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La Presidencia de la República alegó “confidencialidad” para negarse a responder consultas relacionadas sobre los costos y el contrato de las pruebas de polígrafo aplicadas por una empresa privada a funcionarios públicos. No entregó tampoco los informes con los resultados de las pruebas practicadas a altos jerarcas del Estado.
El ciudadano Janekeith Durán Barberena remitió el pasado 9 de junio una solicitud de información a Zapote relacionada con el tema; sin embargo, le fue contestada de forma evasiva y parcial.
“La información relacionada con las preguntas concretas y sus respuestas son confidenciales y, por ende, es jurídicamente improcedente su divulgación", alegó el 23 de junio el director de Despacho de la presidenta, Alexánder Astorga.
La presidenta Laura Fernández anunció el pasado 25 de mayo que sometería a los jefes policiales a una prueba de polígrafo, para detectar en las autoridades cualquier vínculo de corrupción o infiltración del crimen organizado. El 22 de junio, anunció que ordenó remover de sus puestos de confianza a siete directores policiales que no aprobaron la prueba del polígrafo.
Lo que sí respondió Presidencia es que la empresa que aplicó las pruebas fue IPSC (International Polygraph Studies Center).
Ante la respuesta parcial, Durán Barberena interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para solicitar que se ordene a Presidencia entregar la información negada. El pasado 3 de julio, los magistrados acogieron a trámite el reclamo y pidieron al ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, referirse al respecto.
Respuestas parciales: esto pidió y esto le respondieron
En la misiva del 9 de junio, en primer lugar, Durán pide que se indicara si dichas pruebas fueron realizadas con equipo de polígrafo perteneciente al Estado, si fueron ejecutadas por funcionarios públicos y si se llevaron a cabo dentro de instalaciones de instituciones públicas.
En caso de que alguna de esas condiciones no se hubiese cumplido, solicitó que se le entregaran los documentos que respaldan la contratación o el vínculo con la persona o entidad encargada de realizar las pruebas. Esto incluye convenios, contratos, acuerdos o cualquier otro documento oficial suscrito.
Además, solicitó información sobre los costos asociados a estas pruebas, específicamente el monto total pagado por el Estado, el rubro presupuestario del que provienen los recursos y la documentación que certifique dicha erogación.
Por otra parte, requirió acceso al contenido de los informes de las pruebas de polígrafo aplicadas a los siguientes jerarcas:
- Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)
- Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz
- Arnold Zamora, ministro de Comunicación
- Pablo Martínez, jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)
Solicitó las preguntas realizadas y las respuestas obtenidas.
La respuesta de Presidencia llegó el 23 de junio, firmada por el director de Despacho de la presidenta, Alexander Astorga. En esa comunicación, se revela que las pruebas fueron aplicadas mediante la empresa IPSC (International Polygraph Studies Center), “certificada a nivel internacional, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)“.
Por otra parte, la Presidencia le respondió, citando a Fernández: “Para tranquilidad de todos los costarricenses, los ministros y directores de la DIS y de la UEI aprobaron sin problema”. Sin embargo, no se aportó pruebas de ello.
La Presidencia dejó el resto de las consultas sin responder alegando que la Ley General de Policía tiene, como principios fundamentales, “el deber de rigurosa confidencialidad y discreción, la custodia de información confidencial, y la estricta reserva a la que están sometidos los funcionarios policiales respecto de los asuntos en materia de seguridad nacional y defensa nacional que conozcan en razón de su cargo”.
“De ahí que la información relacionada con las preguntas concretas y sus respuestas son confidenciales y, por ende, es jurídicamente improcedente su divulgación".
La Constitución Política, en su artículo 30, establece que, salvo los secretos de Estado, se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público.
