Diecinueve años después de que comenzara su lucha, Elena Téllez Blanco consiguió que el Estado de Costa Rica le ofreciera una disculpa. Ella laboró durante años como una de las llamadas tías del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), labor en la que fue sometida a explotación laboral y discriminación de género.
Sus reclamos llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual llamó la atención al país por los hechos.
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Este martes, el vicecanciller Christian Guillermet ofreció la disculpa a nombre del Estado a la ahora extrabajadora pensionada, de 78 años.
“Es por eso que en este acto y en representación del Estado costarricense con profundo respeto y humildad, se reconoce la responsabilidad por los hechos aquí expuestos y anunciados con detalle en el informe de fondo y le ofrezco una disculpa pública a usted y a su familia por las afectaciones ocasionadas por la violación al derecho de la igualdad y al principio de no discriminación”, expresó el funcionario.
Doña Elena manifestó su agradecimiento por este gesto, pero sobre todo por los esfuerzos para que no vuelva a ocurrir perjuicio de otros trabajadores, dijo mientras procedía a leer la leyenda de la placa que recibió: “Muy agradecida por todo lo que se ha hecho para que no se repita y esperar que todo se cumpla”, dijo antes de proceder a leer la placa que recibió, la cual tenía la leyenda: “El Estado Costarricense extiende una disculpa pública por los hechos que llevaron a su lucha por la reivindicacion de los derechos humanos. Además conocemos su trabajos y dedicación de tantos años hacia los niños, niñas y adolescentes en el PANI’.
“Estoy agradecida, si acepto la disculpa pública para que no haya más repetición de este caso en los albergues, que todo esté bien para los compañeras y los niños y niñas”, concluyó.
De esta forma, Costa Rica admitió haber violado el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación al emplear estereotipos de género para justificar una jornada laboral, incompatible con estándares internacionales, hechos por los cuales ofreció la disculpa.
También por violar el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, así como el derecho a la protección judicial.
“Es la primera vez que ocurre en el país, en Costa Rica es la primera vez que hace este gesto en un caso sumamente icónico. Es histórico, lo más difícil es lo que viene, es la responsabilidad del Estado para implementar estas recomendaciones de la Comisión”, dijo Guillermet.
Así como el representante del Poder Ejecutivo, la presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro, también se manifestó.
“Ofrecemos una extensiva disculpa a doña Elena por las acciones u omisiones que de realizaron, reiteramos nuestra disposición para generar cambios para que acciones de este tipo no se vuelvan a repetir”, dijo.
Este acto histórico se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con la presencia de Téllez, su familia, sus representantes legales y otras autoridades públicas.
Sobre la denuncia
En su batalla, que comenzó en 2003, Tellez relató que desde 1995 laboraba como “tía sustituta” en los albergues que el PANI que atienden a niños, niñas y adolescentes en condiciones de abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar y discapacidad, entre otras.
Junto a otras “tías”, se quejó, inicialmente ante las autoridades de trabajo por jornadas que se extendían hasta por 24 horas, por once días consecutivos. Además denunció que cuidaban a más de 10 niños, aunque ese número era el límite establecido en el Programa de Albergues.
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Relató que sus labores nunca terminaban, pues al finalizar cada ciclo de 11 días como “tía sustituta” en los albergues, debía retomar su rol de madre de dos menores, utilizando para ello sus tres días de descanso.
A pesar de sus gestiones, las autoridades nacionales no acogieron sus reclamos pues el Estado apeló a la necesidad de proteger a la niñez. De ahí que el caso se elevó a la Comisión, que aceptó el caso para estudio en 2007, pero mientras se realizaba ese proceso, ella se vio obligada a acogerse a la pensión para poder cuidar su salud.
Finalmente, en marzo del 2022, la CIDH emitió un informe en el que advirtió al Estado de la situación y recomendó brindar medidas de reparación a la víctima. Además, pidió informar sobre las acciones que tomaría para asegurar que hechos como los denunciados no se vuelvan a repetir
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