El Partido Liberación Nacional (PLN) presentó este jueves una consulta ante la Sala Constitucional sobre cuatro normas del Presupuesto Ordinario 2027 que condicionan el uso de recursos del Poder Judicial. La bancada también advirtió de que el proyecto no puede aprobarse en su redacción actual.
La consulta se concentra en las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12, que establecen requisitos adicionales para utilizar partidas destinadas al funcionamiento de la institución.
Se decidió hacer la gestión después de que seis diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios, rechazaran el 16 de octubre las mociones que pretendían eliminar esas disposiciones.
Según el diputado Salvador Padilla las restricciones representan una interferencia en el funcionamiento del Poder Judicial y podrían afectar la lucha contra el crimen organizado, en medio de la crisis de inseguridad que enfrenta el país.
La fracción liberacionista también cuestionó los recortes al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y a los programas sociales, como parte de sus razones para rechazar el presupuesto.
PLN cuestiona efecto conjunto de las cuatro normas presupuestarias
En la consulta presentada ante la Sala Constitucional, los diputados del PLN argumentan que las cuatro normas funcionan como un sistema de restricciones que limita la capacidad del Poder Judicial para administrar sus recursos.
“-La norma N.° 9 bloquea el gasto operativo y de inversión de casi todos los programas del Poder Judicial.
-La norma N.° 10 elimina la posibilidad de compensar esa restricción mediante traslados administrativos internos de recursos; las normas N.° 11 y 12 extienden el mismo esquema de aprobación política sucesiva a la compensación por labores administrativas de la judicatura y al uso de las 2.463 plazas vacantes actualmente existentes, equivalentes al 17% del total de plazas ordinarias", señala la consulta.
Los legisladores sostienen que estas disposiciones, en conjunto, comprometen la autonomía administrativa del Poder Judicial, pues someten decisiones sobre sus recursos a la aprobación de órganos externos, sin plazos definidos ni criterios técnicos objetivos.
A juicio de los diputados firmantes, estas condiciones exceden los límites permitidos para las normas de ejecución presupuestaria.
Poder Judicial advirtió sobre afectaciones a los servicios de justicia
El Poder Judicial alertó sobre las consecuencias que podrían generar las restricciones presupuestarias en sus operaciones durante el 2027.
Según la institución, ¢29.843,8 millones del presupuesto judicial quedarían sujetos al cumplimiento de requisitos adicionales para su utilización.
Además, señaló que el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda contempla una reducción de ¢10.542 millones en los recursos asignados respecto al 2026.
Entre las posibles consecuencias figuran la paralización de la construcción de la Morgue Judicial de Buenos Aires de Puntarenas, restricciones para nombrar personal y suspensión de audiencias y trámites virtuales.
El Poder Judicial advirtió que las disposiciones podrían afectar el nombramiento de 2.463 plazas ocupadas actualmente por personal interino. También señaló que existen 259 plazas vacantes de jueces, situación que podría aumentar los atrasos en los procesos.
Otra de las preocupaciones está relacionada con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). De acuerdo con la institución, las restricciones sobre ¢8.684 millones afectarían recursos para investigaciones, pericias, equipos e insumos necesarios para combatir el crimen organizado.
¿Qué establecen las cuatro normas cuestionadas?
Las disposiciones fueron incorporadas al proyecto de Presupuesto Ordinario 2027 presentado por el Ministerio de Hacienda.
La norma 9 exige a la Corte presentar ante el Congreso un informe de auditoría sobre el fideicomiso de ¢37.644 millones destinado a infraestructura. La liberación de determinados recursos depende de la aprobación del informe por parte de la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Públicos.
La norma 10 establece la necesidad de aprobar un presupuesto extraordinario para liberar recursos salariales destinados a jueces y a funcionarios de la Defensoría de los Habitantes.
Por su parte, las normas 11 y 12 condicionan la utilización de plazas vacantes en distintos programas judiciales y el pago de compensaciones por administración a jueces. Para ello, exigen estudios certificados por la Contraloría General de la República.
La diputada liberacionista Ángela Aguilar intentó eliminar estas disposiciones mediante cuatro mociones de fondo presentadas al expediente 25.754. Sin embargo, los seis diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) en la Comisión de Asuntos Hacendarios votaron en contra.
Contraloría también alertó sobre posibles problemas constitucionales
La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó el 7 de octubre cinco normas de ejecución presupuestaria por posibles problemas de constitucionalidad, durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Entre las disposiciones señaladas están las restricciones para utilizar plazas vacantes y la imposición de requisitos adicionales para ejecutar recursos previamente aprobados.
Bernal Aragón Barquero, subcontralor general de la República, recordó que la Sala Constitucional emitió resoluciones sobre disposiciones similares y señaló la necesidad de respetar esos precedentes.
Presupuesto 2027 debe aprobarse antes del 30 de noviembre
La consulta se presenta en medio de los plazos constitucionales establecidos para la aprobación del Presupuesto Ordinario 2027, cuyo proyecto fue entregado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa el 1.° de setiembre.
Según el artículo 178 de la Constitución Política, el presupuesto debe quedar definitivamente aprobado antes del 30 de noviembre.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional permite presentar consultas sobre proyectos sujetos a plazos constitucionales incluso antes de su aprobación en primer debate.
Sin embargo, la Sala Constitucional estableció que el proyecto debe contar al menos con un dictamen legislativo para admitir la consulta. Este requisito busca evitar pronunciamientos sobre textos que todavía podrían sufrir modificaciones durante su trámite en el Congreso.