceso judicial.
Lo más reciente es que esta semana se discute, en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial la solicitud de la Fiscalía de extender la prisión preventiva por seis meses más mientras avanza la investigación.
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Sobre el caso, esto es lo que se sabe hasta ahora:
Las investigaciones contra la Organización No Gubernamental (ONG) comenzaron en 2023, tras denuncias de exempleados sobre explotación laboral y maltrato a los pacientes.
Manos Abiertas recibía fondos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Junta de Protección Social (JPS), y otras entidades. En los últimos cinco años, la Fundación recibió ¢6.584 millones, parte de los cuales habrían sido utilizados por los imputados para viajes al extranjero y adquisición de bienes, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Además, trascendió que los implicados utilizaban supuestos “votos de obediencia” para justificar castigos, como sumergir las manos de los pacientes en agua fría.
Aunque la fundación estaba en proceso de ser reconocida como una asociación de fieles por la Iglesia Católica, no era una congregación oficial, y la diócesis desconocía los presuntos abusos.
Afectaciones posteriores
En marzo, luego de los allanamientos, excolaboradores de la ONG Manos Abiertas denunciaron que los pacientes del albergue en Alajuela, que quedó bajo la administración del PANI después de los allanamientos, no recibían la atención adecuada.
Según exenfermeras y voluntarios, los horarios de tratamientos y alimentación no se cumplían desde que una empresa privada asumió el control. Relataron que algunos niños no comieron ni recibieron sus medicamentos a tiempo. También indicaron que los nuevos cuidadores carecían de formación para atender a menores con discapacidades.
El PANI admitió dificultades logísticas, pero negó las malas condiciones descritas.
En junio, se informó que un total de 22 pacientes de la Fundación Manos Abiertas fallecieron tras ser reubicados en otros centros. Bilbia González, presidenta del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), explicó que la mayoría de las muertes ocurrieron en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), principalmente por shocks sépticos y paros cardíacos.
Aunque González admitió que lo mejor era mantener a los pacientes en las sedes de la fundación, aseguró que la falta de recursos obligó a trasladarlos.
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