EscucharLos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) instaron al gobierno a impulsar un proyecto del PLN para impulsar la construcción de obra pública, en vez de insistir en la “ley jaguar” y en debilitar las facultades de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR).
En conferencia de prensa, la fracción de Liberación pidió al Poder Ejecutivo evitar una tercera versión de la “ley jaguar”, pues esta ya murió en la Sala Constitucional. Los magistrados encontraron vicios de inconstitucionalidad tanto en el primero como en el segundo texto, por la eliminación de potestades de la CGR y la violación del principio de licitación.
“Estamos solicitando al Ejecutivo que retire los proyectos presentados (ley jaguar) en vista de que evidentemente no tiene ningún sentido que estén en la corriente legislativa y solicitamos que se pongan a trabajar, que se dejen de shows. Nos parece que pensar en otro jaguar es risible, es un tema que nos parece que ya no tiene ningún sentido, porque la Sala IV ha sido clara con los dos proyectos”, indicó el jefe del PLN, Óscar Izquierdo.
El vocero liberacionista enfatizó que llegó el momento para que la Casa Presidencial deje de estar perdiendo el tiempo, porque hay mucho que hacer en el país. A la vez, Izquierdo negó que el PLN se oponga a construir, por lo que solicita al Ejecutivo y a las demás fracciones políticas el apoyo para un proyecto de ley que daría la posibilidad de hacer más obra pública en el país.
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Se trata del expediente legislativo 21.420, Ley nacional para el desarrollo, fomento y gestión de las alianzas público privadas, presentado por la anterior bancada liberacionista y que está listo para su votación en el plenario desde abril pasado, pero no fue convocado por el Ejecutivo durante el periodo de sesiones extraordinarias (mayo a julio).
El objetivo de dicha norma es regular los esquemas para desarrollar proyectos a través de alianzas público privadas, enfocadas en desarrollo de infraestructura pública, servicios públicos y servicios vinculados, así como proyectos de investigación aplicada o de innovación tecnológica, “bajo los principios de legalidad, libre concurrencia, competencia, objetividad, imparcialidad, transparencia, publicidad, solidaridad, eficiencia, sostenibilidad y de promoción de la participación ciudadana”.
Según Izquierdo, el proyecto daría la posibilidad de hacer todo lo que quería hacer la ley jaguar y mucho más, pero “en serio y de verdad”. Aseguró que el esquema propuesto permitiría hacer Ciudad Gobierno en San José, el tren eléctrico en Heredia, el aeropuerto del sur en Puntarenas, la marina y terminal de cruceros en Limón, el hospital de Cartago y la ampliación del aeropuerto de Liberia, en Guanacaste.
El proyecto instruye a que la Administración Pública defina y actualice un inventario transparente de proyectos de interés público para desarrollar a corto, mediano y largo plazo. La iniciativa establece una declaratoria de interés público de la promoción de inversión privada en el ámbito público.
También, se autorizaría las iniciativas privadas con financiamiento de recursos públicos, siempre a través de la apertura de un concurso para seleccionar el contratista encargado del proyecto.
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La iniciativa legal también define los requisitos mínimos que debe contener el contrato de alianza público privada para el desarrollo de los proyectos, así como su prórroga, modificaciones, constitución de una sociedad anónima, cesión y causales de extinción, entre otros.
Como mecanismos de financiamiento, el proyecto de ley autoriza los fideicomisos, garantías mobiliarias o inmobiliarias y garantías por flujo de fondos, entre otros. Según la iniciativa, la supervisión de los contratos deberá ejercerla la Administración y, si se trata de servicios públicos, debe actuar como supervisor la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Finalmente, el proyecto deja la coordinación en manos del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) y del Consejo Nacional de Concesiones, a los que les tocaría diseñar, planificar y elaborar las políticas públicas en materia de alianzas público privadas.
