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La Presidencia de la República se negó nuevamente a revelar el costo y el contrato de las pruebas de polígrafo aplicadas por una empresa privada a funcionarios públicos.
En este caso, está en trámite un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. En un escrito del 15 de julio dirigido al recurrente, el director de despacho de la presidenta, Alexánder Astorga, amplió los argumentos que sustentan la negativa del Gobierno.
“Su divulgación podría implicar que organizaciones criminales puedan utilizarla de forma directa o indirecta, para accionar contra o coaccionar a personas físicas y/o jurídicas, públicas y/o privadas, logrando poner en peligro la seguridad nacional y la defensa nacional”, dice el documento.
Esa misma razón la repite Astorga para negar tres elementos:
- Quiénes las aplicaron y el lugar donde han sido realizadas se considera información confidencial.
- Convenio, contrato, acuerdo o cualquier documento oficial suscrito con la persona o personas naturales o jurídicas a las que se les haya escogido para dicha labor.
- Las interrogantes concretas y los resultados de Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz; Arnold Zamora, ministro de Comunicación y Enlace; y Pablo Martínez, director de Inteligencia y Seguridad (DIS).
La presidenta Laura Fernández anunció el pasado 25 de mayo que sometería a los jefes policiales a una prueba de polígrafo para detectar en las autoridades cualquier vínculo de corrupción o infiltración del crimen organizado. El 22 de junio anunció que ordenó remover de sus puestos de confianza a siete directores policiales que no aprobaron la prueba del polígrafo.
Presidencia sostiene que sí existe normativa suficiente para denegar el acceso a información que se considere confidencial, “en resguardo de la seguridad nacional y defensa nacional”.
Para ello, citan la Ley General de Policía y reglamentos; según Zapote, esas normas “señalan el deber de rigurosa confidencialidad y discreción, la custodia de información confidencial, y la estricta reserva a la que están sometidos los funcionarios policiales respecto de los asuntos en materia de seguridad nacional y defensa nacional que conozcan en razón de su cargo”.
El único dato que la Presidencia accedió a revelar fue el nombre de la empresa que aplicó las pruebas: IPSC (International Polygraph Studies Center).
Recurso de amparo
Esta es la segunda vez que Presidencia se niega a entregarle la información al ciudadano Janekeith Durán Barberena.
Durán remitió el pasado 9 de junio una solicitud de información a Zapote relacionada con el tema; sin embargo, le fue contestada de forma evasiva y parcial.
Ante la respuesta parcial, Durán Barberena interpuso un recurso de amparo para solicitar que se ordene a la Presidencia que entregue la información negada. El pasado 3 de julio, los magistrados acogieron a trámite el reclamo y pidieron al ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, que se refiriera al respecto.
En tanto, el Ministerio de Seguridad rehusó revelar los nombres de los siete jefes policiales removidos por no aprobar una prueba del polígrafo a la que fueron sometidos.
